Año a año crece la cantidad de personas que necesitan asistencia del Estado producto de la crisis económica, pero también aumenta el descontrol en la entrega de planes y programas sociales. Una investigación judicial detectó serias irregularidades y provocó la baja más de más de 150.000 beneficios a nivel nacional. ¿Qué sucede en Entre Ríos? ¿Por qué no es posible saber cuánta gente cobra un plan?. Un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró los detalles de una problemática sin fin.

La crisis económica constante de Argentina empuja año a año a un crecimiento de las familias en situación de vulnerabilidad que necesitan ayuda del Estado para subsistir. Esto produjo desde hace décadas un sistema de programas, mal llamados “planes sociales” que han generado gran cantidad de controversias.

El 2022 terminó con un dato más que preocupante: el 51,7% de las personas que habitan la Argentina estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o asistencia alimentaria oficial. Los datos, elaborados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina EDSA Bicentenario (2010-2016), EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestran que ese crecimiento, con un pico en 2020 producto de la cuarentena y la crisis del Covid, mantuvo este año una tendencia a la suba que coloca el fenómeno en valores históricos. Y lo que es peor, semejante desembolso apenas logra mantener relativamente quietos algunos índices como los de indigencia y de pobreza, pero está lejos de generar una mejora en las condiciones de vida de la población.

“Este número incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), los planes Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, las pensiones no contributivas (que son aquellas que no requieren aportes en la vida laboral y que entregan un ingreso del 80% de la jubilación mínima, además del PAMI) y otros programas nacionales como Más y Mejor Trabajo. A su vez, excluye a todas las jubilaciones contributivas y las que son por moratoria”, reseña Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.

De acuerdo con los datos de ese centro de estudios, las personas alcanzadas por asistencia social eran el 32,9% de la población en 2010. Ese número terminó en 40,3% cinco años después, cuando terminó el segundo mandato de Cristina Kirchner. Mauricio Macri dejó la Presidencia en 2019 con un 43,8%, luego de haberlo bajado en 2019. Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, al 55% de la población. En 2021 comenzaron a bajar pero en 2022 se desató la cuenta: la cantidad de personas alcanzadas por este tipo de beneficios pasó de aquel 44,7% al actual 51,7%. Es decir, 16% en un año.

Más números

En marzo de 2023, el diario Clarín reveló que “el gasto del Estado en planes sociales ya alcanza los $ 3.000 millones por día, un 11% más que en enero, cuando promediaba $ 2.700 millones. Se trata de los recursos transferidos a los programas Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, centrales en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y que controlan dirigentes de organizaciones sociales afines al Gobierno”.

En los primeros dos meses del año se giraron a las partidas sociales más de $ 185.000 millones. Al Potenciar Trabajo, un global de $ 103.887, de los $ 590.000 millones que se prevé les transfieran durante todo el año. A la Tarjeta Alimentar, en tanto, fueron $ 81.357 millones de la previsión para 2023.

Como parámetro, hace un año exacto, las transferencias conjuntas al Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar eran alrededor de $ 1.200 millones por día.

Como viene sucediendo desde su creación en 2020, el Potenciar Trabajo es el programa que más fondos recibe de Desarrollo Social para planes. Hasta finales del año pasado, había alrededor de 1,3 millones de personas que cobraban medio salario mínimo vital y móvil, pero en los primeros días de 2023 ese padrón se ajustó después de la decisión de la ministra Victoria Tolosa Paz de suspender a 154.441 personas que no se anotaron para validar los datos a través de internet.

A cargo del líder piquetero Emilio Pérsico, que a su vez es secretario de Economía Social, el Potenciar Trabajo ya demandó fondos estatales por $ 103.887 millones en enero y febrero, el equivalente a más de $ 1.620 millones por día. Para todo el año, la proyección total del programa marca recursos por $ 590.982 millones. Desde Economía Social, Pérsico los paga, y desde el Movimiento Evita, donde es el principal referente, los cobra.

En el caso de Políticas Alimentarias, el otro plan central en la estructura de Desarrollo, las transferencias vienen siendo más controladas, ya que la Tarjeta Alimentar se abona en paralelo a la Asignación Universal por Hijo que se paga a través de la ANSeS. Los giros que se dieron en enero fueron por $ 81.357 millones, unos $ 1.380 millones diarios.

Los dos programas concentran más del 90% del presupuesto de un Ministerio que en total, hasta marzo de 2023, gastó $ 201.000 millones. Es decir, del total de los fondos de Desarrollo Social, sólo $ 16.000 millones fueron hasta ahora a programas que no son el Potenciar Trabajo o Tarjeta Alimentar.

La situación en Entre Ríos

A la hora de consultar cuántos y qué planes sociales llegan desde la Nación a Entre Ríos, qué cantidad de beneficiarios hay en cada Departamento, y cómo se cobran dichos programas, no se consiguen respuestas concretas y detalladas, y es imposible hacer una comparación para referenciar si hubo un crecimiento de personas que los reciben.   

Desde el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que funciona en calle Carbó de Paraná, se explicó que “los programas sociales son una gran cantidad y llegan a los beneficiarios dependiendo de cada plan, de los requisitos y de la forma de implementación que es muy variada. En cuanto al Potenciar Trabajo, que es el más masivo, bajan a través de los municipios y las organizaciones sociales”.

Por esto, el Centro de Referencia de Paraná no puede dar cuenta de un listado detallado de beneficiarios ni de la cantidad de planes que llegan. En el organismo actúan como una especie de coordinación y de asesoramiento para los beneficiarios que llegan con dudas o reclamos.

Una muestra de la gran variedad de planes y programas que administra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se puede ver en el siguiente documento de 2021 que se encuentra disponible en la página web de dicha cartera:

Ante esto, Cuestión de Fondo intentó indagar a los legisladores nacionales por Entre Ríos considerando que deberían estar preocupados por la situación social de los entrerrianos a los que representan y ante ello, conocer los datos antes mencionados. Sin embargo, las respuestas fueron todas negativas.

Sólo la diputada nacional Gabriela Lena tomó la inquietud y presentó un pedido de informes por el cual solicita “al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación u otro organismo competente, suministre información detallada sobre los planes sociales nacionales que tienen como beneficiarios a la población de la provincia de Entre Ríos. Asimismo, también se requiere que se proporcione el número total de beneficiarios de dichos planes, y que se desglose esta información según el tipo de plan social que se esté otorgando”.

En declaraciones realizadas a Cuestión de Fondo, Lena confirmó que “la única información que tenemos es la que está en la página oficial, que es muy escasa, y después de la conversación que tuvimos con ustedes hoy va a ingresar un pedido oficial de informes respecto de la cantidad de planes, qué tipo de planes hay en la provincia de Entre Ríos, cuantas personas son las beneficiadas, cuáles son las ciudades donde residen específicamente estas personas porque la verdad es que toda esa información no la tenemos”.

“Hoy hay una polémica bastante importante y obviamente un descontrol también importante, y vamos a ver si nos contestan”, planteó. De todos modos, advirtió que esta situación “hace al descontrol que tiene este gobierno en general, no solamente en este tema sino también en la falta de rumbo, a que se van tapando parches como se puede y obviamente esto también  genera que haya cosas que no sean buenas que se publiciten”, analizó.

Consultada por su opinión respecto del sistema, la legisladora entrerriana consideró que “no deberían eliminarse por completo porque hay personas que realmente lo necesitan, lo que no pueden ser es planes para toda la vida. Creo que deberían estar regulados y dar una posibilidad para poder salir del momento difícil y generar ese trabajo genuino que los argentinos necesitamos”. “Hoy el sector de la población que peor lo está pasando es el sector trabajador y entonces se crea una situación de mucho malestar entre los que cobran planes y los que trabajan. Hoy estamos en una situación donde hay una población que necesita un plan social pero este no debe ser ilimitado en el tiempo, debe tener sus controles y sus requisitos, y obviamente esto no lo pueden manejar las organizaciones sociales, ni tampoco como se lo maneja hoy políticamente”.

Incluso los números varían según quien brinda la información:

Según fuentes confiables del Banco Nación, habría unos 3.000 beneficiarios que cobran planes a través de esa entidad en Paraná, y que se dan de alta unos  100 por mes. Pero aclaran que son números extraoficiales ya que hay más de 180 tipos de planes con distintas formas de pago.

También estiman que hubo un aumento de un 100% de beneficiarios de planes, desde el año pasado a la fecha.

En tanto, desde una de las organizaciones sociales opositoras de la costa del Uruguay, sostienen que serían unos 7.000 u 8.000 planes en toda la provincia y hablan de que es un número escaso. Y advierten que el 90% de los planes los canaliza el Movimiento Evita.

Por otro lado, Cuestión de Fondo consultó en las organizaciones por donde se canalizan estos programas. El dirigente de Libres del Sur Territorial Entre Ríos, Julián Jarupkin, señaló: “Nosotros tenemos sociales alrededor del Potenciar Trabajo, pero Libres del Sur vienen luchando para obtener esos programa desde la gran crisis del 2001, donde se consiguieron los primeros programas que eran de Amas de Casas y la plata para sostener las ollas populares, y esa misma lógica solidaria sigue primando hoy en nuestra provincia. En relación a esto tenemos una Unidad de Gestión, que son las que contienen un padrón de compañeros y compañeras que tiene que cumplir una contraprestación, con días y horarios”. Especificó que “todos los programas nacionales del Potenciar Trabajo tienen una contraprestación mínima de cuatro horas diarias y esa función se cumple a través de unidades productivas, que son grupos de trabajo de diversas índole, desde lo social bien metidos en el barrio con el sostenimiento de merenderos y comedores; la formación de huertas; la formación de cuadrillas de limpieza, trabajo de mantenimiento y construcción; apoyo escolar y la parte cultural que tiene que ver con la formación de niños y niñas en relación a su desarrollo y crecimiento; y un área de comunicación y prensa popular desde donde hacemos una gran llegada territorial para mostrar lo que venimos haciendo y que se sepa que la comunicación es un derecho y que pasan cosas en los barrios y hay que contarlo”.

A través de estas Unidades de Gestión llegan los planes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y al respecto explicó que “se trata de una asociación civil, nosotros rendimos las asistencias mensualmente y dentro de las Unidades de Gestión también ingresan otros recursos que se rinden mes a mes y que llegan a más de 56 merenderos y comedores de toda la provincia, donde se reparten más de 90.000 viandas mensualmente”. Al respecto, planteó que “en relación con la demanda que tenemos, es muy pobre lo que llega que son alrededor de tres productos por persona” y reiteró que “es aparte del plan social que recibe cada beneficiario pero entra como un programa de asistencia nacional y es un recurso que tiene que llegar a la gente”.

Consultado por la forma de conformar el padrón de beneficiarios, contó que “la gente llega a nuestro local –e incluso la envían desde el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo, sabiendo que nosotros no tenemos las herramientas para dar respuesta- y además dentro de los barrios es de donde viene la mayor demanda porque están los compañeros y compañeras que son referentes y que dan respuestas y soluciones a las problemáticas territoriales, y a ellos les llegan las consultas de la posibilidad de acercarse y tener un trabajo para ganarse dignamente aunque sea una base que hoy es mínima, porque el Potenciar Trabajo no llega ni a la mitad de la canasta básica alimentaria”.

“Se trata de 34.000 pesos, que ahora ya subió casi un 10% y está en unos 78.000 pesos; son los niveles de indigencia; ni siquiera son los niveles de pobreza que la canasta básica total está en 190.000 pesos. Eso es lo que percibe hoy una persona que está con un programa social con contraprestación de trabajo”, puntualizó.

El dirigente indicó asimismo que desde la unidad de gestión se controla el cumplimiento de esa contraprestación: “Con quienes no lo cumplen se tiene que pasar la inasistencia, y con la inasistencia aparece una suspensión que es el cobro de la mitad del plan durante tres meses y al cuarto se da la baja del programa si esa persona no comienza a cumplir con las horas de trabajo. Es como en cualquier otro trabajo, uno tiene que cumplir las horas y si no lo hace le ponen falta, le hacen un descuento”.

Confirmó también que a través de Libres del Sur “hay alrededor de 1.000 compañeros y compañeras que perciben el Potenciar Trabajo en Entre Ríos y hay varias organizaciones más que canalizan estos programas. En Paraná hay unas siete más que están en la oposición, de quienes no están en el gobierno, pero después hay movimientos y organizaciones oficialistas (N.R. como el Movimiento Evita) y aparte tienen Unidades de Gestión algunos municipios, que tienen también un gran caudal de gente”.  “Yo creo que hoy estaremos llegando a alrededor de entre 25.000 y 30.000 personas que tienen el Potenciar Trabajo en la provincia”, reveló.

Agregó que “desde el último tiempo del gobierno macrista y durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández hubo un incremento del salario social complementario a través del Potenciar Trabajo, pero ya hace un año aproximadamente que está en decrecimiento y han ido bajando las ayudas sociales”.

En este marco, comentó que “hay otros programas similares que llegan desde Nación pero nosotros no los estamos recibiendo; hay un plan de formación para el trabajo por el cual se percibe mucho menos y que están más relacionados con algunas organizaciones intermedias, con la Iglesia, y la idea es más o menos similar al Potenciar Trabajo que es hacer un enganche con un salto cualitativo en lo laboral pero también en lo económico”.

Consultado por el descontrol que genera este sistema de programas y este tipo de implementación, Jarupkin planteó que “lo que habría que empezar a hacer es generar oportunidades de trabajo; hoy las políticas públicas no están destinadas a generar fuentes de trabajo concretas. Desde Libres siempre hemos sostenido que lo principal es hacer ese salto cualitativo pero en el mientras tanto tienen que estar los programa sociales porque si no, no se alcanza a sobrevivir un mes”.

“En los inicios del programa Potenciar Trabajo cuando se peleó desde la organización en la calle que fue en 2016 cuando salió la ley se llamaba salario social complementario –y aún se llama así- porque complementa supuestamente el trabajo en negro, o las changas o el trabajo informal o semi-formal que tenía la persona, y eso hoy prácticamente no existe. Esto es una discusión que tenemos hace años con todos los gobiernos”, analizó.

Por otra parte, refirió que “la otra realidad es que desde las organizaciones se ha creado un sistema casi aparte que tiene que ver con la economía popular, se ha comenzado a problematizar y a sistematizar hasta teoría alrededor de la economía popular. La economía popular es anterior a la economía social que ya está formalmente armada con organizaciones intermedias, tanto asociaciones civiles como fundaciones y cooperativas de trabajo o sociales. Ese sería el paso siguiente para tener una alternativa de generar ingresos propios pero pensando en otro tipo de economía, una economía regional y circular que hoy no tenemos. En el caso de Entre Ríos, por ejemplo, compramos el 65 a 70% de las frutas y verduras a Córdoba y a Santa Fe, que es una locura teniendo tanta tierra, tanto campo para aprovechar”.

A la hora de analizar el uso político o clientelar que se le da a los planes afirmó: “Lo social es político, a esto se lo repito mucho a los compañeros y compañeras; nosotros estamos cumpliendo una función en el barrio que hace muchísimos años no se ejerce en el territorio, y que emergió también en una de las crisis más grandes que tuvo nuestro país, que fue el Argentinazo de 2001, y se empezaron a armar núcleos de contención que después vieron que también hacía falta apoyo escolar, hacía falta comida y armaron las huertas comunitarias; esos grupos de organización también tienen una lógica y un funcionamiento político”.

“Las grandes organizaciones sociales y territoriales han podido contener, de alguna manera, a la gente. Por eso la gente en los barrios se acerca, consulta, porque la línea política que llevan esas organizaciones ha sido representativa de las necesidades del pueblo. Siempre va a haber una línea donde lo social es político y después va haber una intencionalidad de traducir eso en una oferta política. Esto se nota muchísimo más desde 2015 a esta parte porque los gremios y sindicatos se han corrido de la lucha por los salarios y se ha hecho muchísimo más grande la brecha entre el que menos tiene y el que más tiene, con un 50% de pobreza”, analizó.

Finalmente, consultado por el accionar de las organizaciones que obligan a los beneficiarios de planes sociales a participar de marchas o protestas, Jarupkin opinó: “No es una cuestión  obligación. Nosotros hemos congresos discutiendo esto, con debates sobre porqué es necesario ocupar las calles y movilizarnos, porque son las herramientas básicas que han traccionado siempre para poder obtener los recursos mínimos y sobrevivir; no estamos hablando de vivir de arriba, estamos hablando de comer todos los días, de tener las cuatro comidas del día cubiertas. Esa es la gran desigualdad, ese es el problema por el que nos movilizamos y estamos en una lógica de marchas y movilizaciones. Seguramente haya un cansancio y un desgaste sobre estas herramientas pero también hay una desigualdad tan grande que si la bronca no se traduce organizadamente, se va a traducir como se tradujo en el 2001”.    

El trabajo desde la CCC

Otra de las organizaciones sociales que canaliza ayudas sociales es la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que en Paraná tiene como referente a Silvia García. En diálogo con Cuestión de Fondo, la dirigente confirmó que “en Entre Ríos tenemos alrededor de 2.300 compañeros en estos programas que no solamente es el Potenciar Trabajo sino que además están el Potenciar Joven, el Potenciar Deportes, donde hacen una contraprestación en distintos proyectos productivos”.

Al respecto, definió que desde la entidad “apuntamos a proyectos productivos que generen nuevos ingresos para los compañeros y no tengan solamente el programa social. Nosotros hemos contraprestado armando proyectos porque lo importante para nosotros es lo productivo porque no queremos vivir siempre de un plan. Yo hace más de 20 años que estoy en la organización y lo hemos planteado siempre, no queremos planes sociales pero es lo que tenemos a mano y por lo tanto eso tratamos de convertirlo en algo más genuino, aunque no alcanza igual”.

Puntualizó que en ese marco “se armó una cooperativa en construcción, una cooperativa textil, grupos de panadería, de herrería, de carpintería, donde el grupo hace una diferencia , pero es insuficiente a llegar a fin de mes porque no alcanza”.

Respecto de la entrega del plan a cada beneficiario, contó que “los compañeros vienen y se inscriben, pero además participan en las reuniones y movilizaciones que hacemos porque hay otras cosa también como el Plan Cobijar todos los años, la entrega de útiles cuando empiezan las clases, y van participando en la organización. Incluso muchos que sin tener el plan social se van metiendo en los proyectos productivos como el de construcción donde hemos hecho obras importantes, tenemos convenios con la provincia, hacemos refacción en escuelas, y así cuando aparecen cupos de programas los que ya vienen trabajando son los primeros que reciben, porque los planes no bajan con cupos para todos los que están en lista de espera”.

“Por ejemplo, si tenes 500 compañeros en lista de espera, te van a dar unos 150, y muchos lo resuelven dándole a la vecina o al conocido, nosotros planteamos que eso no debe ser asi sino que aquel que sale a pescar, recibe el pescado, no el que se queda en su casa de brazos cruzados esperando que le llegue la ayuda de arriba. No somos Desarrollo Social, somos una organización que ayuda a los compañeros a organizarse para salir a luchar y conseguir lo que se necesita”, mencionó.

Sobre la llegada a los beneficiarios, aclaró: “Nosotros lo único que hacemos es la inscripción, cuando hay cupos mandamos una planilla con todos los datos y la documentación correspondiente por eso muchas se veces se pide copia del documento, la certificación negativa de que no están recibiendo ningún otro programa social y se entrega al Ministerio. Ellos lo pasan por el SINTIS que hace todo el entrecruzamiento de datos porque hay una serie de requisitos que si no los cumplís el mismo sistema no te deja ingresar: si tenés tu casita y otro terreno como herencia, no te aceptan o si tenes un auto o una moto de menos de 10 años de antigüedad tampoco. Y después el pago en la tarjeta le viene a cada beneficiario, a la organización como pago de los compañeros no le llega nada, ni a nosotros ni a ninguna otra organización. Cada uno recibe su tarjeta, que la retira del Banco Nación y es el compañero el que va todos los meses y retira su dinero por cajero”.

Agregó que la contraprestación “se controla mediante una planilla donde cada compañero firma su asistencia, si presenta un certificado médico tiene falta justificada y si no es injustificada. Antes desde el Ministerio no lo pedían por la pandemia y todas las cuestiones que ya pasamos, pero a partir del año pasado empezaron a tomarlas con lo cual todo los viernes tenemos que mandar las planillas de asistencias”.

Consultada por su opinión sobre el sistema de planes, García consideró que “habría que cambiarlo para convertirlos en trabajo, nosotros siempre lo hemos puesto sobre la mesa. Los programas sociales ayudan en el momento pero tienen que tener un tiempo estimado y reconvertirlos, en una época se abrieron muchas cooperativas y de este modo tenés legalizado el trabajo”.

“Desde el Estado bajaron otros programas como los de herramientas que han ayudado pero en Paraná son las grandes empresas las que están haciendo todos los trabajos en los barrios. Por eso nosotros, a fines de 2018, presentamos un proyecto de ley de urbanización de barrios populares, con la firma de más de 11.000 compañeros y de 11 diputados de ese momento, en el cual se pedía que un porcentaje de la obra pública pase a ser ejecutada por las organizaciones sociales en la urbanización de barrios. La muestra está en lo que hicimos nosotros, que con 28 millones de pesos urbanizamos todo un barrio donde casi 40 compañeros estuvieron trabajando seis meses y percibieron un ingreso de entre 60 y 70 mil pesos. Se puede hacer, con poco se puede hacer mucho y cambiarle la cara a muchos lugares que hoy están olvidados”, concluyó.