Preocupa el avance represivo del gobierno de Milei y Bullrich a través de las redes sociales
Valijas que llegan al país y no pasan por los controles. Manifestantes que son caracterizados como terroristas o, al menos, como delincuentes si osan cortar una calle. Mozos que son detenidos por tuitear contra el Presidente. Fuerzas federales que son reformadas por decreto sin permitir que el Congreso opine. Relatores de Naciones Unidas que advierten sobre la situación de la protesta social en Argentina. En ese contexto se inserta la última movida de Patricia Bullrich: la consolidación de su propio ejército de agentes encubiertos que se moverán en las redes sociales, lo que implica que podrán interactuar también en conversaciones y chats de quienes son señalados como delincuentes desde el poder.
La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica este martes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial (BO). Una de ellas aprueba un protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales –es decir, de aquellos que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. La otra, dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados.
“Autorizan a los integrantes de las fuerzas a inventar perfiles truchos para infiltrarse en redes y tentar gente a decir cosas. Con las últimas resoluciones o decretos, están tapando agujeros por donde entraba el agua. Están aumentando las facultades de las fuerzas y legalizando lo que venían haciendo de manera irregular”, advierte María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), publicó Página12.
Los infiltrados de Bullrich
En 2016, mientras Bullrich también ocupaba el Ministerio de Seguridad, se aprobó la ley 27.319 para la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Esta norma regula el funcionamiento de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, entre otras
Según la ley, un agente encubierto es “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba para la investigación, con organización judicial”.
La infiltración genera muchas controversias en los tribunales y en la academia. Alejandro Slokar, camarista federal de Casación, tiene escrito en su Manual de Derecho Penal que los agentes policiales tienen la obligación de perseguir delitos, no de suscitarlos. Hay complicaciones también a la hora de que estos agentes declaren en un juicio, tal como explica la propia ley, pese a que la ministra diga que su empleo es una forma de incorporar pruebas de valor “irrefutable”.
En noviembre pasado, Bullrich había firmado la resolución 1253 a través de la cual creó la Unidad Especial de Agentes Encubiertos del Ministerio de Seguridad. La unidad no funciona como un reservorio de agentes sino como un enlace con el sistema de justicia. En todo caso, es un reservorio de información.
La Unidad tiene varias funciones. Entre ellas, identificar a los agentes con aptitudes dentro de las fuerzas federales; generar una base única de infiltrados; supervisar el curso de la especialidad y promover la utilización del agente encubierto. La Unidad está a cargo de Graciela Valeria Kowalewsky, que se formó –al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel–en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry.
Depende de la Dirección de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, que controla Fernando Soto, mano derecha de Bullrich y abogado del policía Luis Chocobar, que fusiló por la espalda a un pibe que había asaltado y atacado a un turista en el barrio de La Boca. Soto es señalado en Comodoro Py como quien se interesa por las causas que le importan a la ministra --no fue el caso del policía Cristian Rivaldi, a quien la Cámara Federal porteña le confirmó el procesamiento por gasear a una nena de diez años.
De acuerdo con la resolución 828 –que se publicó este martes–, el procedimiento para que actúen los agentes encubiertos es el siguiente:
- La Unidad recibe un oficio judicial pidiendo infiltrar a un efectivo;
- La Unidad le pide a la fuerza que seleccione a una persona;
- La propuesta tiene que ser avalada por Soto. Si no pasa ese “control de calidad”, debe elegirse a otra persona;
- El agente designado se inventa una historia ficticia de vida y envía una nota aceptando el cargo;
- La Unidad le pide a la Vicejefatura de Gabinete que le de vida a esta identidad ficticia al incorporar los datos inventados al Registro Nacional de las Personas (Renaper);
- Excepcionalmente, la dirección nacional a cargo de Soto puede autorizar al agente a seguir usando la identidad ficticia una vez terminada la misión.
“Hay muchas cuestiones que son muy problemáticas, sobre todo y muy especialmente darle más poder a Bullrich, que está a todas luces desbocada”, dice Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre. “Algo que es grave y que debería levantar muchas alertas es el tema de darles identidades falsas que queden registradas en la base de datos del Renaper. Esto es lo novedoso; lo demás es seguir dándole potestades de inteligencia a Bullrich por fuera del control judicial”, añade.
Para Marcelo Sain, exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), “se puede hacer bien o mal, pero todo va a depender del rol que cumplan los fiscales y los jueces”.
“Más allá de lo que pensemos de la figura del agente encubierto --opina, por su parte, Claudio Pandolfi, docente de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)--, Bullrich está normativizando leyes que estaban ahí desde hace años. De esta forma, esto regulariza situaciones y obliga a tenerlas registradas bajo actuación judicial. Si lo miramos del lado reverso, podemos decir que toda actuación que se haga en redes sociales sin orden judicial sería, en principio, ilegal. Hasta ahora había un vacío que lo dejaba a la arbitrariedad del juzgador o al criterio del miembro de la fuerza”.
Escuela de infiltradosBullrich también creó un consejo académico para la formación y capacitación de agentes encubiertos. Será presidido por el juez Ricardo Basílico, que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires y subroga en el TOF1 de La Plata, donde interviene en distintos procesos por crímenes de lesa humanidad. Basílico, además, fue parte de la comisión que creó el Gobierno para reformar el Código Penal.
La tarea de la comisión, que presidía el camarista Mariano Borinsky, ya concluyó. Según explicaron fuentes judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal ya está en poder del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En esa instancia, Basílico coincidió con los dos hombres fuertes del Ministerio de Seguridad, Soto y Carlos Manfroni, jefe de gabinete de Bullrich y enlace con el mundo Villarruel --que ahora está en plena batalla con la ministra de Seguridad.
El consejo académico estará conformado por Basílico, Manfroni, Soto, la titular de la unidad, un integrante por cada una de las cuatro fuerzas de seguridad federales y del Servicio Penitenciario y cinco miembros ajenos al Ministerio de Seguridad que también serán designados por Bullrich. Los nombramientos tendrán una vigencia de tres años, lo que implica que Bullrich seguirá teniendo influencia incluso si deja la cartera para sumarse a la contienda electoral.
Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sugiere mirar el contexto de disputa dentro del oficialismo para entender por qué Bullrich no deja de avanzar casilleros. “Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso –más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado”.
