(De ANALISIS)
Durante la gestión de Gustavo Bordet como gobernador de Entre Ríos se implementó una práctica que ha generado fuertes críticas: el supuesto encubrimiento del pago de intereses de la obra pública bajo ítems que simulaban ser nuevas inversiones en infraestructura. Esta metodología, que pasó desapercibida para legisladores oficialistas y opositores, así como para organismos de control como la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, resultó en un perjuicio millonario para el Estado entrerriano. Miles de millones de pesos fueron desviados, recursos que podrían haberse destinado a proyectos esenciales como escuelas, rutas, caminos productivos o viviendas.
El gobernador Rogelio Frigerio, en la apertura del 146º período de sesiones legislativas, denunció públicamente estas irregularidades. En su discurso, destacó que los entrerrianos perdieron grandes sumas de dinero debido a la ineficiencia estatal, señalando que los intereses millonarios generados por pagos tardíos de certificados de obra pública eran ocultados bajo partidas de gasto que simulaban ser construcciones en bienes de dominio público. Frigerio afirmó: “Nunca encontramos certificados de obra pública pagados a tiempo, y lo más grave es que los intereses ocultos no podían cuantificarse, ya que eran camuflados como imputaciones generales de obras”.
Un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) profundizó la denuncia que hizo el primer mandatario y los datos que surgen son alarmantes. Entre las áreas más afectadas se encuentran la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Durante los años 2022 y 2023, se registraron pagos excesivos por más de 94 millones de pesos en intereses a empresas contratistas como Dos Arroyos, Pietroboni, Satler, Losi, Daniel Barón, Nuevo Lucero, Pitón, Coinar y DeMartín. Además, la firma Losi mantiene 11 juicios ejecutivos en curso, con reclamos que ascienden a 1.200 millones de pesos. Aunque estos reclamos son válidos desde el punto de vista legal, surge la pregunta de por qué no se cumplieron los plazos de pago establecidos y quiénes son los responsables de este desmanejo.
Lo llamativo es que, durante la gestión de Alicia Feltes al frente de la DPV, el pago de intereses se volvió una práctica sistemática, comprometiendo recursos que podrían haberse utilizado para obras esenciales, como puentes y alcantarillas. Además, los intereses se imputaron incorrectamente en partidas de gasto correspondientes a construcciones de bienes públicos (inciso 4.2.2), en lugar de clasificarse bajo “Multas y recargos” (inciso 3.8.4), lo que dificultaba rastrear el detalle de los sobrecostos. Este supuesto encubrimiento, según expertos, pudo haberse realizado intencionadamente para evitar evidencias claras, algo que los órganos de control deberían haber detectado, pero aparentemente decidieron ignorar.
Además, sostienen que el impacto de estas prácticas no solo afectó las finanzas públicas, sino que también comprometió el funcionamiento actual y futuro del sistema de obra pública en Entre Ríos. Frigerio subrayó que aún queda mucho por esclarecer en cuanto a los responsables de esta metodología que ha comprometido recursos críticos y ha generado un perjuicio irreparable al erario público.
Un dato para destacar es que, en la actualidad, Vialidad Provincial está al día en el pago de los certificados de obra a pesar de la escasez de recursos por la crisis económica reinante.
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