Las restricciones sociales y económicas en tiempos de coronavirus llevan un año largo, eterno, cargado de angustias y también de curiosidades o contradicciones. Recién ahora y para ser tratado a las apuradas llega al Congreso un proyecto que debería dejar atrás una montaña de DNU. Muchos de esos decretos -con alcances discutibles, aunque no debatidos- funcionaron casi sin ruido apoyados en consensos entre oficialismo y buena parte de la oposición. Pero el texto que se apresta a tratar el Senado aterrizó, al revés, como expresión de la falta de acuerdo. Asoman además algunos malestares internos. Pero lo más denso es que, sin cambios, la Ley de la Pandemia asoma como apuesta recargada contra la Corte Suprema de Justicia.

Todo nació mal. El propio Alberto Fernández le dio a la ley el sentido de respuesta directa al fallo de la Corte que ratificó, como caía por su peso, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y destacó, de manera directa, la concurrencia entre la Nación y los distritos en cuestiones tales como el derecho a la educación. La intención de Olivos, según reiteran las fuentes con el Presidente en Europa, es que el proyecto sea convertido en ley antes de que expire el actual DNU, el viernes de la semana que viene. La intención es “blidandarse” legalmente, dicen. Así, a la confrontación con el máximo escalón de la Justicia, agrega el ajustado plazo en un horizonte de conflicto.

Es casi una trampa para los legisladores que piensan con sentido común y apego a la Constitución. Las líneas centrales de la norma pretendida ahora son difíciles de entender por partida doble. En un sentido, porque pretendería que una ley, con apoyo limitado al oficialismo, pueda habilitar medidas que la Corte ya rechazó. Y en otro, porque forzado por la realidad, reconoce que el Congreso es el ámbito adecuado para definir un tema de enorme peso institucional, pero lo hace sin apostar al entendimiento político por afuera de su reducido círculo de aliados.

Legisladores críticos del oficialismo señalan que el propio procedimiento no deja demasiado margen para buscar una ley equilibrada, y necesaria. Resta poco menos de diez días para sancionar la iniciativa, según el objetivo que se impuso el oficialismo. Y además, como el primer voto será del Senado, no quedaría margen para modificaciones de Diputados que alteren con alguna chance de éxito el criterio de la Cámara de origen. Salvo, claro, que aparezca voluntad oficialista de negociación, en lugar de acelerar el trámite en base a su mayoría larga en el Senado y la suma de votos aliados en la otra ala del Congreso.

Lo del Senado, con todo, podría agregar su condimento. Allí domina Cristina Fernández de Kirchner y han trascendido algunos malestares por la calidad del texto que envió el Gobierno. ¿Puede que exista algún análisis vinculado a la suerte de la ley si sale como está redactada, con destino de judicialización? El kirchnerismo duro no ha cuidado precisamente la relación institucional con la Corte ni con la Ciudad y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Más bien al contrario. Tal vez sea analizada alguna cuestión de costos y beneficios ante un mal pronóstico para la ley. Pero a nadie escapa que pueda surgir alguna factura a Vilma Ibarra, principal pluma del proyecto y pieza destacada en el círculo presidencial.

La oposición de Juntos por el Cambio expresó de entrada su rechazo a “superpoderes” para el Presidente. Conocida la letra, cuestionó los artículos de avance sobre las provincias y la falta de límite temporal a la vigencia de las atribuciones que asumiría el Poder Ejecutivo, en base lo que la Casa Rosada expone como criterios epidemiológicos.

El Senado comenzará a tratar el tema hoy mismo. Así como fue difundido, el proyecto reproduce los puntos centrales de los últimos DNU. Sus críticos, incluidos algunos legisladores propios en reserva, no ven cambios sustanciales. Y la oposición apunta centralmente sobre el desconocimiento del criterio fundacional de “federalismo de concertación” y contra lo que califican como el más claro intento de subordinación de los gobernadores.

Los más irritados recuerdan, por si hiciera falta, que las provincias son preexistentes a la Nación. Y en rigor, delegaron algunas funciones en el Estado nacional y se reservaron otras. Es cierto que el federalismo fue mediatizado y hasta negado por el fuerte presidencialismo, sobre todo en base al manejo de las finanzas. Pero lo que entró en discusión ahora -o afloró- es ya de carácter constitucional y no sólo funcional.

Eso lo destacó la Corte, pero no es lo único. El referido fallo puso de relieve además de las potestades de la Ciudad de Buenos Aires, el carácter concurrente que debe marcar una resolución de la cuestión focalizada en las clases presenciales. Y anticipó que el problema es el fondo no la forma: descalificó el DNU y anticipó que lo mismo haría si igual medida es intentada por ley.

Lo dicho: la idea de concurrencia remite como traducción práctica a la concertación. Y ese es el tema de fondo. Por ahora, no se encuentra un punto de equilibrio político ni parece que haya voluntad de buscarlo. Un verdadero riesgo.