El Foro de Convergencia Empresarial que nuclea unas 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, consideró que es “inoportuno” promover una reforma que “genera crispación y divisiones” en medio de la pandemia

La lista de instituciones que rechazan la Ley para reformar el Ministerio Público Fiscal continúa ampliándose. En las últimas horas se sumaron el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham). Ambas entidades alertaron sobre el peligro institucional que encierra el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar la forma de designación y remoción del Procurador General.

“El Foro de Convergencia Empresarial ve con extrema preocupación el proyecto de reforma del Ministerio Público que está siendo tratado en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Así comienza el comunicado que emitió hoy la entidad que nuclea a las principales asociaciones empresariales del país. Se trata de unas 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales. Entre ellas, IDEA, ABA, ACDE, Amcham, Sociedad Rural Argentina, la Eurocámara, la Asociación Conciencia, los colegios de Abogados y Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Libertad, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la Cámara de Empresarios Mineros, y otras.

Algunos de los empresarios y ejecutivos a cargo de esas entidades son Miguel Blanco, coordinador del Foro y también gerente general de Swiss Medical, Roberto Murchison (IDEA), Daniel Pelegrina (SRA), Claudio Cesario (ABA), Roberto Alexander (Amcham e IBM), Guillero Lipera (Abogados porteños) y Francisco Lugano (Crea).

También es parte del Foro la poderosa AEA. La Asociación Empresaria Argentina que preside Jaime Campos, reúne a los dueños de las grandes empresa locales, como Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarin), Alferdo Coto (Coto), Alejandro Bulgheroni (PAE), Luis Pérez Companc (Molinos), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA) y Federico Braun (La Anónima y Banco Galicia), entre otros.

“Una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo”, consignó Infobae.

“El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”, destacó Miguel Blanco.

“Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”, agregaron.

El resto del comunicado

La comunicación del FCE destacó además que:

- “Como ya mencionamos en la carta enviada a los diputados el 30 de abril de 2021, son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20,-entre las que cabe señalar la modificación de las mayorías para la designación del Procurador General, las modificaciones en la composición del jurado de enjuiciamiento y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado”.

- “Consideramos inoportuno, además, promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia. En este sentido, una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo”.

Por su parte, la ACDE manifestó en las últimas horas su profunda preocupación por el avance del proyecto del Gobierno para modificar las mayorías requeridas para designar al Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales.

“El proyecto significa un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político”, sostuvieron en un comunicado.

Tal como sostuvieron en n comunicados anteriores, los empresarios cristianos consideran que “una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias”.

En tal sentido, alertaron que ven con asombro “cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República”.

“Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc. De ser aprobada por los diputados, esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. Porque sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión”, enfatizaron.

Finalmente, los hombres y mujeres de las empresa agrupados en ACDE, concluyeron que “no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías delprepaís en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.

Amcham, que además de adherir al comunicado del Foro emitió uno individualmente, destacó que “pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Por el contrario, mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano”.