Silvio Méndez
En el primer trimestre de 2015, transitaron por el Túnel Subfluvial cerca de un millón 100 mil vehículos. La cifra marca a las claras que el viaducto representa la principal vía de comunicación terrestre de la provincia con la vecina Santa Fe. Pero en sus 45 años de existencia, cumplidos el último 13 de diciembre, esta estructura nunca estuvo tan vulnerable como cuando desde el 2 de junio de 2009 la Subdirección de Obras Viales del ente interprovincial elevara un informe denunciando el trabajo de un privado con maquinaria pesada y movimiento de tierra sobre la zona de seguridad, efectuados en las tareas de construcción del country Amarras del Sol sobre lo que fuera el camping y playa pública Los Arenales.
La situación, elevada para el análisis “con carácter de urgente” a los directores representantes entrerriano y santafesino, derivó en la intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno provincial, que certificó la remoción del terreno en el predio en cuestión y que debiera estar en resguardo. Las actuaciones luego se reactivaron merced al pedido de una de las apoderadas legales que promovía la restitución al Estado provincial de ese sector de costa pública, la hoy diputada provincial María Emma Bargagna (Frente Amplio Progresista), que solicitó copia del acta notarial con el objeto de interesar a la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos y ésta, a su vez, a los integrantes del Consejo Interministerial por la provincia: el entonces ministro de Planeamiento Infraestructura y Servicios, Guillermo Federik, y el de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero.
En ambas instancias del más alto carácter institucional se pidieron ejecutar tareas de resguardo sobre el área de seguridad ya delimitada por una resolución del Ente que data de 2003. Pero a pesar de lo urgente y delicado del problema, llamativamente la Dirección Jurídica del viaducto, a cargo de Víctor Manuel Esparza, incluyó en el dossier que se tramitaba documentación con antecedentes sobre la disputa legal que tenía curso en tribunales por la potestad de Los Arenales. Se trataba del litigio por el cual se solicitaba la inconstitucionalidad, con un recurso de inaplicabilidad del Decreto Nº 7.560/05 del ex gobernador Jorge Busti, mediante el cual ordena a la ex fiscal de Estado y actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, desistir de reclamar por el predio de Los Arenales tomado por el empresario inmobiliario Sergio Gregorio Lifschitz en 2000, al ser cedido de un modo largamente discutido por la Municipalidad de Paraná cuando Sergio Varisco era intendente. La iniciativa de Busti (que echaba por tierra un reclamo iniciado por su antecesor y archienemigo Sergio Montiel) fue por lo menos llamativa, ya que toda la disputa se encaminaba a zanjarse a favor de la provincia.
/// Más información en la edición gráfica número 1021 de ANALISIS del 28 de mayo de 2015. ////
