El abogado de la Liga por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, se refirió a la conmemoración del 24 de marzo que este año, por la pandemia de coronavirus, no tuvo su tradicional marcha, y planteó que de todos modos “la lucha continúa”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Iparraguirre sostuvo que este 24 de marzo “los organismos a nivel nacional y provincial decidieron en forma unánime resguardarse en los domicilios por el coronavirus y llevar adelante una manifestación mediante un pañuelazo, colocando pañuelos de Madres de Plaza de Mayo en los balcones y ventanas de las casas, y por medios virtuales dando a conocer que la lucha continúa”.

En la provincia, comentó que “desde hace unos meses nos veníamos reuniendo con la Multisectorial de Derechos Humanos y se elaboró un documento que se dio a conocer ayer en los medios de comunicación”. “La marcha forma parte casi del folclore de nuestra ciudad, por ser un momento de encuentro con compañeros y compañeras para reivindicar la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y seguimos bregando por el juicio y castigo a los genocidas, las causas de lesa humanidad que siguen avanzando en todo el país y contra la violencia institucional”, describió. 

En cuanto a las acciones de gobierno en relación a la temática de los derechos humanos, el abogado dijo que hay “muchas expectativas”. “Obviamente que la caída del neoliberalismo en Argentina y las políticas que humillaban a los derechos humanos, a que haya un Poder Ejecutivo que el 24 de marzo vuelva a hablar del terrorismo de Estado públicamente, marca un cambio muy importante. De todos modos hay situaciones que desde los organismos seguimos reclamando y advirtiendo que es la existencia de un marco de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales y de seguridad en general y la situación de un sistema carcelario que es un desastre”, planteó.

En tal sentido, mencionó el motín que se produjo en la cárcel de Concepción del Uruguay y advirtió que “hay una situación en el sistema carcelario que es muy grave, de la que hemos alertado a la ministra de Gobierno y a los funcionarios de la provincia y reclamamos que se ponga en marcha en Entre Ríos el mecanismo de prevención contra la tortura”.

Asimismo, apuntó que “hay una Unidad Penal N°1 de Paraná que tiene posibilidad de alojar a 120, 130 personas y hoy tiene más de 900 internos en condiciones paupérrimas, y además hay una situación desde que ocurrió el caso Micaela donde tenemos dos jueces de ejecución de penas que han limitado al máximo los beneficios de los internos como la posibilidad de gozar de salidas familiares y laborales, o acogerse al beneficio de la libertad condicional o asistida”.

“Son beneficios centrales para los internos, y hay que resolver en esto un tema muy serio, máxime con el peligro de hacinamiento –especialmente en este momento del coronavirus- y hay que empezar a dar mayor cantidad de beneficios a los internos, que son legales y que son para quienes se encuadran en los términos de condena que han cumplimentado”, sentenció.

De todos modos, alertó que “otro punto que no se puede desconocer es el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles producto del incremento de la población carcelaria que tuvo que ver con las políticas de orden y castigo, el incremento de las penas que hubo en los últimos años, y la lógica que impera en la justicia penal con la ley de narcomenudeo y los criterios de juicio abreviado que llevó a que pibes que cometen delitos muy menores estén hoy alojados en las unidades penales”.

“Hay que hacer un cambio muy profundo, porque no alcanza con reformar algunas cárceles o construir un nuevo pabellón, lo que hay que rediscutir en serio es la pena privativa de la libertad tan masiva como se da está dando en el país tiene algún sentido para resolver los conflictos sociales”, analizó.

Caso Gabriel Gusmán

Al cumplirse un año y seis meses del asesinato de Gabriel Gusmán en Barrio Capibá de Paraná, a manos de dos agentes de la policía provincial, Iparraguirre lamentó que “la causa está igual desde hace varios meses, porque se está esperando una pericia de Gendarmería”.

Ante ello, adelantó que “se había decidido pedir una audiencia a la jueza de Garantías para poder discutir que se tome declaración de imputado de parte de la Fiscalía a los dos funcionarios policiales que están acusados pero por esta decisión del inhábil judicial decidimos esperar para hacer esa presentación”.

Explicó que “es una presentación que no queríamos hacer porque queríamos llegar a un criterio único con la acusación pública, si es que hubiera coincidencia entre el Ministerio Público Fiscal y las querellas, en cuanto a la necesidad de avanzar en la imputación a estos dos funcionarios tomándole declaración de imputado y llegar así a un juicio oral y público para determinar allí lo que sucedió con Gabriel Gusmán”.

Al respecto, aseguró que “no es normal” que esas pericias demoren tantos meses y planteó que “en algún punto esperábamos unificar criterios con los fiscales pero a esta altura no tiene sentido y vamos a jugar todas las cartas ante la jueza de Garantías sosteniendo que efectivamente hay elementos de prueba suficientes para acreditar, prima facie, en la etapa de la Investigación penal Preparatoria (IPP) que estamos en presencia de un homicidio y por lo tanto hay materialidad en el delito y que los autores fueron estos dos funcionarios policiales que están sospechados”.

“No hay ningún elemento ni criterio para resolver un archivo de las actuaciones entendiendo que la conducta de los funcionarios esté amparada en el cumplimiento de su deber o por una causa de justificación como sería la legítima defensa. Esto habrá que discutirlo en un juicio oral porque desde la querella estamos absolutamente convencidos de que esto se trata de un caso de gatillo fácil y que Gusmán asesinado por estos funcionarios policiales por la espalda”, concluyó.