El gremio no duda que el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantenga el espíritu de la norma en cuanto a aplicarla para perseguir el lavado de dinero o grupos internacionales como los que han actuado en el caso de la Amia. “No es esa la preocupación, sino que en manos de un fiscal o juez que no tenga el mismo espíritu en materia de derechos humanos, pueda llegar a ser algo peligrosa”, aclaró el gremialista, quien recordó, en este punto, que “hasta hace poco en Mendoza estaban (Atilio Roque) Romano y (Luis Atilio) Miret, que son personeros de la dictadura y todavía estaban en funciones”.

Para Ramat, la posición más clara sobre el tema “la ha tenido (el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio) Zaffaroni, que además de ser una eminencia, ha marcado toda una línea en cuanto a una política garantista en el tema de derechos humanos", que considera que "hay que reconocer y valorar”. Tampoco la preocupación del gremio se centra en que “se haya pensado para reprimir protestas sociales, ya que no tiene sintonía con lo que se ha demostrado hasta ahora desde el gobierno nacional”.

Sin embargo, el dirigente consideró que la herramienta puede ser mal utilizada por otros sectores. “Sí creemos que, al ser una imposición que viene de afuera, que no guarda coherencia con lo que se ha venido legislando, esa herramienta puede ser mal utilizada; por eso creemos que tiene que tener mucha más precisión en los términos”, concluyó en declaraciones reproducidas por APF.