Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)
“Como presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, tengo la obligación de reconstruir el peronismo, de hacer una convocatoria amplia a todos los peronistas. Los que estuvieron, los que están y los que quieren estar”, señaló Gustavo Bordet la pasada semana en un viaje al interior provincial, abundando en tópicos de la acción partidaria que deberán tratarse. Pero también prometió impulsar una reforma política “que permita y garantice que haya elecciones internas en 2019”.
La preocupación del titular del PJ apuntó a diversas cuestiones de puertas adentro. “Hoy son tiempos que nos toca pelear la adversidad y no podemos tener políticas sectarias”, señaló, reflexionando que “es tiempo de generar consensos, criterios de unidad y encaminarnos hacia un gran frente político que necesita el peronismo entrerriano para reafirmar el gobierno provincial y para poder recuperar muchas intendencias”.
No pasa desapercibida la necesidad de definir qué rol pasaría a ocupar en esta expresión plural (rechaza Bordet toda mención del verbo “amontonar”) el Frente para la Victoria, donde militan elementos residuales que no están de acuerdo con el acercamiento del gobernador con un macrismo que le dispensa una gran consideración, abriendo espacios para no pocos recelos. ¿En qué casillero se ubicarían, por ejemplo, el senador nacional Pedro Guastavino, el tres veces gobernador Jorge Busti, Emilio Martínez Garbino, Luis Leissa, Héctor Maya, entre otras figuras de conocida trayectoria peronista? ¿Qué varita mágica podrá hacerlos converger junto a nombres que hoy se repiten en los pasillos tribunalicios? El clima de denuncias contra figuras K será un duro escollo para una soñada unificación capaz de seducir al electorado.
¿Qué recursos dialécticos consensuaría ese eventual frente al encarar la campaña, donde deberán equilibrarse las críticas al gobierno nacional y a la vez arriesgar la ayuda que provenga desde la Casa Rosada? Es lógico suponer que quienes se sumen a este acuerdo –cuya meta es recuperar al peronismo-, deberán mostrar una clara aceptación de la estrategia de convivencia ensayada desde diciembre de 2015 y a la vez imaginar qué temperamento se adoptará frente a la figura de Sergio Urribarri, a quien hoy lo complican y distraen graves denuncias recaladas en la justicia. Hay porciones del urribarrismo que no comulgan con la política del gobierno provincial y aunque el mandatario y el titular de la Cámara Baja se juntan para conciliar líneas de procedimiento, ello no supone domesticar la tropa K que los rodea cargada de cuestionamientos.
¿Qué significa “ponerse la campaña al hombro? En principio se enfrenta con los presupuestos que enumeramos al comienzo de esta columna.
¿Acaso antivalores que Bordet rechaza por no resultar aceptables en términos de respeto por las normas legales y apego por los cánones éticos, tendrían vía libre a la hora de alimentar el frente? Eso sí sería amontonar.
Hablábamos al inicio de la confusión entre cargos oficiales y necesidades proselitistas. Nunca se supo con certeza y minuciosidad el monto y origen de los recursos empleados por Sergio Urribarri en su costosísima campaña pro presidencial a través del país. Debe recordarse que cuando Daniel Scioli –el contendiente de Mauricio Macri en las elecciones generales de 2015- visitó en su gira la provincia de Corrientes, lo hizo viajando en un helicóptero policial proporcionado por el gobernador entrerriano (la imagen comprometedora recorrió medios y redes sociales). Eso se llama peculado de bienes. Y si se cometió para ayudar al gobernador del principal Estado argentino en un viaje proselitista, ¿no es dable sospechar cuántas veces incurrió Urribarri en iguales desvíos y con similares fines cuando soñaba con arribar a Balcarce 50? Nunca se negó lo que una simple fotografía le mostró al país. En ese tiempo el Tribunal de Cuentas no daba ninguna garantía del debido control. Vino Bordet y comenzó a propiciar un necesario giro copernicano en dicho organismo y en eso se está.
El anuncio de Bordet originó, como era de suponer, pronta respuesta del dirigente de Cambiemos Juan Ruiz Orrico, precandidato a diputado nacional, quien en un encuentro partidario le aconsejó al mandatario que “antes que la campaña, debería ponerse la provincia al hombro”, casi rozando las prevenciones consignadas en nuestro encabezamiento. Remató Orrico que “en tiempos como los que atraviesa la provincia y los entrerrianos, cuesta creer que la atención del gobernador pase por lo meramente electoral”. Y no perdió la ocasión de sugerirle qué cuestiones debería atender en forma prioritaria, como también las consecuencias para la producción lechera en la gestión kirchnerista de 12 años. Esto preanuncia el calibre que tendrá la lucha electoral, cuando octubre ya no se ve tan distante.
Esa brisa que empieza a traer aromas de urna, seduce a algunos dirigentes, despereza a otros y preocupa a muchos. El ejercicio democrático que oficialismo y oposición se reclaman mutuamente, no parece traducirse frente a ciertos roces. Las PASO sacuden modorras y también desnudan añejas rencillas, renuevan ambiciones y agitan las aguas donde navega el apetito por controlar la Cámara Baja).
Recapitulando (para que nadie se haga el distraído) debe recordarse que la disposición de fondos y bienes del Estado para fines ajenos, alejándolos del bien común, atentan contra la ley. Generalmente quien incurre en esta falta es la persona que debía cuidar y gestionar y que termina por aprovecharse de su posición. Es una forma impura de conducta que busca el beneficio propio o de terceros.
El sujeto activo del delito de peculado es un funcionario público con responsabilidad de administración y custodia. ¿Quién se anima a arrojar la primera piedra? ¿Quién podría salir airoso ante el suero de la verdad o el detector de mentiras?
Al cierre de esta nota se revelaba que la Cámara de Droguerías de Entre Ríos había solicitado por cuarta vez una audiencia con el gobernador para plantear graves problemas. Y se publicaba en la tapa de la Revista ANÁLISIS un nuevo acto de corrupción en la órbita del Ministerio de Gobierno, que Bordet habría estado desconociendo (hoy ya no).
¿Tampoco estaría al tanto de que la Administradora Tributaria de Entre Ríos ha convocado a concurso para cubrir cargos pero fijando que los postulantes deban ser hijos de empleados? El senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) se ocupó de este hecho de torpe apartamiento de las autoridades de ATER de lo fijado por el art. 36º del estatuto provincial.
Interrogante inevitable: ¿con qué consignas se piensa recuperar el terreno perdido, si antes no se aplica una verdadera asepsia en el arco del funcionariado político?
Un legislador –especulando con eventuales acuerdos- dijo que “todo puede suceder en política”. ¿A pesar de que el pasado siempre termina condenando? Cuando lo que une no es el amor sino el miedo, la ética va a parar al freezer y el panquequismo asoma su nariz a la calle.
