El magistrado expresó su satisfacción por la apelación del fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Raúl Plée del fallo que lo apartó con el fin de ser repuesto en su cargo, al sostener que tiene "la sensación que efectivamente" este pedido se enmarca en "la vigencia de las garantías constitucionales", según publicó La Nación.

Plée apeló ayer la decisión adoptada por dos conjueces de la Casación -cuyos mandatos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema con posterioridad al fallo- "por considerarla nula, de nulidad absoluta, por violentar las garantías constitucionales del juez natural y del debido proceso legal".

Jueces subrogantes

En diálogo radial, el magistrado analizó su apartamiento al relacionar que "se viene horadando la institucionalidad del país, esto sobre todo en consideración a la situación irregular de la integración de los tribunales por jueces subrogantes".

"Lamentablemente, para las reglas de la República las condiciones de la integración de los responsables de los juzgamientos de las causas judiciales se han desconsiderado en orden a los principios que las reglan, han sido modificadas hasta el hartazgo", consideró Gemignani.

Añadió que en ámbito judicial "presiones siempre hay", pero aclaró: "Yo no he tenido personalmente presiones. No voy a aceptar ninguna presión porque mi regla es la independencia".

Gemignani expresó que en la cuestión de los magistrados subrogantes "difícilmente se pueden conciliarse con los principios constitucionales y de los pactos internacionales que impone la manera que deben resolverse".

El fiscal Plée pidió que "se eleven los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, conforme a los lineamientos expuestos, declare la invalidez de la Resolución 180/2015 del Consejo de la Magistratura" sobre el sistema de subrogancias "y se reenvíen los autos para el dictado de la sentencia definitiva manteniendo la designación del Tribunal con sus jueces naturales", es decir con Gemignani.

El conflicto gira en torno a los conjueces Roberto Boico y Norberto Frontini, nombrados en Casación por la ley de subrogancias impuesta por el Gobierno y declarada contraria a la Constitución por la Corte Suprema.

Pese a ese fallo, la Corte decidió que esos conjueces continuaran tres meses en sus cargos. Lo mismo dispuso con el juez federal subrogante de La Plata con competencia electoral Laureano Durán.