Por Diego Cabot (*)

Ala Argentina de los tiempos cortos, de la memoria inmediata, de la palabra rebozada en pólvora le cuesta tomar perspectiva del avance de un fenómeno desconocido de la democracia: la criminalización de la investigación periodística.

Escondido detrás de los ruidos de la campaña, la Comisión Provincial de la Memoria presentó un informe en el que concluye que consultar fuentes, confrontar los hechos, chequear la información y publicar una noticia es hacer espionaje.

El trabajo de un periodista se ha convertido en un delito que bien podría pagarse con la cárcel. La simplificación de la idea no solo es propia de esta nota, que debe compilar lo importante en los primeros párrafos, tal como enseñan las facultades de comunicación -o de espionaje, según el dictamen-, sino que es el más acabado resumen argumental de 191 páginas que claramente quedarán en la memoria.

La hipótesis es simple. Un personaje (Marcelo D'Alessio) supuestamente es espía, mentiroso, manipulador y mercader de información. Un periodista se encuentra con los datos o los busca -da lo mismo-, los corrobora y publica los que puede probar. Conclusión de la comisión: es delito.

La profundidad del problema queda en evidencia en varios aspectos. El primero es que la Constitución protege la labor periodística: otorga el derecho de guardar silencio sobre la identidad de la fuente. No hay dudas doctrinarias sobre la motivación de los constitucionalistas. Entregaron una enorme herramienta para que el incentivo de buscar la verdad le ganara al temor de investigar al poder.

Ahora bien, esto no significa que el periodista esté fuera de la normativa. Lo que se protege es la investigación, no la actividad. Claro que si en el proceso se cometen delitos, el Código Penal se aplica como a cualquiera. Además, existen todas las responsabilidades ulteriores por las calumnias, injurias, difamación, instigación a cometer delitos y una batería de tipos legales que se encuadran en la actividad de la prensa.

Y eso no es todo. El periodista paga la mala información que propaga con lo más preciado que tiene: la credibilidad. Los consumidores de noticias premian o castigan a diario a los comunicadores cuando los eligen o los descartan. El costo de equivocarse es enorme. La inmediatez de las redes y la cobardía del anonimato que en ellas se esconde son otra factura que se paga ante un error.

Y, como si fuese poco, los implicados en la información incorrecta tienen sus acciones posteriores. Son las reglas de juego y hay que aceptarlas. Lo que es imposible hacer es determinar que el juego es delito.

En este caso, la Comisión de la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel considera que Marcelo D'Alessio hacía espionaje. Dicho esto, todos los periodistas que intercambiaron información con él participaron de sus operaciones ilícitas. Jamás se les ocurrió a los auxiliares convocados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hacerse una pregunta básica: ¿son verdaderos o falsos los hechos que se publicaron?

Para que el único premio Nobel vivo de la Argentina trabaje, el juez le entregó todas las pruebas que secuestró en los procesos de allanamiento y detención de D'Alessio. Básicamente, archivos digitales.

La comisión transcribe cada una de las carpetas y los archivos guardados en los servidores, en los discos rígidos o en los reservorios de los celulares que les fueron entregados por la Justicia. Gran parte de la información que el dictamen detalla como espionaje es de Enarsa, la petrolera estatal creada por Néstor Kirchner en 2005 que devino en una enorme caja oscura, por no decir negra, para importar energía. D'Alessio recolectó mucha información de negocios y delitos que se cocinaban a la luz de la crisis energética.

Ahora bien, el falso abogado era directivo de la compañía puesto por el kirchnerismo. Es decir, tenía información de la empresa en la que el gobierno lo había nombrado. Unos pocos días duró en el cargo con este gobierno.

El informe es el basamento ideológico que necesita gran parte del kirchnerismo para lograr un objetivo tan simple como previsible: hacer que la investigación periodística sea delito. Y es probable que jamás se llegue a ver un periodista preso. Pero a no equivocarse: ese no es el fin. El objetivo es que la prensa deje de investigar. Saben perfectamente que los vientos políticos que mueven la veleta de la Justicia no suelen determinar tan fácil la conducta de los buenos en el oficio.

(*) Publicado en La Nación