La derogación de la ley nacional de Manejo del Fuego que prometió Javier Milei eliminará la protección de los ecosistemas quemados intencional o accidentalmente y restringirá el presupuesto para enfrentar incendios forestales, que sólo en 2022 arrasaron más de 700 mil hectáreas en todo el país, de acuerdo con datos oficiales. Aunque por Cadena Nacional el Presidente prometió que daría de baja la regulación, en el DNU no aparece ninguna mención al tema.

La normativa fue aprobada por el Congreso a finales de 2012 y tuvo un rol clave a la hora de establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente respecto de los incendios forestales y rurales.

Además, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el objetivo de proteger y preservar el ambiente del daño generado por incendios, garantizar la seguridad de la población ante incendios y establecer herramientas para que el Estado intervenga en el combate de los focos activos.

En 2020, la normativa fue modificada por el Congreso a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner que amplió la protección de los ecosistemas al prohibir que se realizan modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Aquella reforma fue clave como herramienta para ponerle un límite a la avanzada del lobby inmobiliario y de ampliación desmedida de la frontera agropecuaria, con un modelo que se repitió y agravó en la última década: incendios en humelades, bosques y grandes pulmones con el objetivo de “limpiar” las tierras y volverlas aptas para el pastoreo de animales o para la construcción de emprendimientos como countries exclusivos, barrios u hoteles que, casualmente, ofrecen la cercanía y el acceso a la naturaleza como “plus”.

Como ocurrió en los últimos años en la Patagonia, la provincia de Córdoba, las islas del Delta del Paraná o Corrientes, la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera ganadera aparecen como las principales motivaciones de los incendios en los humedales del Paraná. El 95 por ciento de los focos de incendio son intencionales: se prende fuego para desmontar y se afectan humedales y bosques para incorporar esas tierras a una actividad productiva, publicó el diario Página/12.

En el caso del Delta del Paraná, en tren de ampliar la frontera ganadera los productores buscan “pampeanizar” el territorio para el pastoreo de animales, según datos de la Multisectorial por los Humedales, que estableció que en los últimos años se quintuplicó la carga ganadera de los humedales.

¿A dónde llevaría la derogación de la ley de Manejo del Fuego?

Expertos consultados por el diario Página/12 coinciden en que derogar parcial o totalmente la ley de Manejo del Fuego traerá dos grandes perjuicios: por un lado, podría eliminar la alícuota del 3 por ciento a las pólizas de seguros para financiar el sistema de forma permanente y con fondos exclusivos garantizados por ley. Por el otro, eliminará la modificación a la ley sancionada en 2020 que prohíbe la incorporación de tierras quemadas a la actividad productiva.

“Es de presumir que la intención de este gobierno sea suprimir esta decisión para permitir que se utilicen las tierras quemadas”, dijo a este medio un exfuncionario del Ministerio de Ambiente, que advirtió por las “consecuencias nefastas” ya que nadie sancionaría la “bestialidad ambiental”, ya que la utilización productiva dejaría sin efecto la posibilidad de restaurar los ecosistemas originales.

La clave es qué hará el Poder Ejecutivo con su rol de denunciante ante incendios forestales. A pesar de los cuestionamientos que ha recibido, en los últimos años, el Ministerio de Ambiente hizo algunas presentaciones ante la Justicia federal por incendios intencionales y hasta apuntó con nombre y apellido a algunos de los propietarios de los terrenos que se prenden fuego como antesala de desarrollos productivos. El propio exministro Juan Cabandié llegó a mencionar que la familia del exministro menemista Roque Fernández (uno de los que integró el equipo económico de Milei) estaba detrás de uno de los focos.

La política ambiental aún es un enigma del Gobierno de Javier Milei, quien en decenas de ocasiones insistió en que el cambio climático es un invento del socialismo. En el caso de los incendios forestales, es de prever que, si se limita el presupuesto para apagar las llamas y se elimina la protección, los focos, naturalmente, volverán a ir en aumento.

Todavía no se conocen los datos de 2023, pero sólo en 2022 hubo más de 723 mil hectáreas afectadas, el doble del registro de 2021 de acuerdo con información oficial, que desde la asunción del nuevo gobierno escasea. Postales de la “nueva argentina”: desde el 9 de diciembre no se publica el reporte diario de incendios.