El jueves Diputados continuarán analizando el proyecto para regular el uso de agrotóxicos

La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados provincial impulsa una agenda de trabajo con el objetivo de escuchar las opiniones de distintos sectores en torno al proyecto de buenas prácticas en el uso de agrotóxicos.

La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados provincial impulsa una agenda de trabajo con el objetivo de escuchar las opiniones de distintos sectores en torno al proyecto de buenas prácticas en el uso de agrotóxicos.

De acuerdo a la planificación en la Cámara de Diputados de la provincia, este jueves está prevista que se reúna la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales que preside el diputado, Juan Manuel Rossi. El objetivo es darle continuidad al Proyecto de Ley Nº 26.117 que es impulsada por el Ejecutivo sobre las “Buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos”.

En el encuentro del jueves está prevista la participación de la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; y del titular de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani.

El jueves 11 de abril –porque la Comisión se reúne cada 15 días- tuvo la participación de más de 10 oradores. “Como habíamos dicho, cada 15 días convocamos a los diferentes actores de la sociedad civil, fundamentalmente relacionados al ambiente, salud y producción, a los funcionarios y a toda la gente que entienda que tiene algo para aportar”, manifestó el presidente de la Comisión, Juan Manuel Rossi.

El legislador indicó que cuando llegue el momento la Comisión emitirá el dictamen con el consenso de los diputados. “Tenemos responsabilidad de gobierno y de legislar. Por eso tenemos que avanzar en estándares mucho más modernos en términos ambientales, tener consideración sobre la salud de la población y darle algún tipo de previsibilidad a los productores”, agregó.

Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, una de las entidades que estuvo presente en el encuentro del 11 de abril, expresó: “Vinimos a exponer lo que se viene discutiendo hace más de 20 años sobre el modelo de producción y la incidencia que tienen los productos que se utilizan sobre la salud de la población”. 

“De acuerdo con lo que ha expresado la Justicia, el Estado debe reglamentar la actividad a través de un rigorismo científico que demuestre que no habrá ningún tipo de consecuencias sobre la salud”, agregó Sasia.

En la anterior reunión -realizada el 26 de marzo-, los legisladores escucharon la opinión de especialistas del ámbito de la salud pertenecientes a diferentes organismos vinculados con la temática.

 

El proyecto

 

El 6 de marzo fue la primera reunión, donde se puso sobre la mesa la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo durante la gestión anterior y que tiene como objetivo la protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de buenas prácticas en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios.

El objetivo es asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.

El diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión, destacó que el expediente tiene estado parlamentario desde 2022 y que, en esta oportunidad, se buscará avanzar con la participación de representantes de distintos sectores.

Desde la Comisión se aseveró que la iniciativa sigue los criterios que resolvió el Poder Judicial y que encomendó legislar a los integrantes de las Cámaras parlamentarias.

El borrador establece que para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y de 200 metros para las aéreas.

Cuando se trate de instituciones educativas rurales la distancia será de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, también medidos desde el perímetro del establecimiento educativo.

A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestres; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros”.

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Imagen de archivo de la Cámara de Diputados de la Nación.

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