Alejandro Canavesio*

Tal como afirmé cuando asumí este año la representación institucional de todos los matriculados de la provincia, creo que es fundamental bregar por el real cumplimiento de la división de poderes, establecida constitucionalmente, como sistema de gobierno y de república.

Lo que sucedió con el Juicio por Jurados no hace otra cosa que marcar que, con el diálogo y el consenso, se pueden lograr objetivos concretos.

Desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados, en cumplimiento con los objetivos que nos marca la ley de creación, impulsamos la idea del juicio por jurados hace varios años. Pasaron distintas gestiones, muchas reuniones, exposiciones públicas, presentaciones ante dirigentes políticos y encuentro con legisladores

Con la firme idea y fuerza de varios abogados penalistas reconocidos de nuestra matrícula y el aporte de muchas personas, logramos que el tema se instale en la agenda política.

Esta semana el Superior Tribunal de Justicia y el gobierno de Entre Ríos, con el compromiso personal de sus máximas autoridades, apoyaron institucionalmente la iniciativa ante un auditorio repleto de legisladores, periodistas, abogados y personas interesadas en un mejor servicio de justicia.

Ahora será el turno del Poder Legislativo, que en ambas cámaras y en las comisiones que corresponda, deberá estudiar el tema y perfeccionar, artículo por artículo, el proyecto inicial que impulsamos desde el Colegio de Abogados.

La foto que vimos en la presentación del proyecto de Juicio por Jurados, junto con las excelentes jornadas técnicas que se realizaron, es una demostración que los poderes del Estado deben trabajar en conjunto, para cambiar la realidad social, garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida a la gente.

Pero en este trabajo en conjunto, siempre debe ser el orden republicano, de división de poderes el que prime por encima de cualquier situación en particular. El Ejecutivo administra, el Poder Legislativo crea leyes y el poder Judicial investiga y juzga los delitos, con absoluta independencia. Parece una obviedad, pero nunca hay que perderlo de vista.

Hay cuestiones que nos preocupan como profesionales matriculados sobre el correcto funcionamiento de los distintos poderes del Estado.

La noticia sobre el cambio de fechas para el examen del concurso lanzado en abril por el Tribunal de Cuentas de la provincia para cubrir cargos vacantes de auditores entre abogados y contadores, generó alguna lógica preocupación entre los inscriptos. Como hombres de derecho, creemos que se deben tomar todos los recaudos para que estos procedimientos cuenten con todas las garantías legales y constitucionales correspondientes. Es atendible la observación presupuestaria que hace el Ministerio de Economía, como también prudente la resolución del Tribunal de Cuentas de posponer temporalmente la convocatoria hasta que cuente con todos los avales institucionales necesarios.

Confiamos en que el diálogo es la herramienta para solucionar las diferencias y que los 270 profesionales independientes que se presentaron al concurso accederán al derecho de concursar, con reglas claras e igualdad de condiciones, para ingresar a un órgano de control del Estado. También debemos ser coherente y destacar el llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes del Tribunal de Cuentas, dando cabal cumplimiento a la manda constitucional.

Hace muy poco tiempo, en términos históricos, que como provincia logramos sancionar una Constitución Provincial de avanzada en muchas cuestiones, que hacen a la convivencia social de los entrerrianos. Si bien falta reglamentar varios institutos creados, no podemos desconocer el camino recorrido.

Una vez más, cada poder del Estado debe ejercer su rol y confiamos que en Entre Ríos será el diálogo político entre los distintos actores el que salde las deudas institucionales que aún hoy tenemos.

*Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos