El órgano tributario de la provincia cuenta con un plantel de 176 abogados particulares que están inscritos en el listado de procuradores de la ATER. A ellos se le asigna -mediante un mecanismo que intercala antigüedad y productividad- cada deuda que un contribuyente tiene con la provincia con el objetivo de lograr el cobro de lo adeudado.

Del total de acreedores, muchos logran un acuerdo pre-judicial y logran una moratoria que incluye el pago de honorarios de los abogados. Muchos otros procesos se judicializan. El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un relevamiento sobre 1.900 expedientes judicializados desde el 2015 a esta parte y publicó el listado de 176 profesionales que pueden representar a la ATER en el cobro de sus deudas.

Dentro de los profesionales hay actuales funcionarios, fiscales y apellidos conocidos en los distintos fueros de la provincia. En el caso de incompatibilidades de funciones, los abogados han presentado el pedido de cese de la acreditación como procuradores e incluso hubo casos donde ATER dispuso la caída de la certificación por incompatibilidad. Entre otros aparecen Antonino Bellotti Allende (Vialidad Provincial); los dos hijos del actual diputado provincial Sergio Castrillón (PJ-La Paz) -y hermano del exvocal del STJ, Emilio Castrillón-; Lautaro Dato (director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado); María Cristina Federik (flamante fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas); Santiago Halle (secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná); Héctor Domingo Maya (hijo del ex senador nacional Héctor María Maya y actual funcionario de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande); Lautaro Schiavoni (secretario de la Cámara de Senadores de la provincia e hijo del ex ministro Faustino Schiavoni); Guillermo y Tomás Smaldone (el primero, extitular del Tribunal de Cuentas y exsecretario de Trabajo de la provincia; ambos, hijos de Juan Smaldone, vocal del STJ).A continuación, el listado completo oficial actual de los procuradores de la ATER, donde se ven algunos actuales funcionarios provinciales o municipales, que siguen apareciendo en la nómina.La provincia cuenta con juzgados civiles en casi todos los departamentos. Sobre el total de 1.900 expedientes, la jurisdicción que más causas judiciales por apremios de ATER es Gualeguaychú ya que tiene acumuladas unos 610 expedientes. Lo sigue Paraná con 438 causas judiciales por deudas con ATER.

Listado completo de procuradores de ATER:

En un año normal -previo a la pandemia- el promedio de apremios iniciados por la ATER es de 7.000. Esto pone en evidencia una clara demora en la carga online por parte de los distintos juzgados civiles de la provincia.

Las causas se reparten por un mecanismo sistema que tiene en cuenta la efectividad en el cobro de las deudas por parte de los abogados. Algunos de los que integran la lista aseguran que es un sistema transparente en donde cada procurador puede observar en una página web las causas que tiene y hacer el seguimiento. Sin embargo, hay un margen de discrecionalidad que tiene como objetivo asignar casos más resonantes a abogados efectivos y con trayectoria para asegurar el cobro.

A pesar de este reparto azaroso, hay un lote de abogados que se destacan por haber sido los que más honorarios han recaudado en deudas que se judicializaron en la provincia:

---Bravo, Roxana Vanesa (Paraná) - 23 expedientes: $1.145.114

---López, Juan Ignacio (Gualeguaychú) - 49 expedientes: $1.110.229

---Meier, Gabriel Conrado (Paraná) - 107 expedientes: $1.064.499

---Ballesteros, Fernando (Paraná) - 11 expedientes: $545.535

---Olalde, Manuel (Gualeguaychú) - 48 expedientes: $455.424

---Tulic, Jorge (La Paz - Nogoyá - Villaguay) - 16 expedientes: $372.611

---Bieri, Georgina (Viale) - 8 expedientes: $361.400

Demora en la carga

A raíz de este informe surgió un problema a resolver en las distintas sedes judiciales. El testimonio del director de Asuntos Jurídicos de ATER señaló que hay un promedio anual de 7.000 apremios judiciales, es decir de causas abiertas a partir de deudas sin cobrar por parte del organismo. Sin embargo, en la mesa judicial en donde se cargan las sentencias la cantidad total es de 1.900 en un plazo de al menos 6 años.

La situación varía según el departamento, pero la diferencia es sustancial y pone en evidencia una demora en el cumplimiento que tienen los juzgados de hacer la carga de las sentencias por su carácter público.

Apremios, procuradores y controles

El director de Asuntos Jurídicos de ATER, Javier Pereyra, dialogó con Cuestión de Fondo y explicó: “El sistema de cobro vía judicial de ATER se raliza a través de procuradores externos que son abogados de la matrícula que han tenido un poder del Poder Ejecutivo para el cobro de créditos fiscales. Deberíamos dejar claro que el sistema es abierto, cualquier abogado de la matrícula puede presentarse, hay un decreto que regula el otorgamiento del poder, se puede presentar y solicitar, cumpliendo determinados requisitos, el otorgamiento de poder. Ese trámite tiene la intervención necesaria de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Economía, hasta que finalmente se les otorga. Una vez que se les otorga el poder, ATER lo carga en el sistema de procuradores y quedarían habilitados para recibir apremios. Estos procuradores no pueden percibir honorarios de ATER, lo establece el mismo código fiscal. El único honorario que pueden percibir es del contribuyente vencido a quien le cargaran las costas. Si eventualmente se le cargaran las costas a ATER, el procurador no puede percibir un honorario”.

Consultado acerca del modo de distribución de los apremios entre los procuradores, Pereyra dijo: “Existen diversos criterios, que es lo que lo que se ha tratado de ir ordenando para otorgarle más transparencia a la designación. Tenemos dos criterios que podríamos catalogar como excluyentes, que son: el procurador no debe deber impuestos, debe tener el libre de deuda y tiene que tener domicilio constituido en el lugar donde se ha generado la planilla de apremio. Es decir, las asignaciones se hacen en la Dirección de Asuntos Jurídicos a través del sistema informático, si el procurador tiene deuda o no tiene el domicilio constituido en el lugar donde se generó la planilla, no aparece directamente en el sistema. Después hay criterios orientativos, un criterio de gestión que se conforma con la eficacia en el recupero que ha tenido en los anteriores y de cumplimiento, que es la carga que tiene que hacer el procurador de las instancias que tienen todos los procesos que lleva adelante, a efectos de que ATER realice ese control. Y otro es el criterio de correspondencia entre procurador y contribuyente, se trata de otorgarle al mismo procurador las planillas de apremios del mismo contribuyente, porque se supone que el procurador hace un estudio del contribuyente, a veces se generan tres planillas por distintos impuestos de un mismo contribuyente y se las entregamos al mismo procurador. Esto es orientativo a los efectos de que por ahí apremios más complejos o de mayor monto, uno los termina asignando a quien tiene un mayor porcentaje de gestión. Gestión y cumplimiento se valoran con un porcentaje del cero al 100 que calificaría la labor del procurador. En un año normal, si tomamos por ejemplo 2017 a 2019 inclusive, tres años, estamos hablando de un promedio de 7000 apremios anuales, son los judicializados. Cuando a nosotros nos llega la planilla de apremios estamos prácticamente obligados a asignarla, a cobrarlos, pero estas planillas son directamente para judicializar. Siempre se llega a sentencia, el apremio es un juicio relativamente corto, ejecutivo, y en el 95% de los casos se llega a sentencia, salvo que haya habido algún desestimiento por alguna cuestión”.

Asimismo, indicó que también se pueden hacer acuerdos más allá de la vía judicial: “El contribuyente siempre tiene la posibilidad de pagarle a ATER, a diferencia de lo que sucedía en la anterior gestión, el contribuyente no tiene que tener la autorización del procurador ni haber cancelado las costas del juicio para hacer un acuerdo con ATER. Puede venir aún cuando esté judicializado a las oficinas de ATER y cancelar su deuda o regularizarla mediante un plan”.

Sobre los mecanismos de controles internos, Pereyra detalló: “Con la estructura que tenemos, primero, los procuradores también tienen la obligación de rendir cuentas en Fiscalía de Estado trimestralmente, nosotros diariamente hacemos auditorías aleatorias, más allá de controlar el sistema, porque el procurador tiene que ir cargando las instancias del juicio en el sistema. Vamos al azar a controlarlo y constatar es información que carga con la que realmente figuran en el expediente”. Asimismo, también hay bajas de procuradores que asumen cargos en el Estado: “Los fiscales tendrían incompatibilidad, y tenemos procuradores que han pedido la suspensión en función de haber sido designados en el Poder Judicial. Tenemos funcionarios públicos que han pedido también la suspensión por haber sido designados en cargos políticos. Nosotros obviamente llevamos un control, pero si nos llega un pedido lo bajamos del sistema”, explicó Pereyra.