Diego Sztulwark
La derechista Victoria Villarruel desea ser la izquierda del orden político en el que Milei hace de centro simbólico. Este deseo no sería posible si no fuera porque el nuevo orden emerge de un intento de ilegalizar y perseguir a todos aquellos que funcionan como oposición social y política al programa de expropiación acelerada en marcha.
En la reciente biografía de la vicepresidenta, La Generala, Emilia Delfino asume la tarea de completar el retrato de este vástago de la familia militar procesista restituyendo con precisión detalles que remiten a una historia que no ha quedado atrás. Hija, sobrina y nieta de militares (de Marina y Ejército) que formaron parte del terrorismo de Estado y educada en un catolicismo conservador (lefebvrista), Villarruel se presenta como el rostro alternativo de la "nueva derecha", partícipe autorizado de la llamada "batalla cultural" y protagonista de un giro estratégico que la llevó a abandonar la explicita defensa de los genocidas, en favor de las demandas de lo que llama "víctimas del terrorismo".
La investigación de Delfino permite localizar los términos de este giro táctico de una fracción heredera del ya derrotado partido militar. Mientras el gobierno de Néstor Kirchner conseguía reabrir juicios a militares de la última dictadura, la actual vice era convocada como fachada de la nueva estrategia. Una vez admitida ante la enorme legitimidad de la lucha de los organismos de derechos humanos –esto es: imposibilidad de conseguir la libertad de los viejos cuadros del terrorismo de Estado– se imponía para ellos una nueva guía de acción: imitar la acción de los organismos, apuntar a las “víctimas”, copiar procedimientos del mundo de los derechos humanos. Con esa idea nacía entonces el Centro de Estudios Legales del terrorismo y sus víctimas (nombre que espeja al CELS), sostenido y financiado entre otros por José Antonio Martínez de Hoz (H) y por Vicente Massot.
Desde ya el giro en la estrategia dejó heridos entre quienes –como Cecilia Pando– siguieron apostando a la idea de que los militares héroes que decían defender a la patria robando bebés, secuestrando delegados de fábricas y aplicando la picana a jóvenes militantes merecían ser juzgados como delincuentes comunes que cometieron abusos en la legítima tarea de la represión ilegal, y no como ejecutores de un plan sistemático y de una forma de Estado basada en la clandestinidad, que perpetró delitos de lesa humanidad (imprescriptibles). En palabras de la abogada Villarruel, se trataba de centrarse ahora en las víctimas de la guerrilla de los setenta y de exigir para ellas "los mismos derechos" de los "desaparecidos". Su razonamiento se completaba así: dado que se trata de apuntar contra el único demonio que los restos marginales del Partido Militar reconoce, "el terrorismo", y puesto que no se llega al poder "defendiendo militares" desprestigiados, sino hablando de "víctimas" de la lucha armada. El corolario de este pensamiento es el siguiente: en lugar de rechazar la legitimidad de la figura del delito de lesa humanidad (exigencia inviable), extenderla a las organizaciones militantes de los setentas. Y hacerlo desde el gobierno.
Otro capítulo importante del libro de Defino es el que retrata al mentor de Victoria Villarruel, Alberto González, alias Gato, perteneciente a un Grupo de Tareas de la ESMA. Actualmente detenido junto a Astiz. Villarruel los visitaba a menudo. Entre las razones por las que González está detenido (prisión perpetua) se encuentran los crímenes sexuales. En el libro La llamada, de Leila Guerriero, se detallan las repetidas violaciones a Silvia Labayru, la entonces joven embarazada secuestrada por la Marina. El mentor González tuvo injerencia en al menos el primero de los libros que escribió la actual Vice. Villarruel desmiente los rumores de romance que se les atribuye diciendo que se trata de un "hombre casado". Delfino recoge testimonios de la tarea de la joven Villarruel como organizadora de visitas no solo a los verdugos de la ESMA, sino también a Jorge Rafael Videla.
Si la derecha pretendidamente democrática de este país, en sus diversas graduaciones, no logra cortar su dependencia material y psicológica con el terrorismo de Estado es en buena medida porque el programa del "Proceso de reorganización nacional" aplicado a partir de 1976 no involucró exclusivamente a militares y a empresarios, sino también a los cuadros espirituales e intelectuales del bloque de clases dominantes. El patrón de acumulación por valorización financiera emergido entonces –y nunca enteramente transformado– compromete actualmente al nuevo estrato de jueces, periodistas, hombres de negocios, burócratas ministeriales e influencers, dirigentes sindicales y cuadros represivos que forman el apoyo ejecutivo al rumbo general del gobierno. La idea según la cual la derecha tiene dos alas diferenciadas –una liberal/globalista y otra nacional/católica (conservadora e industrialista)– que se expresaría en un choque entre Milei contra Villarruel es ante todo el sueño húmedo de la derecha peronista, que lee el conflicto entre “globalismo” y “nacionalismo” con un esquematismo apabullante. Basta leer, en La generala, quienes son los organizadores iniciales de este planteo. Cuadros del peronismo pro norteamericano como Miguel Ángel Toma (de la SIDE de Menem), o Vicente Massot (empresario de Bahía Blanca, politólogo guía del nuevo fascismo argentino, primer periodista acusado por delitos de lesa humanidad). Son ellos quienes sacaron la foto de la vice junto con la anciana Isabel.
¿Cuál es la consistencia de la pretensión de Villarruel de jugar “a la izquierda” de un orden político que ella misma ayudó a forjar apoyando el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) –que entrega recursos naturales naturales a empresas multinacionales a cambio de nada– y precisa de la ilegalización de la protesta social y de la oposición política para funcionar? En la defensa que realizó la semana pasada de su acción en la sesión del Senado que convalidó aumentos para las jubilaciones, programas de ayuda a discapacitados y recursos para las provincias, Villarruel argumentó contra los ataques que recibió del mileísmo en los siguientes términos: una de dos, o bien la estabilización económica en curso es exitosa y por tanto debe incluir a los más desprotegidos, o bien la llamada estabilización no es tal (porque cualquier aumento del gasto la pone en serio riesgo) y habría que recortar gastos en viajes y en la SIDE. El cuadro de situación es claro: mientras se persigue a quienes luchan efectivamente contra el ajuste brutal en curso, quienes avalan la descomunal transferencia de recursos de abajo hacia arriba se disputan los términos de la continuidad política del espacio creciente de la derecha extrema. El creciente ausentismo electoral puede ser leído como un concentrado del conjunto de irresoluciones y claudicaciones de la política nacional.
Que personajes tan irritantes aspiren a monopolizar el juego de las diferencias dentro del restringido orden político actual impone una reflexión: el liberalismo de mercado de Milei y el patriotismo procesista de Villarruel se corresponden con dos tipos de alucinaciones igualmente reaccionarias. Una se representa en lo común como mercanciado, y la otra como un "combate” por la “patria", sin otra materialización posible en la realidad que la de un orden inquisitorial y fundado en propiedad privada concentrada (de la tierra y no sólo). La diferencia entre una y otra, no abre posibilidades políticas sino que las clausura. Se trata de un juego de complementarios, en el que detrás de la cruz y la nación se encuentran indefectiblente (ayer tanto como hoy) los Martínez de Hoz. Libertarios y nacional-procesistas son las modalidades consagradas de concebir la vida común como materialidad a aniquilar.
Fuente: Página12
