El gobierno de la Nación reglamentó y publicó en el Boletín Oficial la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley de los 1.000 días, aprobadas por el Senado de la Nación el pasado 30 de diciembre.

La ley 27.610 que legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive es una de las “mayores banderas” del movimiento feminista y fue aprobada en conjunto con el denominado Plan de los 1.000 días que busca garantizar la asistencia de la mujer embarazada y su hijo hasta los tres años de vida.

Ambas iniciativas ya habían sido promulgadas por el presidente Alberto Fernández en enero de este año en un acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. “Estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa”, había dicho el jefe de Estado en esa oportunidad, al hablar de la norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

“Hoy es un día de felicidad para todos porque estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa y lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de felicidad y algo más, porque cumplí mi palabra. Hice campaña diciendo que iba a trabajar por esta ley y hoy lo conseguimos”, había afirmado el mandatario al destacar que el aborto legal es “el resultado de una lucha colectiva”.

La iniciativa legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera de ese plazo se podrá acceder, a través de las causales que contempla hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una violación y si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también dispone la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.

El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplan las causales correspondientes. Además, establece penas de tres meses a un año e "inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

En tanto, el proyecto también fija una pena de "tres meses a un año" a la persona gestante que, luego de la semana 14 "y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare" y aclara que "podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible".

En el caso del Plan de los 1.000 días, apunta a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida".

El plan establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.