El concejal de Paraná Enrique Ríos (FpV) reiteró sus críticas por el conflicto del servicio  de transporte urbano que se vive en Paraná. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Ríos explicó que “lo que la empresa reclama tiene que ver con lo que ellos pretenden cobrar algo que no está certificado ni garantizado la acreencia”.

“Ellos reclaman una cifra superior a los 30 millones de pesos, que tiene que ver con lo que pretendían recaudar en función de un análisis de costos que hicieron y que debería haber sido el aumento de la tarifa, y la otra cifra tiene que ver con un desfasaje que ellos interpretan que hay entre la emisión del decreto del intendente que aumenta la tarifa y el tiempo que le lleva a la empresa SUBE adecuar el cuadro tarifario, lo cual es una cuestión administrativa que ya ocurrió en oportunidades anteriores y la empresa está en pleno conocimiento”.

En este marco, afirmó que “el concurso preventivo de crisis al único sector que beneficia es al empresarial, porque las empresas vienen incumpliendo la prestación del servicio, vienen recortando los recorridos, ni que hablar de las frecuencias y de otras decisiones unilaterales que han tomado, y el concurso preventivo de crisis les permitiría legalizar esta situación porque no se habla de mejorar el sistema ni de cumplir con el contrato de concesión”.

“Además trae aparejada una precarización laboral y la disponibilidad que puede hacer de los trabajadores la misma empresa, y como siempre el más perjudicado es el usuario que queda con un servicio malo y caro”, acotó.

Sobre la responsabilidad del municipio de Paraná, dijo que “desde los pliegos de concesión se empezaron a gestar los errores que tienen su correlato con el hoy, que tienen que ver con el control mediante el ejercicio del poder de policía y el diseño del transporte público en función de los intereses de los usuarios”. “Esto es una falencia muy grande del municipio de Paraná porque ha estado ausente del control, y cuando se controla se puede sancionar. La sanción como medida de protección de los usuarios debería haberse hecho hace mucho tiempo, ante los incumplimientos, pero no se hizo y se ha dejado avanzar a las empresas en una seria de irregularidades en perjuicio de los usuarios”, aseveró.

En el mismo sentido, cuestionó “la falta de capacidad de gestión, porque esta crisis que vive el transporte a nivel nacional tiene que ver con una política nacional de quita de subsidio y con un proceso económico que hace que los insumos –dada la dolarización de la economía- se eleven exponencialmente, con lo cual hubo una responsabilidad política y no hubo capacidad de gestión para atemperar e ir buscando soluciones alternativas”.

Sobre la respuesta del gobierno nacional ante la situación, Ríos recordó que “la Secretaría de Transporte de la Nación sacó un comunicado donde hace responsable a las provincias y los municipios de los problemas del transporte” con lo cual “no se hacen cargo de una política nacional que es a mayor responsable de esta crisis y de las medidas que han llevado adelante como gestión de gobierno”.

En cuanto al conflicto en la ciudad, sostuvo que “el diálogo debe ser la herramienta que nos permite superar los conflictos, pero en este diálogo que hoy se plantea, el sector más desprotegido que son los usuarios no están presentes. Porque en la audiencia en la Secretaría de Trabajo estarán la patronal y los trabajadores lo que marca que evidentemente es el marco de conflicto patronal-obreros pero esto es un conflicto que trasciende a estas partes porque afecta a más de 150.000 paranaenses por día”.

Ante esto, advirtió que “si en la situación de crisis de la empresa, no puede absorber los salarios y los aguinaldos, tampoco estarán en condiciones de asumir lo que significa un aumento salarial y el cumplimiento de la paritaria lo que significa que pronto volveremos a estar en conflicto. Tampoco soluciona ninguna de las deficiencias del sistema: ni el estado de los coches, las frecuencias, el retiro de coches, etc.”, definió.

Sobre esa quita de coches, el concejal planteó que “quien debe dar el alta y la baja de los coches circulantes, claramente lo dice el contrato de concesión y la ordenanza del marco regulatorio, es el Estado municipal”.

Por último, consideró que “hay distintas estrategias a evaluar: en primero lugar avanzaría en hacer cumplir el contrato de concesión, pese a las diferencias que tenemos con lo que se acordó; una vez saneado esto se debería intimar y sancionar a la empresa planteando la caducidad de la concesión, y con posterioridad ver qué alternativas tenemos, incluso establecer sistemas complementarios; trabajar otros tipos de transporte; la autogestión del transporte público de pasajeros”.