De ANÁLISIS

Por la tarde se retomó la discusión de la elevación a juicio en la causa “Contratos Truchos de la Legislatura”, y la defensa insistió con una serie de cuestionamientos: puso en duda la forma en que se recolectaron las pruebas digitales y la elección de los testigos propuestos por Fiscalía. La audiencia se realiza ante la jueza Marina Barbagelata.

Durante la mañana los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano respondieron a los planteos defensivos esgrimidos durante la jornada de ayer. Pasado el mediodía, la palabra volvió a la defensa y los argumentos continuaron en la tesitura de la exclusión de prueba. Entre los aspectos centrales que usó la defensa se destacó el cuestionamiento de la idoneidad para la recolección de pruebas electrónicas.

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El abogado defensor Tomás Vírgala, en representación de Ariel Faure, planteó la vulneración del protocolo guía para el levantamiento y conservación de la evidencia. Los argumentos buscaron respaldar la tesis de que la exclusión de prueba debería tener lugar, a partir de no haberse respetado las garantías del protocolo unificado para la recolección de evidencia.

En este sentido, además, cuestionó la idoneidad de quienes intervienen en el levantamiento de pruebas. Aunque el Ministerio Público Fiscal había desestimado el planteo, argumentando que refiere una ley provincial sancionada en 2021 (motivo por el cual la fiscalía cuestionó antes dicho argumento), el defensor argumentó que se trata de una adhesión a la ley nacional 27.411 sobre ciberdelito que fue sancionada en 2017 (siendo que los allanamientos donde se cuestionan la recolección de evidencia tuvieron lugar en 2018).

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Así las cosas, el planteo defensivo se centró en la importancia de la cadena de custodia de los elementos y en que “el estándar mínimo de discusión es la legalidad de cómo se incorpora la prueba”. Por ende, según Vírgala, la evidencia electrónica debe ser desestimada por no haber sido registrada de forma válida. Por su parte, el abogado defensor Miguel Cullen, además de adherir a lo expuesto por su colega, objetó la designación de los testigos dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

En sintonía con el abogado José Velázquez (defensor en representación de Flavia Beckman y Hugo Mena), cuestionó la decisión del MPF de incorporar como testigos a quienes fueron beneficiados por los contratos. Cullen criticó la consideración de los contratados -que, vale recordar, no ofrecieron ninguna prestación a cambio- como víctimas, y se refirió a la posibilidad concreta de que esos testigos se autoincriminen y al carácter anticonstitucional que eso implicaría.

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Como lo hiciera Velázquez, se respaldó en el discurso pronunciado por el Gobernador, donde determinó que el Poder Legislativo lleve a cabo procedimientos para reclamar el dinero a las personas que se vieron beneficiadas por los contratos. Pero, además, el defensor consideró que se modificó el hecho por el cual se llegó a esta instancia. “Se ha dicho que se va a cambiar el sustrato fáctico que venimos investigando hace años. Ahora, se sostiene que además de investigar los delitos en la administración pública se va a investigar el fraude de la firma. Para evitar una exclusión probatoria, se altera la base fáctica y se nos ha traído a un escenario nuevo”, mencionó Cullen.

Las audiencias continuarán en la jornada de mañana, desde las 9.