La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) detectó más de 500 automóviles de alta gama con guarda habitual en la provincia que tributaban el Impuesto Automotor (o patente) en otra jurisdicción. Tras ser intimados se lograron recuperar unos 423 vehículos al registro de ATER.

En el marco de las políticas de Control Fiscal y de verificación de vehículos con guarda habitual en la provincia e inscripción en otras jurisdicciones, durante junio se concluyeron una serie de operativos de control que determinaron la radicación a la provincia de Entre Ríos de 423 automóviles de alta gama.

El director del organismo recaudador, Germán Grané, indicó que “entre las tareas de control programadas de ATER se ejecutan estos operativos que apuntan a reducir los márgenes de evasión, detectando mayor capacidad contributiva y en la búsqueda permanente de mayores niveles de equidad” señaló.

“Día a día estamos fortaleciendo el control a través de la combinación de nuevas herramientas tecnológicas desarrolladas por ATER, la inversión en equipos, el cruce de información, la formación de nuestro personal y las adecuaciones normativas. Este proceso que se hacía de modo particular, hoy ya se realiza de modo masivo multiplicando claramente la capacidad operativa de la administradora”, concluyó.

El resultado de esta acción se dio a partir de labores investigativas y cruces de información con otros organismos públicos nacionales realizados durante 2021 y que arrojaron parcialmente 500 vehículos con guarda habitual en la provincia e inscripción en otras jurisdicciones linderas, y que consecuentemente no estaban tributando el Impuesto Automotor en Entre Ríos. A partir de ello se iniciaron los procedimientos pertinentes para promover el cambio de radicación de los mismos y cuya resultante el 82 por ciento de los intimados se ajustaron inmediatamente a derecho y el 18 por ciento restante se radicaron de oficio.

De acuerdo con la normativa vigente las facultades de establecer los valores del Impuesto Automotor (o patentes, como se lo conoce) quedan en manos de las provincias y en algunos casos de las municipalidades. Al no existir un criterio universal para establecer un cálculo, los montos involucrados pueden ser dispares entre jurisdicciones y los titulares de este tipo de vehículos apelan a esta diferencia para radicar de forma fraudulenta su patrimonio y evadir los montos que corresponden abonar.