Jorge Riani

El diputado provincial Emilio Castrillón ya acaricia la toga de juez. Así lo entiende el oficialismo, dueño de los suficientes brazos alzados en el Senado como para que nada impida que el legislador comience su metamorfosis hacia juez del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, desde las entidades relacionadas con la tarea judicial –magistrados, abogados y empleados judiciales– se ha cuestionado la decisión del gobernador Jorge Busti de poner en el máximo órgano judicial a un hombre de indeleble identificación política y vinculación con el Poder Ejecutivo. Según pudo saber ANALISIS, en las próximas horas se concretarían las presentaciones de impugnaciones contra la postulación. Algunas podrían traer a colación viejas denuncias por situaciones personales y familiares del legislador. Frente a eso, el oficialismo no se queda atrás y para contrarrestar las críticas, ha hecho público el respaldo a la decisión del mandatario, mediante adhesiones de entidades diversas comandadas por funcionarios, legisladores y punteros justicialistas.

La primera observación simple permite distinguir al oficialismo y la oposición de un lado y otro del meridiano. Es que una línea imaginaria separa, por un lado, a las opiniones contrarias a que el presidente de la bancada de diputados justicialista, Emilio Aroldo Castrillón, se convierta en juez del máximo tribunal de la Justicia entrerriana, y por otro la posición de quienes no ven en ello ningún impedimento y hasta toman el asunto con gran entusiasmo.

Ocurre que la postulación que hizo el gobernador Jorge Busti ha cosechado respaldo entre las huestes justicialistas y todo lo que ella toca, mientras que ha generado el rechazo de radicales y dirigentes de la Concertación Entrerriana.

Pero si hay un campo que puede mostrar algunos sujetos de opinión ajenos a esas fuerzas, es precisamente aquel hemisferio donde se amontonan los rechazos a la postulación. Tal es el caso de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos, el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Central de Trabajadores Argentinos, entidades que han formulado severos cuestionamientos a la decisión oficial. Se trata, sin dudas, de un trance amargo para el gobierno, pero quizás no de peso suficiente para complicar los planes de poner como integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a quien hasta el momento sigue siendo el hombre fuerte del oficialismo en la Legislatura entrerriana.

Con la intención de que el platillo oficialista de la balanza gane altura, un puñado de entidades sindicales conducidas por funcionarios, legisladores y dirigentes justicialistas ha salido a dar su respaldo al nombramiento de Castrillón en la Justicia.

El Senado de Entre Ríos ya hizo públicos los antecedentes “más destacados”, según se aclara en el texto institucional con el que se abre el período de observaciones. El texto corre por cuenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la cámara alta, y su contenido presenta indicios opinables pero también certezas que no admiten mayores lecturas. Entre estas se cuenta que Castrillón se recibió de abogado a los 22 años y que dos años más tarde logró el título de escribano. Tampoco puede haber mucha discusión frente al dato referido a que la totalidad de sus antecedentes laborales (se dan cinco) tienen exclusiva relación con su rol de legislador provincial y ninguno a la actividad judicial. O que los seminarios sobre Derecho –aun así mayormente ligado a la función legislativa– llegan hasta 1991, año en que se convierte en senador para luego recalar en Diputados hasta el presente. Se trata de una lectura fría de la letra propuesta por el Senado.

Como argumento también se indica que ha sido autor de proyectos relacionados con la tarea judicial. No abunda en detalles y, desde luego, que nada dice acerca de que una de sus iniciativas fue la de permitir que los jueces puedan pedir licencias políticas para presentarse a cargos electivos, lo que fue rechazado hasta por el gobernador Busti. Dicen quienes conocen al legislador que su felicidad sería completa si se le permitiera –de tanto en tanto– quitarse la toga para ponerse el traje de intendente de La Paz y luego volver al estrado judicial.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)