Motosierra. El Gobierno continuó con despidos de empleados, pero volvió a nombrar a funcionarios que no cumplen con los requisitos exigidos por Ley.
Las únicas dos veces que la palabra “mérito” aparece en el Boletín Oficial junto al término “designación”, en el mes de junio, es para aplicar la resolución 53/2022 de la ex-Secretaría de Gestión y Empleo Público, que habilita a los trabajadores de planta permanente a solicitar un reconocimiento salarial por las tareas ejecutivas que –aunque no hayan sido nombrados– realizan de hecho. Por lo demás, y según un relevamiento que hizo el portal de Perfil, entre las más de 150 veces que se anunció una designación en el mismo período de tiempo, casi el 70% de los casos está acompañado de una “excepción”.
De esas más de 150 designaciones, la mitad son nombramientos de nuevos funcionarios y el resto son prórrogas de cargos que ya estaban ocupados, pero que habían sido otorgados por 180 días y cuyo plazo se había concluido. En el primer puesto del ranking de designaciones de nuevos funcionarios está el Ministerio de Salud (19 nombramientos), seguido por Capital Humano (catorce), Economía (13) y la Jefatura de Gabinete (diez). Salvo en el caso de Salud, que realiza nombramientos especializados, el resto de los nuevos directivos, en su mayoría, está exceptuado de cumplir con los requisitos mínimos de contratación establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. En algunas resoluciones se especifica también una excepción al cumplimiento del inciso 2 del artículo 1 del decreto 1.148 del 30 de diciembre de 2024, aprobado por la actual administración. En resumidas cuentas, la norma establece que los organismos de la Administración Pública Nacional “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, consignó el portal de Perfil.
Detrás de estos nombramientos se encuentran el Ministerio de Seguridad, con cinco designaciones; y el Ministerio de Defensa, con tres. En este último caso se destaca la designación de Jorge Adorni –hermano del vocero presidencial, Manuel– como Director Representante del Ministerio de Defensa en el directorio del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares.
El vocero también sumó a un funcionario al equipo de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación: se trata de Facundo Martín Moreno, a cargo de la Coordinación y el monitoreo y métricas de la Dirección Nacional de Vocería y Comunicación Directa de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.
Javier Milei con la motosierra, símbolo de su gestión.
Su caso es uno de los tantos en los que explícitamente “se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio”.
La Secretaría de Presidencia incorporó a Juan Pablo Scalese como Director de Relaciones con la Comunidad, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría de Presidencia; y a Macarena Jimena Rodríguez –quien viajó junto a la comitiva presidencial para el funeral del papa Francisco y a quien este mes se le aceptó la renuncia como funcionaria de la Secretaría que dirige Adorni– para pasar a ser ahora Coordinadora de Cobertura Presidencial de la Dirección de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría de Presidencia, reflejó el portal de Perfil.
Estos dos funcionarios están exceptuados, también, de cumplir con las exigencias básicas (estudios o experiencia en el área) para su contratación.
El organismo que dirige Karina Milei además prorrogó por 180 días las designaciones de Guido Ariel Gattari Palomino como director de Competitividad de la Marca dependiente de la Dirección Nacional de Marca País, y la de Leonardo Pablo Simoncini como director de la Dirección de la Residencia Presidencial de Chapadmalal. Los dos altos cargos tampoco tienen la obligación, según las resoluciones, de contar con las habilidades que son condición en el Convenio.
De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 la dotación de personal de la Administración Pública Nacional y Sociedades del Estado se redujo en 52.340, “lo que implica una caída del 15,2%”, explicaron.
Respecto a los Ministerios que más crecieron en cargos directivos en el último mes, el informe señala que de noviembre de 2023 a mayo de 2025 puede observarse que, en el ámbito de la salud pública, se registraron reducciones “que resultan particularmente graves”. Entre ellas, “en el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones ‘Lic. Laura Bonaparte’”, que sufrieron recortes del 39%. Entre abril y mayo, de acuerdo con el último informe del Indec, el personal del Ministerio de Salud se redujo en un 0,3%, destacó el portal de Perfil.
En el área de Capital Humano, que nombró a catorce funcionarios en junio y prorrogó el contrato de más de una decena, el ajuste también fue del 0,3%; mientras en el Ministerio de Economía –que en el sexto mes del año designó a trece funcionarios y prorrogó a otros veinte– disminuyó su planta en un 1,1%.
La Jefatura de Gabinete –con diez nombramientos publicados en el Boletín Oficial y otras dos decenas de prórrogas– contrajo la cantidad de empleados en un 1,3% en el mismo período.
En total, entre abril y mayo, se perdieron 1.784 puestos de trabajo.
El informe de CEPA sintetiza que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, en términos absolutos, “las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados”, por lo que “el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo”.
Por otro lado, un estudio reciente de la UBA advirtió que, desde noviembre de 2023 se perdieron en Argentina 196 mil puestos de trabajo formales.
