Los senadores de Córdoba, Mendoza y Tucumán decidieron avanzar en la discusión de los subsidios al transporte de pasajeros urbanos y presentaron un proyecto de ley en donde cuestionan los montos que reciben la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Alejandra Vigo (Córdoba Federal), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio-Tucumán) impulsan la creación del “Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”.

Los senadores propusieron la creación en todo el territorio nacional del “Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal De Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, tanto para líneas urbanas como suburbanas del país que esté compuesto por 164.235 millones de pesos para este 2022 a repartirse de manera equitativa entre los diferentes distritos.

“¿A quién le parece correcto que lo recaudado en el 95% en todo el país se gaste en solo unos kilómetros cuadrados del territorio poblado? Hoy el 85% del subsidio de transporte queda en AMBA, pero el impuesto a los combustibles -con el que se alimenta al fondo- se cobra en todo el país”, dijo Cornejo, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. “El 95% de lo que se recauda a través de este impuesto, que es muchísimo dinero, se aplica solamente en AMBA. Solo el 5% restante se aplica en el interior del país. No hay nada más injusto y menos federal que la distribución de este impuesto a los combustibles”, agregó.

“Planteamos una distribución justa y equitativa de los subsidios que afectan al transporte público”, añadió la senadora Vigo. “El sistema de transporte público es esencial para todos los ciudadanos del país, este proyecto es para corregir la asimetría del reparto de subsidios”, agregó la senadora Ávila.

El proyecto ingresó en la Cámara de Senadores mientras se espera el rearmado del Presupuesto 2022 que llegará al Congreso vía un Decreto de Necesidad y Urgencia.. En su articulado establece que el programa se financia mediante la creación del “Fondo Único” por algo más de $164.000 millones cuyo origen será los aportes totales realizados por el Estado Nacional durante el año 2021 al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, más los aportes totales realizados a las líneas de jurisdicción nacional, ajustado por la inflación incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2022.

Según lo que se había establecido en el proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados el AMBA recibiría este año algo más de $210.000 millones mientras que el resto de las provincias poco más de $46.000 millones por año.

En el Pacto Fiscal de 2018, Córdoba, Mendoza y Santa Fe habían exigido la presencia de un artículo en donde el Estado Nacional asumía el compromiso de “eliminar los subsidios diferenciales para el AMBA en materia energética para el 2019 y en transporte para el 2021″. La caída de ese acuerdo y el pacto fiscal firmado en 2019 mantuvo el status quo anterior.

Un punto fundamental, por el que se buscan mantener esa “equidad”, establece que “ningún distrito puede recibir más del 30% de la totalidad de los fondos existentes en el Fondo Único”. Asimismo, establece que el acceso al gasoil a precio diferencial también tiene que ser equitativo para todas las jurisdicciones.

Los criterios de Reparto del Fondo Único que la ley crea son, por un lado, la cantidad de unidades habilitadas, vigentes y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por todas las jurisdicciones provinciales del país y CABA; y unidades afectadas a los servicios de jurisdicción nacional.

El segundo criterio tiene que ver con la cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación mediante el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS), con un máximo de 3 agentes por unidad.

Y por último la cantidad de kilómetros promedio mensuales recorridos por cada unidad en el semestre inmediato anterior.