El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes expresó en el programa de televisión Fuera de Juego (Canal 9 Litoral) que hay varios e importantes bienes de Sergio Urribarri que están embargados desde “febrero de 2018, es decir, cuando habían empezado las investigaciones” que terminaron con una condena en primera instancia.

Además, repasó el rol de la Fiscalía de Estado frente a varios hechos de corrupción con sentencia condenatoria firme y recorrió cómo fue el largo recupero económico para reparar en parte el daño infligido al Estado y al conjunto de la sociedad.

Recordó los casos como el del Puerto de Ibicuy, la liquidación del Frigorífico de Santa Elena, más lejos en el tiempo lo sucedido con parte de las causas vinculadas con la Línea Aérea de Entre Ríos (Laer) y el Banco de Entre Ríos (Bersa), entre otras. “Le podría decir que la reparación económica en todos los procesos debe ser exitosa en alrededor del 80 por ciento”.

Rodríguez Signes expresó en el programa de televisión Fuera de Juego (Canal 9 Litoral) la administración tiene que funcionar, “las obras se tienen que hacer, el sistema tiene que seguir funcionando; porque se corre el riesgo que por determinados temores la administración se paralice”. Y destacó que “es sano que las instituciones funcionen y que las partes puedan debatir en un proceso (…) y que se determinen las responsabilidades como correspondan”.

-Luego de la condena al ex gobernador Sergio Urribarri, ¿qué le corresponde accionar a la Fiscalía de Estado?

-A la Fiscalía de Estado le corresponde una acción civil., en los casos que la condena quede firme. En la Argentina tenemos la garantía procesal de la doble instancia. Pero, en el caso que quede firme, a la Fiscalía de Estado le corresponde el ejercicio de la acción civil.

- ¿Se dispondrán embargos u otras medidas cautelares para evitar que algunos bienes “desaparezcan”?

-Estamos sumamente tranquilos en ese aspecto, porque en febrero de 2018, es decir, cuando habían empezado las investigaciones ya se habían trabado embargos sobre una cantidad importantísima de inmuebles, de bienes muebles registrables, acciones, anotaciones de la Litis (Nota de la Redacción: Anotación de Litis es una declaración judicial realizada en el Registro de Propiedad como medida cautelar sobre bienes del demandado, para informar a los posibles compradores que el bien es litigioso, es decir, que existe un litigio donde el demandante pretende derechos sobre la propiedad del demandado), prácticamente toda la batería de medidas cautelares que el Código ofrece estaban trabadas y se mantienen trabadas; más allá del decomiso que se ordenó en la sentencia. De manera que hay un resguardo acerca de la reparación patrimonial.

- ¿Cuánto se ha recuperado por parte del Estado de causas judiciales similares? Recordamos el caso del ex senador por el Departamento Concordia, Mario Yedro, las propiedades del exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Oser) Héctor Hugo Righelato.

-Diría que en cada proceso judicial que ha concluido con una sentencia condenatoria ha existido un resarcimiento. En ese sentido, el sistema funciona más allá de la existencia de los casos en sí. Pero, no podría cuantificar globalmente, aunque en cada uno de los juicios ha existido un recupero. En el caso Yedro hubo un recupero del campo que se le decomisó. En el caso de (Domingo Daniel) Rossi (ex vicegobernador y actual intendente de Santa Elena) hubo una reparación económica por su enriquecimiento ilícito. En ese caso, él hizo un acuerdo y compensó económicamente el daño. En el caso Taleb (por Raúl Abraham Taleb, exlegislador provincial y exembajador argentino en Cuba) hubo un decomiso. En todos los casos le diría hubo decomiso. Estamos hablando de aquellos casos que tuvieron sentencia firme, porque hablamos de situaciones donde la sentencia debe adquirir ese estado.

-De manera más específica: Puerto Ibicuy, por ejemplo. Se habían desviado varios millones de dólares que debían ser destinadas a obras.

-Estamos hablando del caso Pacayut. En este caso hay una diferencia importante: no se determinó un perjuicio exactamente. Sino que hubo una estimación.

-La denuncia original hablaba de 14 millones de dólares.

-Claro. Pero ese fue el ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que se le otorgó a la Provincia para la construcción de un muelle flotante. Pero ese muelle se construyó. Es más, nosotros desde hace un tiempo estamos procurando terminar con ese muelle para poder ponerlo operativo. Ahí sí tenemos problemas con las empresas Perfomar y Agroperfo porque hay juicios en trámites porque esas firmas se han diluido, han desaparecido los accionistas. En este caso, sí; un caso antiguo.

- ¿Cómo se encuentra la liquidación del Frigorífico Santa Elena?

-La liquidación del Frigorífico Santa Elena terminó hace poco. El ministro de Economía (Hugo Alberto) Ballay dispuso el cierre de esa liquidación. En este caso, se fueron vendiendo los inmuebles que le quedaron al Frigorífico Santa Elena Residual. No le puedo decir una estimación del perjuicio, pero sí del Bersa (Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima), por ejemplo.

-A ver…

-En el Bersa hay un caso actual. El Tribunal de Cuentas determinó un perjuicio económico por el no cobro de la denominada “cartera garantizada” y se determinó una responsabilidad en cabeza de un abogado (Gustavo) Borrajo. Se le inició una demanda por daños y perjuicios y está en trámite. Tiene sentencia en primera instancia. Se hizo lugar parcialmente.

-Hay que recordar que Borrajo fue presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.

-Claro. Estamos hablando de un juicio de 30 millones de pesos/dólares. Ese daño se produjo en época de la Convertibilidad.

-Y con la liquidación de Línea Aérea de Entre Ríos (Laer), ¿cuánto dinero se perdió?

-No con la liquidación, sino con los juicios por viajes que se hicieron y no se pagaron; por alquileres que tampoco se pagaron o por leasing (Nota de la Redacción: sistema de arrendamiento de bienes de equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario.) de aviones que no se devolvieron.

-Pero, ¿hay un número aproximado?

-A valores históricos debemos estar aproximadamente en 15 millones de pesos. Estamos hablando de prestaciones o contratos que Laer no pagó. No estoy hablando de aquel caso de la compra de un avión. En ese caso, el Tribunal de Cuentas determinó el perjuicio; nosotros le hicimos una demanda al ex gobernador (Sergio Alberto) Montiel y el Poder Judicial nos rechazó la demanda. Hay veces que el resarcimiento es posible y en otras no. Hay veces que los jueces dictan una sentencia en un sentido y en otras ocasiones para el otro sentido.

-Desde que usted está en el cargo, ¿cuánto dinero perdió el Estado entrerriano en juicios y cuánto recuperó?

-Nosotros tenemos aproximadamente siete mil juicios, de los cuales la gran mayoría es el Estado el demandado. Y esos juicios son por muchas causas. No le puedo decir una cifra total sobre cuánto suman las demandas contra el Estado. Pero, lo que sí puedo decir es que las defensas son mucho más exitosas de lo que se cree comúnmente. La gente cree que el Estado pierde millones y millones en juicios y, sin embargo, la defensa que se hace desde Fiscalía es muy buena.

- ¿Cuál es la demanda más antigua que usted tiene contra el Estado?

-Se acuerda de la Letra de Cambio 21, que se entregó en Estados Unidos (gobierno de Mario Moine), todavía sigue dando vuelta en algún lugar del mundo. Para nosotros es algo que está prescripto; pero igualmente ejercemos la defensa y hasta ahora lo hemos hecho exitosamente. No me acuerdo exactamente, pero eran como 21 millones de dólares.

- ¿Y cuál es el más complejo en dinero reclamado a la Provincia?

-El de la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires, del año 2016-2017. Eso terminó en un acuerdo fiscal beneficioso para la Provincia, porque Entre Ríos recupera el 15 por ciento de la coparticipación. Hablo el juicio de los Fondos del Conurbano Bonaerense. Ese fue el más cuantioso de todos y lo ganamos. Mejor dicho, terminamos acordando y la Provincia de Buenos Aires desistió de la demanda.

-Hasta que usted ingresó a la función pública, era uno de los abogados penalistas más requerido de Paraná. Fue concejal, legislador y llegó a ser Fiscal de Estado bajo el gobierno de Sergio Urribarri. ¿Cómo siguió ese juicio?

-Traté de adoptar una actitud lo más objetiva posible, pensando en lo que me preguntaba al principio: si la condena se afirma, me tocará reclamar la reparación del perjuicio contra una persona que fue gobernador de la Provincia de Entre Ríos por ocho años consecutivos. De manera que lo tomé con mucha objetividad. Escuché el (adelanto) de la sentencia detenidamente. Tomé nota precisa de lo que se fue razonando, argumentando en esa sentencia. Y después le di mi opinión al gobernador de la provincia (Gustavo Bordet) cuando él me la solicitó. Una opinión objetiva y muy profesional. A veces leo algunos artículos que dan cuenta de la cantidad de funcionarios están condenados en la Provincia de Entre Ríos. Eso puede tener dos lecturas. Una de esas lecturas –la mía- dice que el sistema con sus defectos, sus demoras, funciona. Le podría decir que la reparación económica en todos los procesos debe ser exitosa en alrededor del 80 por ciento. No sé qué pasará en las demás provincias, pero Entre Ríos puede decir que sus instituciones funcionan; que el Poder Judicial tiene independencia; que se ha potenciado a un Ministerio Público Fiscal. Este Ministerio Público Fiscal no existía en 2007; existió a partir de la Reforma de 2008. Bueno, está rodando, está funcionando. Tengo la experiencia de lo que fue la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en el período 1999-2003. He vivido los gobiernos de facto. Entonces, creo que en la democracia que tenemos desde 1983 hay que cuidarla y la tenemos que cuidar todos: los políticos y los funcionarios primero, pero todo el resto también la debe cuidar. Y en Entre Ríos el sistema funciona razonablemente bien y los Poderes se están desempeñando correctamente.

- ¿Cómo considera usted que le cayó al funcionariado de primera, segunda y tercera línea el fallo del Tribunal que condenó a Urribarri? Porque se puso una vara: hechos de corrupción serán investigados y no le temblarán las manos para condenar a quien fuese.

-Los jueces dejaron en claro que una cosa es la acción penal y otra el funcionamiento de los órganos de controles. Cada uno tiene su rol. El mío es el ejercicio de la acción civil; el Tribunal de Cuentas el de revisar las cuentas de la Provincia; pero el del Poder Judicial en el ámbito penal es el de la investigación de los delitos contra la administración pública. Para serle absolutamente sincero, veo como un exceso de sensibilidad; como que hay precauciones excesivas, si se me permite el término. Lo que no quiero es que la administración pública se paralice por temor a una denuncia. La administración tiene que funcionar, las obras se tienen que hacer, el sistema tiene que seguir funcionando; porque se corre el riesgo que por determinados temores la administración se paralice. Pero, por el otro lado, lo que le dije al principio: las instituciones funcionan. Es sano que funcionen y que las partes puedan debatir en un proceso como fue éste o como sigue siendo porque no ha concluido; y que se determinen las responsabilidades como correspondan.