La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.

“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, contó a El Entre Ríos sobre los objetivos de su trabajo.

Como parte de esta primera etapa, “hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”.

Como medida importante, “le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”. Además, “estamos tomando testimoniales de los vecinos de Colón”.

Hoy por hoy, el principal inconveniente con el que se encuentran desde la Fiscalía de Concepción del Uruguay a la que pertenece Minatta (con jurisdicción en Colón) es la falta de información.

“La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”.

Asesorada por expertos en la materia, menciona ente los potenciales perjuicios del emprendimiento para los coloneses, “se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”.

Los delitos que podrían imputarse en caso de que las pruebas así lo ameriten, serían “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”.

En cuanto a los responsables de la empresa “podrían ser imputados” al igual que algunos funcionarios argentinos, sobre los que podría evaluar “algún incumplimiento de sus funciones”.

Fuente: El Entre Ríos.