A lo largo de seis meses, un avión privado Bombardier Global 5000 voló siete veces entre Estados Unidos y la Argentina. No fue un jet cualquiera: era propiedad de Leonardo Scatturice, un polémico empresario argentino radicado en Miami, con vínculos aceitados con la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el entorno presidencial de Javier Milei y el círculo de lobistas de Donald Trump. En cada uno de esos vuelos, según reconstruyó elDiarioAR y confirmó una reciente presentación judicial, se desplegó una coreografía precisa de valijas, reuniones en Casa Rosada y adjudicaciones públicas. Hoy, ese entramado está bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El punto de partida de la causa es un vuelo en apariencia menor, pero cargado de señales. El 26 de febrero de 2025, el jet -entonces con matrícula N18RU- aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana. ¿Su única pasajera? Laura Belén Arrieta, de 32 años, exazafata y hoy empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, las dos empresas fundadas por Scatturice. La PIA abrió una causa de oficio por presunto contrabando, y lo que parecía un episodio aislado derivó en la reconstrucción de una red política, financiera y diplomática con ramificaciones internacionales.
Según registros públicos, Arrieta trabajó en al menos dos aerolíneas comerciales, cursó estudios en una escuela para tripulantes de cabina ejecutiva, y hoy forma parte del staff de la empresa tecnológica OCP Tech, partner local de Cisco. También figura como tesorera de CPAC Argentina Inc, la sociedad registrada en Florida desde donde se organizó la filial local de la Conservative Political Action Conference. En la Casa Rosada reconocen que tuvieron trato directo con Arrieta durante la organización del evento realizado en diciembre en el Hotel Hilton. Ella aparece en fotos con Milei y otros funcionarios. Su jefe directo es Scatturice, y su rol fue clave para la logística local de la conferencia que ofició como trampolín de relaciones internacionales del mileísmo.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez detectaron que la documentación oficial del vuelo consignaba falsamente que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, cuando en realidad había despegado de Opa Locka, otro aeropuerto de Miami. La diferencia no es trivial: la trazabilidad ADS-B, una tecnología de monitoreo aeronáutico, permitió reconstruir los movimientos reales del avión. Y detrás del itinerario, apareció una red de relaciones que conecta a la inteligencia argentina con el aparato libertario y con la ultraderecha estadounidense.
El engranaje logístico
La llegada de Arrieta, difundida inicialmente por La Nación y desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó ratificada por imágenes de seguridad incorporadas a la causa. Allí se observa cómo ella y los dos tripulantes evadieron los controles de equipaje. Durante los trece días que el jet permaneció en Buenos Aires, sus movimientos no fueron registrados oficialmente. Según la denuncia, fue guardado en un hangar de Royal Class —también vinculado a Scatturice— lo que le habría permitido operar sin controles migratorios ni aduaneros visibles.
Todo había comenzado un mes antes. El 24 de enero de 2025, a las 21:38, ese mismo avión aterrizó por primera vez en Buenos Aires. Pertenecía a la firma COC Global Enterprise LLC, registrada a nombre de Scatturice. Una semana y media después, el 6 de febrero, la aeronave regresó a Estados Unidos. Además de Arrieta, uno de los pasajeros fue Víctor Du Plooy, director comercial de Surjet y oficial de negocios de Tactic COC LLC, la empresa que apenas seis días después, el 12 de febrero, firmaría un contrato con la SIDE.
El contrato entre Tactic y la SIDE —firmado por Soledad Cedro, CEO de la firma y vicepresidenta de CPAC Argentina Inc, y el titular del organismo Sergio Neiffert— estipula un pago mensual de 10.000 dólares para que la empresa funcione como “enlace entre la Presidencia de la Nación y sus homólogos en Estados Unidos”. Una cifra llamativamente baja: por servicios similares, países como Vietnam pagan hasta 200.000 dólares. Un informe presentado ante la PIA por el diputado Rodolfo Tailhade sostiene que ese contrato funcionó como una pantalla para triangular fondos reservados. Cedro, Arrieta y Scatturice aparecen registrados como agentes extranjeros en FARA, el sistema de lobby internacional del Departamento de Justicia de EE.UU.
Pero el engranaje no se detiene en ese contrato. En paralelo, Scatturice contrató a Forward Global, una consultora estadounidense liderada por José Mallea —exasesor de Trump— para gestionar ante la FAA la habilitación para que Flybondi opere vuelos hacia EE.UU. El costo mensual fue idéntico: 10.000 dólares. Poco después, el 18 de junio, COC Global Enterprise anunció la compra de la low cost, en una operación presentada como un refuerzo de capital pero leída por funcionarios del Gobierno como algo más: el despliegue logístico de un nuevo sistema de transporte y financiamiento libertario.
La pista aérea conecta con el poder. Scatturice recibió en Miami, el 17 de enero, al asesor presidencial Santiago Caputo, su hermano Francisco —clave en el manejo financiero de La Libertad Avanza desde la Fundación Faro— y el dirigente del PRO Manuel Vidal. El viaje, reconstruido en su momento por Hugo Alconada Mon, coincidió con los actos de asunción de Trump pero habría tenido otro propósito: consolidar vínculos estratégicos y financieros. Según fuentes al tanto del vínculo, el empresario se convirtió desde entonces en un “facilitador total” del mileísmo. “Pone recursos, abre puertas y ofrece soluciones”, resume un alfil libertario.
Las otras escalas
Hasta hace poco solo había trascendido el vuelo del 26 de febrero. Pero Tailhade aportó evidencia de otros seis viajes del jet entre Miami y Buenos Aires, antes y después de esa fecha. Uno de los más sensibles ocurrió entre el 25 de enero y el 6 de febrero. El 29 de enero, mientras el avión aún estaba en el país, el Ministerio de Economía adjudicó a OCP Tech S.A., propiedad de Scatturice, un contrato por $790.500 millones. Fue una de las adjudicaciones más grandes del año.
El escándalo por el ingreso de Arrieta con valijas no controladas generó una reacción inmediata en el entorno de Scatturice. Según reconstruyó la denuncia judicial y confirmaron fuentes aeronáuticas, el Bombardier Global 5000 fue transferido a la firma Surjet —radicada en Argentina y también bajo control del empresario— y su matrícula original, N18RU, fue modificada a N100LA. El objetivo, según la presentación de Tailhade, fue borrar el rastro del avión vinculado al presunto contrabando y reiniciar su actividad con una nueva identidad en los registros internacionales. La maniobra es legal, pero políticamente elocuente.
Con esa nueva matrícula, el avión volvió a operar el 14 de abril. Aquel día aterrizó en Buenos Aires con una comitiva integrada por Soledad Cedro, Matthew Schlapp (presidente de la American Conservative Union), y los empresarios Robert Citrone y Matthew Dell’Orfano. Todos ellos fueron recibidos en Casa Rosada por Milei y Caputo. En redes sociales, Cedro publicó una imagen junto a Arrieta y Scatturice con una leyenda sugerente: “¡Parte del equipo Tactic y amigos listos para hacer GRANDES cosas en todo el mundo!”. En paralelo, ese mismo día, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ingresaba al edificio por otra puerta. La postal resumía la diplomacia a la medida del mileísmo: sin cancilleres, pero con poder real.
Después de eso, hubo al menos cuatro vuelos más: el 30 de abril, del 2 al 8 de junio, del 12 al 27 de junio y del 29 al 30 del mismo mes. Detrás de cada uno de ellos, hay una red de sociedades interconectadas: OCP Tech S.A., OCP Tech Global IT, OCP Digital Tech Partners, MDELM LLC, Tactic, Surjet y CPAC Argentina Inc, todas bajo el paraguas de COC Global Enterprise LLC. Scatturice figura como socio o gerente en cada una. Solo en los primeros meses de 2025, sus empresas obtuvieron más de $2.300 millones en adjudicaciones públicas del Ministerio de Economía y de ARCA. Según la presentación judicial, Caputo habría facilitado esas licitaciones colocando a “hombres de Scatturice” en áreas clave.
Una red entre cielos y sótanos
Scatturice se radicó en Estados Unidos hace cinco años. Antes vivía en Buenos Aires, donde dirigió una agencia privada de inteligencia llamada C3 Consulting. En 2012 fue investigado en la causa “Dark Star”, iniciada por el entonces jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. Y aunque sus voceros negaron que haya sido espía, admiten que trabajó en análisis de riesgo corporativo. Hoy, en el entorno libertario, lo consideran un operador confiable. Incluso habría participado en la reestructuración del sistema de inteligencia impulsado desde Casa Rosada.
Es que su rol no es el de un proveedor más. Scatturice es el operador de un dispositivo político, diplomático y financiero, lubricado con vuelos privados, contratos opacos y vínculos transnacionales. Cada uno de sus pasos está documentado y forma parte de la mega-denuncia realizada por la diputada Lourdes Arrieta ante la Bicameral de Inteligencia. Pero la sombra del escándalo no recae solo sobre la SIDE, sino que alcanza a la arquitectura de poder que lo habilitó, lo integró y lo necesita. El contrato con Tactic, aunque modesto en apariencia, es apenas el eslabón más visible de una cadena que atraviesa los cielos —y los sótanos— del poder.
