Los líderes de los países miembros del G20 solicitaron este domingo, en su declaración final de la cumbre en la ciudad de Roma, la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en línea con el planteo que el gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros y en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito.

Así lo plantearon entre los puntos centrales los líderes de los países del G20 refirmando el pedido realizado por sus ministros de Finanzas del 13 de octubre, en el que planteaba al FMI la revisión de su política de sobrecargos.

Además, reclamaron al organismo de crédito multilateral la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para proporcionar financiación asequible a largo plazo a los países de ingreso medios y bajos, a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a los países vulnerables de ingresos medios a reducir los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos futuros.

El presidente Alberto Fernández se reunió el sábado en Roma con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una nueva instancia para avanzar en las negociaciones por un nuevo acuerdo que contemple menos sobrecargos y le de oxígeno al país para posponer vencimientos por los casi US$ 45.000 millones de dólares de deuda.

Desde el gobierno venían insistiendo en que el FMI debía hacerse cargo y establecer qué parte de responsabilidad tuvo en el otorgamiento de 44.000 millones de dólares a la anterior gestión, de los cuales US$ 19.000 vencerán en 2022.

La delegación argentina encabezada por el Jefe de Estado tenía la expectativa de que la Cumbre de Líderes del G20, de la que participó durante el fin de semana en la capital italiana, culminara con un documento que apoye la baja de las sobretasas, tal como finalmente se confirmó.

Los países líderes confirmaron que seguirán trabajando en opciones para que los miembros con fuertes posiciones externas amplíen significativamente su impacto a través de la canalización voluntaria de parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados para ayudar a los países vulnerables, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales.

Esto podría significar que los países del G20 devuelvan a las naciones vulnerables US$ 100.000 millones de la suma total de los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI para afrontar la crisis sanitaria, parte de la cantidad global de 650.000 millones de dólares de los DEG emitidos por el FMI.