La ONG en formación Entre Ríos Sin Corrupción elevó formalmente un pedido de “acceso a la información pública” dirigido al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a fin de que explique los procedimientos empleados en aplicación del “régimen de subrogancias”, establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Los firmantes aclaran que como ciudadanos están legitimados “en función de que el derecho de acceso a la información pertenece a toda la población sin distinción alguna que importe -o pueda importar- una restricción o limitación para el goce del mismo”, como lo indican varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la presentación formal, explican que “las subrogancias de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia, fueron reguladas por el art. 36 de la ley Orgánica del Poder Judicial”.

¿Qué importancia tiene la correcta aplicación de tal sistema de reemplazos? La respuesta es simple: está en juego ni más ni menos que una garantía constitucional clave, como lo es el acceso “al juez natural e imparcial”. Dicho de otra manera: cualquier alteración del régimen de subrogancias trae aparejado que la Justicia pierda su debida independencia y objetividad; o sea, quede total y absolutamente desnaturalizada. “El derecho de toda persona a ser juzgada por un juez independiente exige que el régimen de subrogación no deje librada la elección al arbitrio de la autoridad de turno”.

La ONG explicó que nació como una reacción “ante la falta de independencia y transparencia que existen en los Poderes del Estado”, y recordó que una de sus primeras acciones fue hace 6 meses, cuando inició “una Acción de Inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley 11.003 que reformó la estructura y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En ella principalmente se cuestiona el grave avance del Superior Tribunal de Justicia sobre el proceso de selección de magistrados y funcionarios”.

Una vez presentada esa demanda -relataron desde la ONG-, fue necesario “solicitar el apartamiento de los vocales titulares del Superior Tribunal de Justicia por cuanto, de manera explícita e implícita, habían manifestado su apoyo a la reforma y efectuado propuestas que luego fueron incorporadas a la ley”. Justamente allí empezaron los extraños manejos que derivaron en la necesidad de pedir el acceso a la información pública.

“El STJ debía conformarse con miembros de otros tribunales de acuerdo a un procedimiento predeterminado; es lo que se llama sistema de subrogancias. Fue una gran sorpresa observar que este proceso no se cumplió. Por el contrario, los jueces fueron asignados de un modo que no parecía tener ninguna lógica, se saltearon a algunos a quienes les correspondía integrarlo hasta el colmo de haberse designado dos veces a un mismo magistrado. Esta situación nos decidió a presentar un pedido de explicación sobre el método utilizado por el STJ para la cobertura de los cargos”.

La ONG asegura que la respuesta obtenida del STJ “consignaba datos erróneos sobre fechas y omisiones en el proceso de subrrogancias, con lo que lejos de aclararnos, nos permitió confirmar que se habían apartado de la forma establecida por la ley, implicando esto una vulneración de la garantía constitucional al juez natural e imparcial”.

Fue así que, en ejercicio del derecho de “Acceso a la información pública”, los firmantes formalizaron un pedido el 11 de septiembre pasado para que se informe “cómo se designaron subrogantes en el STJ durante los últimos 3 años, para ver si las irregularidades comprobadas trascienden nuestra causa y constituyen un problema mayor que afecta a todos los entrerrianos que necesitamos un poder judicial independiente y transparente. Pretendemos evitar que se constituyan tribunales especialmente elegidos para intervenir en causas que puedan tener un gran impacto en el poder de turno”.