Los ciudadanos que pagan la falencia del Estado

La falta de tobilleras impide el normal cumplimiento de los derechos ciudadanos.

Por Juan Cruz Butvilofsky (*)

Los dos casos más resonantes de estos últimos tiempos en Paraná pusieron, una vez más, en evidencia las falencias del Estado. No analizaremos aquí los pormenores de las causas ni tampoco pondremos en crisis las decisiones de la Justicia. Sin embargo, analizaremos como una falencia estatal recae por decisión del propio Estado sobre los ciudadanos que ven afectados sus derechos. 

El juez Ricardo Bonazzola dispuso la prisión preventiva para los 4 imputados en la causa por el crimen de Gonzalo Calleja durante las primeras horas de este viernes. A la mañana, el mismo magistrado entendió necesario que 2 de los 3 imputados en la causa por el robo al corralón Almafuerte también deban estar bajo arresto preventivo mientras avanza la investigación. 

Hasta ahí, todo bien. El juez entendió que los imputados podían entorpecer la causa y/o fugarse para evitar el avance de la investigación. Lo que está mal es lo siguiente: el magistrado entendió que todos los imputados estaban en condiciones de estar bajo arresto preventivo en sus casas. 

Podemos discutir esa decisión del juez, pero fue su decisión en base a las pruebas y relatos de cada una de las partes. Le concedió a los fiscales el pedido de prisión preventiva, pero entendió que los riesgos procesales se evitaban con un simple arresto domiciliario que cuente con el monitoreo electrónico a través de las tobilleras. 

Pero el Estado falla y las consecuencias de esa falla las pagan los ciudadanos. Desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos se informó que al día de la fecha no se cuentan con tobilleras disponibles en la provincia. En ese contexto, el juez optó por agravar la modalidad en lugar de morigerarla. Entonces dispuso que "hasta que haya tobilleras disponibles" los imputados -inocentes hasta que se demuestre lo contrario- deberán pasar sus próximos días en la cárcel de Paraná. 

Es decir, el Estado resuelve algo acorde a derecho pero como no lo puede llevar a cabo, los que pagan son los ciudadanos acusados. La ecuación es sencilla: la falencia del Estado recorta los derechos de los imputados. 

No se trata de estos casos en particular, sino una situación más compleja. Por ejemplo, en las causas por violencia de género las tobilleras se necesitan y mucho. Hay muchos casos en donde no se pueden controlar medidas de restricción y/o prisiones domiciliarias por no tener las tobilleras. Desgraciadamente, en alguno de esos casos, el saldo de la ineficacia del Estado es mucho peor y todo termina en un femicidio. 

De hecho hubo funcionarias nacionales que aseguraron que la responsabilidad era de las provincias que "no pedían las tobilleras a Nación". Más allá de cuál es el nivel del Estado que falla y de quien es la responsabilidad, el resultado es el mismo: el Estado falla, pagan los ciudadanos. 

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