De ANÁLISIS

En los últimos días desde la empresa ERSA difundieron la decisión de que se retiran del proceso de licitación para renovar la concesión del transporte urbano de pasajeros en Paraná. Argumentaron que el nuevo pliego no garantiza la sustentabilidad del nuevo contrato y calificaron de “inviable” su participación.

Sin embargo, lo que hizo ERSA es adelantarse a lo que se le venía: el rechazo a su oferta por parte de las autoridades en el proceso licitatorio ya que no se consideraba apta para hacerse cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros. La suerte de ERSA estaba echada y los empresarios se adelantaron con su comunicado. 

Hablamos de ERSA aunque el grupo empresario presentó su oferta desde Micoomnibus Saavedra S.A.T.A.C.I. (Mossa). La empresa dentro de su propuesta aseguraba que iba a hacer uso de los mismos bienes y servicios que utilizaba ERSA. 

Incluso en el ofrecimiento, los empresarios habían incluído el costo del alquiler del inmueble donde se guardan los colectivos cuya propiedad es de Miguel Lischet, propietario de la vieja Mariano Moreno S.R.L., con cargos jerárquicos en BUSES Paraná -actual concesión del transporte de pasajeros- y que si hubiese ganado la actual licitación se habría asegurado un ingreso de $1.500 dólares mensuales de alquiler en un contrato de 15 años. Es decir, ERSA pretendía asegurarle un negocio a Lischet de 270.000 dólares 

Según supo ANÁLISIS, los empresarios estaban confiados en que iban a ganarle la compulsa a Etacer y San José -las otras dos empresas que presentaron su oferta- porque ERSA proponía un precio considerablemente más barato que sus competidoras. 

Pero el problema de ERSA a la hora de competir con otra empresa es su propio fracaso. Es decir, ERSA ya demostró no estar a la altura de brindar el servicio y no pueden enmascarar con otro nombre la ineptitud ya demostrada ¿Cómo una empresa que ya fracasó va a garantizar la calidad de servicio que se pretende a un precio considerablemente menor que la competencia?

Cuando los empresarios analizaron el panorama adverso decidieron pegar el portazo. Así lo confirmaron a las autoridades hace dos semanas a pesar de que los empresarios lo difundieron en las últimas horas. Lo curioso es lo que pasó entre el momento que tomaron la decisión y cuando tomó estado público. 

Los empresarios presentaron un pedido de compensación por las indemnizaciones de los trabajadores cuando acabe la concesión vigente. El monto irrisorio que reclamaron los empresarios supera los 8 mil millones de pesos.

Se trata de una cifra inflada ya que corresponde aproximadamente al doble de la cantidad de trabajadores que prestan el servicio en la capital provincial ya que incluyeron aquellos que trabajan en el área metropolitana, a cargo del gobierno provincial. 

Es decir, la empresa pretende que el Municipio de Paraná -y todos los paranaenses- le paguen las indemnizaciones a la empresa cuando finalice el contrato celebrado en tiempos de Sergio Varisco.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores que actualmente laburan en ERSA estaría garantizada su continuidad con cualquiera de las dos empresas que continúan compitiendo por la concesión del servicio. "La continuidad de los trabajadores está garantizada, sea la empresa que sea", dijo Juan Brito de UTA a Radio Plaza. 

Ante la consulta de este medio, aseguraron que los trabajadores sólo deberán pasar por los controles protocolares de ingreso a una nueva empresa pero la prestación del servicio continuaría a cargo de los laburantes actuales pero con nuevos patrones. Se está pensando en la posibilidad de facilitar la jubilación de trabajadores que estén cerca de esa posibilidad o en condición de hacerlo a la hora de implementar el traspaso.