“Después de esta causa vamos a imputar a los funcionarios del IAPV que en ese momento le dieron la posibilidad a Pacayut de obtener la casa”, indicó el jefe de los fiscales.

Adelantó que la Justicia tiene que poner el ojo en quienes se esempeñaban en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y autorizaron la lista de beneficiarios para obtener un título de una casa en el paraje Mazaruca, en el departamento Islas, tras el cierre de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).

Para García se falseó un documento público al hacer pasar a la mujer de Pacayut como una ciudadana que no tenía ninguna propiedad haciéndola pasar como careciente. “Más allá de la complicidad o coautoría, vamos a imputar”, adelantó.

El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que en aquel momento “dos funcionarias del instituto habían advertido que en la lista de adjudicatarios aparecía la mujer de Pacayut, que era quien gestionaba la entrega de las viviendas, pero en el directorio hicieron la vista gorda y le dieron cabida a la nómina”.

Los funcionarios a los que se investigará son Aníbal Vergara, quien se desempeñaba como presidente del IAPV; y los vocales Joaquín Venturini y Luis Alberto Goy. Todos de la segunda gestión de Jorge Busti (1995 - 1999).

Vergara recuerda con claridad aquel episodio y está al tanto del tema, no sólo por lo que ha salido publicado, sino también porque ha estado en contacto con el abogado de Pacayut, Rubén Cabrera. “Mirá, la verdad fue así: en la lista de adjudicatarios no estaba él, sino la mujer. Y honestamente tengo que decir que el apellido no lo conocíamos. ¿Qué íbamos a saber que era la esposa del senador? Hasta las asistentes sociales se la comieron”, apuntó.

Sobre la pena que les correspondería en caso de declararlos culpables, García precisó: “La misma que Pacayut. Estarían en la misma condición, pero sucede que es posible que el delito haya prescripto. Habrá que ver si hay una causal para levantar esa prescripción”, explicó.

Abelardo Félix Pacayut acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Voy a instruir a mis apoderados legales de hacer uso del derecho constitucional que me asiste de recurrir a la instancia superior para demostrar mi inocencia”, dijo en un comunicado el ex senador. Y manifestó: “Tengo la íntima convicción de que mis acciones no se enmarcan en las conductas que me endilgan y es por eso que tengo la decisión de agotar todas las instancias judiciales; lo digo desde la fortaleza que me brindan mis familiares y amigos en estos momentos difíciles”.

Por último, consideró que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desprovista de los prejuicios localistas, hará un profundo análisis de la causa, por lo que mantengo mi fe que se hará justicia”, sentenció.

García, por su parte, señaló que el recurso primero debe ser admitido por el Superior Tribunal de Justicia, pero por más allá de que se le dé lugar, Pacayut “debe empezar a cumplir con la condena en la cárcel”.

Vivienda única

La Ley Nº 24.146 de “Transferencia de bienes del Poder Ejecutivo Nacional a favor de las provincias y municipios” es la norma que, según la Justicia entrerriana, ha sido violentada. La legislación, dictada en 1992 en los comienzos del menemismo sostiene en el artículo 3º: “Las transferencias contempladas en el artículo 1º, únicamente podrán ser dispuestas en todos los casos con cargo a ser destinados los inmuebles por sus beneficiarios a programas de rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura deservicios, construcción de viviendas de interés social para familias que las utilicen con carácter de vivienda única y permanente y no posean otros inmuebles, la habilitación de parques o plazas públicas, o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias, o al desarrollo de actividades deportivas, emprendimientos productivos generados o administrados por comunas, municipios, provincias o la Ciudad de Buenos Aires”, consignó El Diario.