A la misma hora que está previsto el envío del Presupuesto 2021 a la Cámara de Diputados de la Nación, la comisión de Presupuesto y Hacienda arrancará con el debate de una batería de iniciativas clave que marcan el nuevo rumbo post pandemia para el Gobierno. El primero de los temas es la creación de un Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); el segundo es el Aporte Solidario Extraordinario, el impuesto la riqueza ideado por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y por el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Y el tercero se agregó ayer, cuando ya estaba convocada la reunión de comisión: se trata de un proyecto de ley del cordobés Pablo Carro que buscará prohibir beneficios económicos a empresas que tengan domicilio en los llamados ‘paraísos fiscales’ o que tengan probada evasión fiscal. Todas las discusiones de comisión, sin importar el tema, siguen siendo remotas, según el acuerdo alcanzado la semana pasada entre todas las bancadas y el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

“Vamos a avanzar con paso firme pero sin apuro”, indicaron desde el kirchnerismo a Infobae sobre la posibilidad de un tratamiento exprés para el aporte obligatorio, por única vez, que gravará a los bienes personales declarados por más de $ 200 millones. Según se indica en el bloque oficialista, así como se anunció en abril pero se presentó a fines de agosto, tampoco se emitiría dictamen en la primera reunión.

El oficialismo afinó su discurso en defensa de la iniciativa que alcanza a unas 12.000 personas y grava sus bienes entre un 2% y 3,5%. Los bienes en el exterior, pagarán 50% más. El destino de lo recaudado, que se calcula en unos $ 300.000 millones, quedará fijado en la ley. El texto original indica un 20% para la compra de equipamiento de salud; un 20% para apoyo a las PyMEs con subsidios y créditos (fue un reclamo de la bancada de Consenso Federal, es decir el lavagnismo); un 15% para la urbanización de barrios populares; 25% para obras y equipamiento a YPF para producir y envasar GAS Natural y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar para jóvenes.

En el Frente de Todos el tan postergado tratamiento genera alivio: no pocos consideran que hasta la primera mitad del año parlamentario la agenda fue marcada por la presión de Juntos por el Cambio que tiene 116 diputados frente a los 118 del Frente de Todos (119 si se contabiliza la licencia de José Ignacio de Mendiguren).

En la principal fuerza opositora hay matices. Hay diputados radicales que manifestaron su predisposición a favor. “El sistema tributario es regresivo, algunos diputados creemos que hay que hacerlo más progresivo y hacer que haya más tributación de parte de aquellos que más capacidad contributiva tienen. Es un avance que sea sobre las personas y no sobre las empresas, lo que sería una distorsión porque podrían trasladarlo a los precios”, respondió un opositor. Otros tienen objeciones técnicas porque es un tributo análogo al de Bienes Personales, la base imponible es similar y no es coparticipable. En ese marco, hay quienes propondrían modificaciones (el puntano Alejandro Cacace, el pampeano Martín Berongharay y tal vez radicales porteños, entre otros) y quienes lo rechazan de plano. El interbloque de Juntos por el Cambio discute su posición.

El resto de las fuerzas políticas podrían acompañar, según anticiparon, lo que garantizaría al Frente de Todos conseguir mayoría. “Conceptualmente estamos de acuerdo”, dijo el rionegrino Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro aunque remarcó la necesidad de evitar un reparto discrecional. El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, viene manifestándose también a favor lo mismo que varios de los integrantes del interbloque Federal. La izquierda tiene una propuesta más amplia para gravar a una mayor cantidad de personas.

De todos los temas en discusión, el prioritario sería la creación de un Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El proyecto se debatirá a las 15 en un plenario de Presupuesto con la Comisión de Previsión y Seguridad Social que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto. En forma remota participarán funcionarios de Anses.

Ya hubo un primer acuerdo entre Nación con 21 gobernadores, incluso con Horacio Rodríguez Larreta. Producto de ese pacto se suspendió momentánea el pago de intereses para las deudas provinciales con el FGS mientras se busca la refinanciación. La ley establece además un nuevo sistema de financiamiento para el pago a jubilados adheridos a la ley de Reparación Histórica.

Por Juntos por el Cambio estudiaron la iniciativa Luciano Laspina (PRO) y Luis Pastori (UCR) mientras que por el interbloque Federal lo hace el lavagnista Jorge Sarghini. En principio Juntos por el Cambio tiene un dictamen de minoría. Entre las observaciones que harán se destaca una sobre el artículo 2 respecto al límite al pago de la reparación histórica que según la ley sólo se financiaría con partidas presupuestarias y no con venta de activos del Fondo. “Vemos un riesgo si se limita y se agota la partida pueden quedar beneficios sin pagar” advirtió ante Infobae el diputado radical de San Luis Alejandro Cacace. Y dijo que la oposición pedirá garantías para todos los pagos y una aclaración en el artículo 2.

En el artículo 4 se modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 según el cual las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior. Con la modificación, se establece una compensación por los fondos extra que se han pagado por el COVID desde Anses y se transfiere la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía para que abone la deuda desde el Tesoro Nacional. “No nos parece mal la mecánica, está prevista en la normativa, el tema es que lo ponen con una delegación amplia al Ministerio de Economía y a Anses para que determinen el monto, una transferencia multimillonaria”, consideró el diputado que con su bancada pedirá que el monto se establezca por ley.

Finalmente harán un planteo respecto a los préstamos de Anses a las provincias, otorgados en el año 2016, préstamos subsidiados con una tasa de 15% que se renegocian con una tasa calculada para los intereses en base al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más el 1%. “Prácticamente están triplicando la tasa”, reclaman desde la oposición sobre el peso de la inflación por lo que propondrán una prórroga por cuatro años y en los mismos términos en que fueron otorgados los créditos para ayudar a los gobernadores. El último punto sobre el que solicitarán más información es el Fondo Fiduciario destinado a obra pública.

Sólo tres provincias no tienen créditos de Anses: San Luis, Córdoba y Santa Fe. Encabeza la lista de deudores Buenos Aires con $ 6207 millones; sigue la Ciudad con $ 1867 millones; Chaco con $ 1410 millones; Entre Ríos con $ 1380 millones; Tucumán con $1345 millones; Mendoza con $ 1179 millones; Catamarca con $ 1168 millones; San Juan con $ 1083; Corrientes con $ 1051 millones y Formosa con $ 1029 millones. Las que menos deben son Tierra del Fuego ($ 349 millones) y Chubut ($ 447 millones).

Recién después de este debate continuará la reunión de Presupuesto y Hacienda, que preside Heller. El mismo dará el arranque al proyecto de ley que aplica un impuesto sobre las grandes fortunas y que fue validado con su firma, la de Kirchner y varios diputados de distintos sectores del frente gobernante, entre ellos Lucía Corpacci, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Juan Carlos Alderete, Hugo Yasky, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Gabriela Cerruti, Martín Soria y también Casaretto.