Expropiación de Vicentín:“No hay una situación de estatizaciones masivas”, opinó Casaretto

Marcelo Casaretto

Para Casaretto, la expropiación de Vicentín "puede ser útil para regular el comercio exterior, y el ingreso y salida de divisas, no para beneficio del Estado sino para beneficio de los argentinos”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ-Entre Ríos) se refirió a la decisión presidencial de intervenir la empresa Vicentín para buscar luego su expropiación a través del Congreso.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Casaretto indicó que “ayer se conoció el decreto y seguramente en las próximas horas se estará mandando el proyecto de ley” de expropiación de Vicentín y en cuanto a la posibilidad de aprobar la iniciativa mencionó: “La conformación del Congreso está que tenemos una mayoría en la Cámara de Senadores y una primer minoría en la Cámara de Diputados pero en total tenemos 118 votos en nuestro bloque y se necesitan 129 para el quórum y aprobar las normas”.

“Por estas horas se están conociendo pronunciamiento de los bloques de oposición, Juntos por el Cambio rechaza el proyecto y otros bloques minoritarios se están pronunciando a favor o en contra, así que esperamos sumar consenso para conseguir la mayoría, poder sesionar y aprobar la ley”, deseó.

Recordó que “lo que se dispone es la intervención por la vía de Decreto de Necesidad y Urgencia, ayer viajaron las autoridades designadas por el presidente porque la empresa se declaró en cesación de pagos en diciembre y se presentó en concurso de acreedores en febrero es decir que está bajo el control del Juzgado de Reconquista, por eso el decreto certificado por la Escribanía de Gobierno se presentó ayer ante el juez y luego se están haciendo cargo de la empresa hoy, y a partir de ahí se verá”.

“La realidad que conocemos es la información que dio la empresa la presentarse al concurso de acreedores donde acusa una deuda de 1.350 millones de dólares con productores, empresarios locales, y con bancos dentro de los cuales, la deuda más importante es con el Banco Nación”, describió.

En este contexto, el legislador sostuvo: “La oposición plantea lo que puede perder el Estado (con la expropiación) y yo planteo lo que perdió el Estado porque el Banco Nación le dio 18.000 millones de pesos en créditos, que se lo otorgaron una semana antes de que la empresa se declarara en default en diciembre, y en noviembre ya con elecciones realizadas se le seguía dando crédito a una empresa que claramente estaba mostrando su insolvencia”.

Y planteó que la empresa “ha tomado todos los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) de este gobierno, con lo cual el Estado le está pagando la mitad de los sueldos a todos, entonces qué sentido tiene que el estado aporte créditos que la empresa no devuelve, que pague los sueldos y demás, y en realidad todo lo que queda de la empresa sería prácticamente todo del Estado”.

Respecto de los alcances de la expropiación, Casaretto dijo desconocer “la estrategia de conducción de la empresa” y destacó que “se puso al frente a Ricardo Delgado que fue secretario de Agricultura de la Nación hasta 2015, un profesional del sector, técnico del INTA durante muchos años y con muchos estudios de posgrado y maestrías”.

Estimó en tal sentido que “seguramente a partir de hoy empezará a diseñar la estrategia, pero no la conozco; sé que la empresa tiene granos, semillas, oleaginosas, una bodega en Mendoza, que tiene una textil, el frigorífico Friar, una fábrica de cartón y otras unidades de negocios”.

Sobre lo estratégico de la determinación presidencial, Cassaretto analizó que “durante las últimas semanas hubo una discusión sobre cuál es la participación que el Estado debe tener –sea apoyando con créditos, con programas, o subsidios- en las empresas del sector privado, lógicamente si hay una pyme el Estado aporta y la conducción de la empresa está a cargo de sus titulares, pero cuando hablamos de estas grandes empresas que demandan una asistencia tan grande del Estado –en el caso de Vicentín son 18.000 millones de pesos del Banco Nación- la situación es diferente”.

Al respecto, remarcó que “los últimos desembolsos de miles de millones se dieron en noviembre, entre las elecciones generales y el recambio de gobierno, por eso está la denuncia contra el directorio del Banco Nación y Javier González Fraga porque ni siquiera se cumplieron los reglamentos del Banco Nación”.

Asimismo, el diputado nacional se preguntó si “actuamos antes, durante o después de la crisis de las empresas” y analizó: “Alguien puede decir que es una empresa privada, con un problema privado y acreedores privados, pero no es así porque le está debiendo al Estado y en el marco del concurso está ofreciendo hacer una quita del 50% con lo cual le tenemos que regalar 9.000 millones para que esos sigan siendo privados, y encima son re privados pero resulta que al 50% de los sueldos se los paga el Estado”. 

En este marco, planteó: “Hoy se calcula que hay acreencias de productores entrerrianos por varios millones de pesos, es de unos 1.000 millones de pesos la deuda que el Grupo Vicentín tiene en Entre Ríos, y esos entrerrianos no van a cobrar nunca porque la oferta es pagarles el 50% en mucho tiempo. Si al problema lo dejamos en el marco del concurso, no hay acuerdo, el Grupo quiebra, cierra todas las empresas, despiden a todo el personal y de hecho ya una de esas empresas había suspendido en marzo a 500 trabajadores. Es decir que, si dejamos caer la empresa, desaparecen las empresas, se destruyen los puestos de trabajo, y después necesitamos la recuperación. Por eso el presidente plantea que es más barato sostener la empresa y pagar los sueldos, antes que dejar que se caiga y luego salir a recuperarlas”.

Ratificó que “en el medio también hay un tema de soberanía alimentaria y tiene que ver con la intervención en un sector estratégico del rubro alimentación, porque si no aparece Manzano con un grupo inversor del mundo, se va a extranjerizar la empresa, y de nuevo va a estar en manos de las multinacionales dominando el comercio exterior”. “Si el gobierno está perdiendo dinero con la plata que ya puso, que asuma la conducción de la empresa de acuerdo a los intereses nacionales y no para otros intereses que buscan extranjerizar otro sector más de la economía argentina”, sentenció.

En cuanto a las condiciones comerciales de la empresa explicó que “esta es una unidad de negocios que compite en el sector privado, es una sociedad anónima que tiene sus reglas de funcionamiento de acuerdo al derecho privado, los trabajadores no pasan a ser empleados públicos sino que siguen siendo empleados bajo convenio en cada una de las ramas de las actividades en que se desempeñan, y va a competir en el mercado privado. Esto no se ve como una fuente de ingresos para el Estado sino que por el contrario es una empresa que tiene un déficit importante y que hay que tratar de sanear y sostener”.

Planteó además que “esta es una decisión puntual en relación a una empresa que está en crisis, no es una situación de estatizaciones masivas, ni es Venezuela ni Cuba como dicen algunos gorilas recalcitrantes” y explicitó que “hay que ver si el Estado entra para salir o entra para quedarse; la intervención es por 60 días y si se aprueba la ley de expropiación, el Estado se hace cargo de todos los activos y pasivos, en consecuencia si se aprueba la ley el Estado ingresa para quedarse con una empresa testigo del sector”.

Finalmente, opinó que “en este caso, el gobierno tomó la decisión de intervenir en este sector a partir de una necesidad puntual por una crisis de una empresa y creo que puede ser útil para regular el comercio exterior, el ingreso y salida de divisas, no para beneficio del Estado sino para beneficio de los argentinos”.

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