Los cambios a la ley de trata fueron elaborados en base a iniciativas presentadas por los tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla, la formoseña Adriana Bortolozzi, la puntana Liliana Negre de Alonso, el chaqueño Roy Nikish, y el salteño Juan Carlos Romero.

La iniciativa deja en claro que las víctimas también tendrán derecho, entre otras cosas, a recibir “asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, “asistencia psicológica y médica gratuitas”, “capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, y “protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Nacional de Protección de Testigos”.

El dictamen avalado este martes por un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad, establece la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la jefatura de Gabinete de la Nación, informó Parlamentario.

Además, en dicho consejo habrá representantes de los ministerios de Justicia; de Desarrollo Social; de Relaciones Exteriores; y del Interior de la Nación; del Parlamento; del Poder Judicial; y de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La senadora del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Sonia Escudero, señaló que un cambio importante es que se eliminará “la distinción de la edad, ya que en la actual ley, se establece que si la víctima es mayor de edad y dio consentimiento, no es delito”.

Por otra parte, la legisladora salteña explicó que algunas modificaciones del Código Penal implican que, de convertirse este proyecto en ley, se “penalizará al que promueva o facilite la prostitución de una persona con una pena de cuatro a seis años de prisión”, y detalló que cuando se intente “facilitar o promover mediante fraude o abuso de autoridad”, el delito será “agravado”, por lo que las penas irán de cinco a diez años.

En la votación en general, el proyecto fue avalado por 59 senadores. En particular, la representante de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara alta, María Eugenia Estenssoro, fue la única que se opuso en un artículo.