La Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, tomó posición respecto del apoyo que el Procurador General, Jorge Amílcar García, dio al Decreto N° 2.239, sobre las distancias vinculadas a la aplicación de agrotóxicos en inmediaciones de escuelas rurales.

Por tercera vez, debimos iniciar un amparo ambiental contra el nuevo Decreto N° 2.239 del gobierno de Gustavo Bordet que vuelve a restringir las distancias de protección de escuelas rurales sin el rigor científico necesario para preservar la salud de niños, niñas y docentes rurales.

El detalle pormenorizado de cada prueba presentada por nuestro gobierno ha sido analizado en el expediente, y objetada por nuestra parte por irrelevante, parcial y desactualizada (estudios de hace diez años atrás ya superados) debido a que sus fundamentos no aportan evidencia de rigor científico que acrediten la inocuidad de los productos usados en el campo entrerriano como tampoco la inexistencia de riesgo en salud. Jamás pudieron probar que al reducir las distancias de pulverizaciones no se daña la salud humana.

La gravedad institucional con la que juegan tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como la respuesta dada por el procurador general Jorge Amílcar García en la cual avaló la constitucionalidad del decreto, sin analizar los daños en salud acreditados en el expediente y con la sola preocupación de que no sean violados los derechos del grupo de productores.

El procurador general tiene la función fundamental de defender al Estado en su integralidad; debe velar porque no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad entrerriana, y eso involucra en primer lugar el derecho a la vida y la salud, con mayor fuerza a los grupos más vulnerables como son nuestros niños y niñas; toda función que desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido ejercicio de la función pública.

Específicamente el Artículo 1° de nuestra Ley Orgánica del Ministerio Público establece que: “El Ministerio Público tendrá independencia orgánica, funcional y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.

En el expediente poco serio del Fiscal de Estado se desconoce la ordenanza de prohibición de glifosato de Gualeguaychú.

Por lo tanto, que la defensa de los poderes concentrados de las multinacionales de venta de insumos, la promueva CASAFE (Cámara que agrupa a los empresarios que venden agroquímicos) y no nuestros funcionarios públicos, quienes deberían velar por los bienes y derechos de todos.

Nuestro reclamo exige la urgente protección de bienes colectivos de todos los entrerrianos como son la calidad de agua, aire y tierra; y la salud de niños, niñas y docentes de nuestra provincia. Hemos presentado sólida evidencia de daño concreto en ambiente y salud de la población rural expuesta.Si el doctor Galanti (Nota de la Redacción: por el juez de la Cámara Civil y Comercial, Virgilio Galanti) decide convocar a terceros, debiera ser para discutir lo que se trata en este reclamo judicial. En este proceso no se ventilan temas de daños y perjuicios económicos a productores.

¿Desde cuándo las víctimas deben hacerse responsable de la productividad de una actividad que los perjudica? ¿Por qué el Estado entrerriano asume esa defensa parcial?

Se discute, nada más y nada menos, que la salud de la comunidad entrerriana y de las generaciones venideras. En este sentido, hemos propuesto como parte de la prueba la citación de un comité científico a los fines de poder seguir aportando evidencia científica sin conflictos de interés a la causa.

Preservar nuestras fuentes de agua, la calidad de aire que respiramos, el suelo fértil que nos alimenta, y la salud de nuestras poblaciones rurales NO resiste más especulaciones ni presiones. No es un juego y sólo se puede perder. Estamos interpelados como sociedad a una acción urgente. Por eso, argumentar que necesitamos las divisas de las exportaciones además de ser ilegal porque viola normas fundamentales de nuestro Estado de Derecho, demuestra un grado de perversión desmedida, que destruye nuestra comunidad.

Si de verdad al Estado entrerriano le interesa preservar la actividad productiva de la provincia, debería impulsar capacitaciones en agroecología (en vez de frenarlas), líneas crediticias que apunten a la diversificación productiva, un plan de reducción impositiva que fortalezca al pequeño productor y dejar de dilapidar los recursos del Estado en los espectáculos del doctor Julio Rodríguez Signes y el show de las Buenas Prácticas y sus tarjetas hidrosensibles mojadas con agua, en vez de agrotóxicos (un hecho desestimado por su invalidez como método científico en la causa judicial que nos convoca).

Tanto el fiscal de Estado como el Procurador General se esmeran en proteger solamente los intereses de los grupos concentrados cuando debieran defendernos a todos.

Volvemos a exigir a nuestro gobernador Bordet que impulse, de manera urgente, una política pública que involucre los intereses genuinos de la sociedad en su conjunto. En vez de los decretos contra la salud, financie y promueva como política pública el Foro de agroecología provincial para acompañar la transición productiva que nuestra provincia necesita y merece.

Señor Fiscal Julio Rodríguez Signes; señor Procurador General, Jorge García; señor Gobernador, Gustavo Bordet, Basta es Basta.