A la espera de la nueva Ley Ómnibus -que ahora el oficialismo dice que la enviará al Congreso entre el jueves y viernes- los bloques dialoguistas aseguran que la quieren acompañar, pero todavía piden modificaciones, esperan la letra chica sobre temas clave como Ganancias y definiciones sobre la reforma laboral.

Se estima que el lunes el Ejecutivo enviará el nuevo borrador del proyecto a los gobernadores y principales referentes de los bloques. Puntualmente, que presente la última oferta para revertir la modificación del Impuesto a las Ganancias, con la inclusión del mínimo no imponible y las escalas.

El bloque PRO de Cristian Ritondo exige que el mínimo se eleve a $ 1,8 millones. Señalan que cuando el gobierno mandó el proyecto iban a empezar a pagar los sueldos brutos desde $ 1,2 millones, pero que en el medio hubo un 50 % de inflación que obliga a levantar ese piso.

La bancada de Hacemos Coalición Federal (HCF) que comanda Miguel Angel Pichetto también pide que el mínimo sea “lo más cercano a los $ 2 millones”.

“Desde nuestro bloque nos reunimos con el Gobierno y les hicimos propuestas superadoras sobre la nueva versión de la ley ómnibus, advirtiendo que las posiciones están mucho más cercanas. Seguimos a la espera de que nos remitan la versión final que enviarán a las comisiones para continuar las negociaciones”, aseguró al diario Clarín el diputado Oscar Agost Carreño, de HCF.

En el grupo de La Libertad Avanza, que comanda Oscar Zago, hay optimismo más allá de la demora. Aseguran que las conversaciones con el PRO y los radicales están avanzadas y lo acordado con los gobernadores parece allanar el camino. Sin embargo, en el propio oficialismo advierten que el capítulo que retrotrae el Impuesto a las Ganancias “está lejos de acordarse”.

Si bien el Gobierno no se apartó de su esquema de manejar la negociación desde la Casa Rosada, se espera que la próxima semana, antes de que la propuesta ingrese al Congreso, el bloque de La Libertad Avanza sea recibido por el presidente Javier Milei, aunque eso aún no está confirmado.

El sector del radicalismo que responde a Rodrigo De Loredo entiende que “hay que pulir algunos aspectos” de la ley. En lo referente al capítulo fiscal, más allá de Ganancias, tienen algunos cuestionamientos con el capítulo de Bienes Personales, consignó el diario Clarín.

La propuesta del Gobierno establece la creación de un régimen especial de ingreso mediante el cual el contribuyente adelanta el pago del gravamen a cambio de tener garantizada la estabilidad de las alícuotas de impuestos patrimoniales a nivel nacional. El nuevo régimen está fijado para todos los períodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero desde la UCR rechazan este programa y advierten que si Milei lo quiere aplicar en su mandato lo puede hacer, “pero no puede comprometer la política tributaria sobre ese impuesto (o todos los patrimoniales) hasta 2038”.

El tema de las privatizaciones es uno de los puntos en que hay diferencias en parte del radicalismo. Danya Tavela, una de las diputadas que pertenece a Evolución, el espacio que tiene como referente a Emiliano Yacobitti, advirtió que ellos reclaman que se retire al Banco Nación. También cuestionan la metodología que propone el proyecto de Ley Bases. Es que este sector de la UCR insiste en que sea en forma individual y no en paquete.

Mientras tanto el artículo 71 -que desregula la actividad privada- está en rojo. Así como está no pasa, aseguran desde distintas bancadas. Ese punto faculta al Poder Ejecutivo Nacional a poder derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos. Hay quienes consideran que “es muy amplio”, que es “ambiguo” y que “no se entiende” qué pretende el Ejecutivo con eso.

Por otra parte, el oficialismo todavía no confirma si incluirá la Reforma Laboral en la ley, como están pidiendo todos los bloques. Esa reforma fue dictada vía DNU, pero quedó bloqueada por la Justicia. La oposición la quiere discutir, aunque le adelanta al Ejecutivo que hay puntos que como están no se aceptarían. Muchos legisladores coinciden que el capítulo de multas es demasiado laxo. “Estamos de acuerdo en bajarlas, terminar con los abogados caranchos, pero no es lo mismo el trabajo en blanco que en negro”, sentencia un diputado. Si incluye el artículo que estipula el bloqueo como causal de despido también habrá dilemas porque varios consideran que se choca con el derecho a huelga.

Mientras tanto, legisladores de la Coalición Cívica recuerdan que las delegaciones de facultades -este proyecto sigue incluyendo varias- no van a votarlas, e insisten en que el Gobierno deje de sustentar los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego.

“Tenemos voluntad de que el Gobierno se lleve su primera ley del Congreso. Pero es hora de que Milei deje de apuntar a los jubilados, a las economías regionales y a las provincias, y empiece a eliminar, o al menos suspender, los cupos fiscales de los más de 30 regímenes especiales que subsidian o eximen de impuestos a distintos grupos de empresas. De esa manera vamos a estar en un equilibrio fiscal más justo”, apuntó Nicolás Massot de HCF.

Hasta el ahora libertario, José Luis Espert -presidente de la comisión de Presupuesto- había criticado el régimen de Tierra del Fuego: “Es una manera corrupta de hacerte millonario”, sentenció el mes pasado, publicó el diario Clarín.

“El Estado se pierde de recaudar un montón de impuestos para en este caso dos empresarios Nicolás Caputo (primo del ministro de Economía, Luis Caputo) y Rubén Cherñajovsky que son muy poderosos y están muy vinculados a la política”, señaló Juan López, de la Coalición.

Críticas del kirchnerismo

En Unión por la Patria, en tanto, hicieron su propia lectura de la reunión que tuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Por ejemplo, Eduardo Valdés advirtió que “si la ley viene demorada es porque algo pasa”. Es que la ley tendría que haber ingresado entre el miércoles y viernes al Congreso, pero en el peronismo sospechan que algo no quedó firme en la reunión con los gobernadores. “No entra porque no hubo acuerdo”, insistió el diputado más cercano a Cristina Kirchner.

Desde el massismo, Diego Giuliano acusó al Gobierno de “negociar con los gobernadores para que acompañen usando el látigo y eso va en contra del federalismo” al tiempo que defendió la decisión de Sergio Massa de eliminar la cuarta categoría de Ganancias. “No es razonable volver a licuarle el salario a esas personas”, le apuntó a este diario el diputado y presidente del Frente Renovador. Giuliano también cargó contra la propuesta privatizadora del Gobierno al apuntar “no se puede privatizar por catálogo”.