El abogado especializado en derecho ambiental y dirigente ecologista, Jorge Daneri, apuntó contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que permite la vigencia del decreto sobre fumigaciones con agrotóxicos y en contraposición valoró la sentencia en primera instancia del camarista Virgilio Galanti.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Daneri manifestó que la decisión del Superior Tribunal de Justicia causó “una profunda decepción porque se esperaba otra cosa, se esperaba un fallo que ratificara el primer fallo del camarista Virgilio Galanti que es excepcional”.

En tal sentido, planteó que “el último proceso liderado excepcionalmente por el Foro Ecologista de Paraná y los abogados de AGMER, generó una sentencia judicial de Galanti que no tiene desperdicio porque es un estudio muy serio del derecho ambiental y constitucional, y este fallo del Superior Tribunal es un retroceso enorme para las organizaciones ambientales, asambleas, docentes, porque tiene características que no analiza los puntos relevantes del fallo de Galanti”.

Asimismo, explicó que en la sentencia de Galanti “hay un desarrollo del principio de prevención, del principio precautorio, de la equidad intergeneracional que es un tema central y sobre lo cual hay un silencio total en el fallo del STJ” y graficó que “más allá de lo personal, es una sensación de profunda indefensión porque no estamos hablado de cualquier cosa sino que hablamos de los niños, de los docentes rurales, de la población”.

Valoró también que “el fallo del juez Virgilio Galanti es un ejercicio de la ética, de la dignidad judicial y de la sustentabilidad, que emociona además, porque hay un estudio muy serio, hay una sentencia con una fundamentación trascendental y que va a dejar mucha huella porque esto va a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Indicó que “el fallo del Superior Tribunal habla del principio de razonabilidad y de gradualidad, que implica esto del paso a paso planteando una transición hasta lograr generar otros modelos alternativos al modelo productivo vigente, pero esta aplicación de este principio de progresividad se viene reclamando desde hace más de una década y en el propio actuar del Estado provincial y su Fiscalía de Estado, hay un claro reconocimiento de que han llegado muy tarde a este problema”.

“Lo dice el mismo sector agropecuario; ha habido una catarata de omisiones que se están tratando de salvar con este decreto al que el fallo del Superior Tribunal le ha dado vigencia jurídica, y en el análisis político se puede decir que hemos llegado a esta instancia no por ausencia de políticas sino por una política de la inacción en el cumplimiento de la Constitución provincial, que no es de ayer sino que es de 2008, y que dice que hay que hacer una ley marco provincial de protección del ambiente, pero nadie la hizo pese a que pasaron más de 10 años; dice que hay que normatizar sobre los principios de sustentabilidad, de evaluación ambiental estratégica, de estudios de impacto ambiental, pero nadie lo hizo”.

En contraposición, Daneri acusó que “hicieron un decreto miserable, que no sirve absolutamente para nada salvo para agudizar estos conflictos y complicar el acceso a la Justicia; no tienen vergüenza”. “La gravedad institucional de esta realidad lleva a una confrontación que hay que revertir con las propias normas constitucionales, no tenemos Defensor del Pueblo en la provincia, no funciona el Consejo Económico y Social que debería ser el ámbito que propone esta transición hacia lo que planteaba originariamente el Foro de Agroecología que este propio gobierno formó y que está frenado”, reflexionó.

“No existe la convicción y el compromiso político de liderarlo desde el propio gobernador, lo que sería excepcional porque sería la caja de resonancia de un debate sistemático y ordenando donde entre todos podamos construir esa transición. No existe una política pública que apoye la transición”, planteó.

“El decreto es una reacción a la emergencia y lo reconoce el propio fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) en sus declaraciones públicas. Hay una emergencia social y ambiental que, en palabras de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo diría que no es solo como en el fallo de Amarras en Gualeguaychú en la duda a favor del agua, no es solo en la duda a favor de la naturaleza; acá –y lo dice Galanti con todas las letras- es en la duda a favor de nuestros niños, es principio precautorio y sin embargo miran para otro lado. Qué duda puede haber de acá la prioridad en la aplicación del principio de equidad, de ética intergeneracional están primero y prioritariamente los gurises de la provincia”, sentenció.

En ese sentido, marcó: “Me avergüenza como entrerriano que en el Garrahan pase lo que pasa, y como sociedad me pregunto dónde está el Colegio de profesionales médicos; lo dice Galanti: no existe en el expediente un informe del Ministerio de Salud de la provincia mínimamente serio. El decreto que ha entrado en vigencia exige estudios de impacto ambiental y social, y una evaluación y eso lleva un tiempo de rigurosidad que no existe en la prueba documental aportada por la provincia. Esto es la médula en la causa, es decir que hay una contradicción del Poder Judicial que no salgo del asombro”.

Por esto, Daneri reafirmó su “total y solidario apoyo para que esto llegue a esos jueces de la Corte que en fallos como el de la Ley de Glaciares, la protección de los humedales y lo de Gualeguaychú están sentando una jurisprudencia que va más allá de los casos concretos”.

“Prefiero hablar de la sentencia de Galanti desde una visión esperanzadora y no del fallo del STJ. El propio sector productivo dice que ha habido descontrol, que no hay control y que el error es del Estado, y ante eso el Estado se debería plantar, mantener la precaución de los 1.000 y los 3.000 metros y construir una nueva norma en conjunto con todos”, afirmó.

En ese marco, alertó que “el fallo exhorta al Poder Legislativo a que haga su trabajo en un tema prioritario y de extrema sensibilidad social y política en la provincia, pero se han robado el Poder Legislativo, están en causas de corrupción infames haciéndole perder el tiempo al Poder Judicial y a la sociedad entrerriana y no dictan las normas que deberían haberse dictado desde 2009”.

“Han hecho un daño gigantesco, cuando se hagan los estudios y veamos los resultados en el agua, en el envenenamiento de los sueldos, quién va a pagar ese daño ambiental y humano que no tiene dimensión ni escala. Cuanto tiempo hay que esperar para no sentarnos en esa gran mesa redonda a construir esa transición”, se preguntó para concluir.