Jan De Nul ya está operando con una planta de procesamiento y secado en Diamante. No tiene las certificaciones ambientales correspondientes. Además de ese proyecto, la Fundación CAUCE denuncia a los mismos capitales belga porque planean extraer 180.000 toneladas de arena silícea por año del lecho del río, y enviarlos para el fracking en Vaca Muerta. ANÁLISIS habló con la abogada Valeria Enderle.

Los proyectos de la empresa belga son dos: uno ya está funcionando (la planta de procesamiento y secado de arena que se alimenta con empresas de Paraná) y, el otro proyecto es para extraer arena silícea del lecho del río.

Valeria Enderle, abogada que integra la Fundación Cultura Ambiental Causa Ecologista (Cauce), contó que a mediados de 2018 comenzaron a recibir información sobre la instalación de la empresa belga Jan De Nul en la zona de Diamante.

Desde la Fundación hicieron los pedidos correspondientes de información pública pero los organismos estatales demoraron las respuestas. “Presentamos un recurso de Amparo por mora y obtuvimos un fallo ejemplar en relación al derecho de acceso a la información pública”, señaló Enderle.

Recién entonces desde la Fundación ecologista comenzaron a recibir información concreta, conocieron mapas y se enteraron que Jan De Nul no había presentado estudios de impacto ambiental.

“Nos enteramos cuando vimos los mapas a color que la empresa se iba a instalar a menos de dos kilómetros del Parque Nacional Pre Delta”, acotó la abogada. Concretamente, el proyecto indica que se instalarán para extraer arena entre los kilómetros 517 y 523 del río Paraná. Se trata de un sitio RAMSAR*, es decir que tiene protección internacional. Parte de esa jurisdicción es entrerriana y parte santafesina. También se trata de una intervención directa sobre el corredor biológico que une dos parques nacionales.

“Cuando chequeamos todo eso, enviamos notas administrativas a organismos estatales y nacionales. Analizamos el expediente, lo denunciamos en la sede de la convención RAMSAR en Suiza”, dijo Enderle.

Licencia dudosa

El 27 de diciembre de 2018, el intendente de Diamante Lénico Aranda (Cambiemos), otorgó un certificado de aptitud ambiental a la empresa que ya estaba funcionando. Otorgó esa licencia pese a que no hubo una asamblea ciudadana para darle participación a la población, como corresponde.

“Por supuesto que no había un estudio de impacto ambiental terminado, ni la empresa había concluido con la entrega de toda la documentación e información requerida por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Nosotros destacamos el trabajo que vienen realizando la Secretaría, pero tienen otros tiempos para analizar las cosas”, contó la abogada.

Amparo

La Fundación Cauce presentó un segundo amparo. Esta vez contra el municipio de Diamante que otorgó un certificado de forma ilegal. “El accionar es ilegal y encima continuaron haciéndolo porque prorrogaron el certificado de aptitud ambiental”, consideró Enderle en diálogo con ANÁLISIS.

En la misma línea, señaló la tala del monte nativo en rivera que viene realizando Jan De Nul y advirtió sobre la falta de control por parte de la provincia.

“Demandamos también a la empresa  porque el Decreto 4977/2009 dice que hasta que no esté terminada la evaluación de impacto ambiental, no se puede iniciar ninguna actividad y ellos están trabajando de hecho”.

La última presentación fue a fines de marzo pero no resultó del todo favorable para los ambientalistas. “El juez valoró una pericia presentada por la empresa Arenas Argentinas SA, conformada por Jan De Nul. Nosotros no les reclamamos por daño que es lo que respondieron en la pericia, sino que nuestro reclamo es por la ilegalidad en la cual actúan”, explicó la integrante de Cauce.

La sentencia, sin embargo, exhorta a la Municipalidad de Diamante y a la provincia a cumplir con las normas vigentes. “Ese segundo punto de la sentencia es importante”, destacó Enderle.

Audiencia pública   

Por otro lado, la Municipalidad de Diamante convocó para este jueves a las 10 a una audiencia pública, para darle un viso de legalidad al accionar de la empresa. “Los funcionarios de la Municipalidad nunca fueron a la Secretaría de Ambiente a ver el expediente administrativo”, marcó la abogada. Para otorgar un certificado ambiental válido, es necesario dar participación ciudadana en audiencia pública.

“La comunidad de Diamante no sabe de qué se trata este proyecto. A algunos les han ofrecido trabajo. La experiencia que conocemos con el desembarco de estas empresas en Latinoamérica es que no emplean a profesionales de acá, ellos traen a sus propios ingenieros y técnicos, a su propia tecnología. Sólo absorben obreros para tareas de limpieza o mantenimiento”, manifestó.

Cabe remarcar que la empresa ya funciona con un certificado otorgado en diciembre por 120 días que se fue prorrogando, sin haber hecho audiencia pública.  A eso hay que agregar que la Secretaría de Ambiente nunca supo sobre esa licencia otorgada por parte del municipio, si no que eso fue informado por la propia empresa (lo presentó en el marco del expediente iniciado a raíz de la denuncia pública sobre el funcionamiento sin autorización).

La audiencia fue impugnada.