El organismo envió una nota al Gobernador donde reconoce la importancia de la medida y requiere que se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales.
El organismo envió una nota al Gobernador donde reconoce la importancia de la medida y requiere que se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales.
De acuerdo con lo resuelto por su Plenario en la sesión ordinaria del 31 de julio, el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) remitió una nota al gobernador Rogelio Frigerio a fin de expresar “el reconocimiento institucional a la decisión adoptada mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, por el cual se declara la urgencia sanitaria en materia de salud mental”. En la misma presentación, solicitó que “en el marco de su implementación, se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales necesarias para garantizar su efectiva ejecución”.
En la nota, que lleva la firma del secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, se sostiene que esta declaración constituye “una medida trascendente que evidencia el reconocimiento por parte del Estado Provincial de la compleja problemática que en materia de salud mental exhibe la realidad actual”, la cual necesita de “respuestas inmediatas, integrales y sostenidas, adecuadas a los principios establecidos por la Ley Nacional nº 26.657 de Salud Mental, a la que nuestra provincia adhirió mediante Ley N° 10.445 y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, que imponen al Estado el deber de garantizar el acceso oportuno, equitativo y de calidad a las prestaciones de Salud mental”.
En ese marco, el Plenario decidió poner de manifiesto la necesidad de que “se adopten medidas presupuestarias necesarias para priorizar e incrementar las partidas destinadas al fortalecimiento del sistema público de salud mental, entendiendo que la efectividad de las acciones previstas en el citado decreto requiere de recursos económicos suficientes que permitan su implementación en plazos razonables”.
Entre las medidas contempladas en el decreto se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución y fortalecimiento del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios de atención, el fortalecimiento de los servicios hospitalarios y de los centros de atención primaria, así como el desarrollo de estrategias comunitarias de abordaje. Todo esto —dice la nota— demanda no solo la agilización de los procedimientos administrativos y financieros, sino también la asignación de partidas presupuestarias acordes con la magnitud de las necesidades existentes.
Tras recordar la obligación estatal de adoptar decisiones en la materia bajo el principio de progresividad, el ORSMER señaló que la declaración de urgencia sanitaria constituye “una oportunidad histórica para avanzar en la transformación estructural del sistema provincial de salud mental, consolidando un modelo de atención comunitario, interdisciplinario y respetuoso de los derechos humanos, conforme a los estándares previstos por la legislación nacional e internacional vigente”.
Finalmente, se consideró indispensable que en el diseño, realización y evaluación de las políticas públicas derivadas de la necesidad y urgencia declarada, se garantice la participación efectiva de las personas usuarias de los servicios de salud mental o de sus familiares, los profesionales y
trabajadores del sistema, los Equipos Técnicos y las autoridades de las instituciones involucradas. En especial, se mencionó la participación de organismos como el Consejo Consultivo Honorario y el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos.
En este sentido, se puso a disposición la experiencia técnica е institucional del ORSMER para colaborar en la elaboración de protocolos, recomendaciones y evaluación de las medidas que se implementen, y en particular en todas aquellas acciones que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental en nuestra provincia.
El Plenario del Órgano de Revisión está conformado por representantes permanentes del Estado provincial —el Ministerio Público de la Defensa, la Dirección General de Salud Mental y la Dirección General de Derechos Humanos— y miembros de la sociedad civil, que en el actual periodo son el Hogar de Cristo Paraná, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam) y la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).
