El gobierno provincial fue el primero en tirar la piedra al impulsar un proyecto de ley que propicia la emisión de títulos por hasta 200 millones de pesos destinados al pago de juicios y honorarios profesionales. La iniciativa, que ya ingresó al Senado, establece que mediante esos bonos se procederá a la cancelación de obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 2003, tanto del Estado como de sus entes descentralizados, autárquicos y sociedades o empresas. La propuesta ya provoca revuelo en el Colegio de Abogados de Entre Ríos en donde, sin pestañar, no dudaron en resistir la medida.

Ahora redactan un texto para ser presentado, durante las próximas horas, a las cámaras de Diputados y Senadores. Allí detallarán las razones que convertirían en inconstitucional a la propuesta del gobierno y exhortarán al Ejecutivo a tomar el “camino de la cordura”.

El presidente del Colegio de Abogados, Luis María Campos, definió como un “absurdo” el intento por parte del gobierno de cancelar sus deudas con la emisión de títulos.

El letrado especificó que ese eventual pago de deudas que tienen carácter alimentario con títulos “es completamente inconstitucional” y aseguró que así lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades.

“El Estado no puede asumir deudas que tienen el carácter alimentario, es decir que con ese dinero (por los honorarios) los abogados tienen que comer, vestirse y enviar a sus hijos al colegio”, detalló Campos, al tiempo que disparó que “no resiste ningún análisis jurídico la posición obcecada que están asumiendo”.

Asimismo, el presidente de la entidad que agrupa a los profesionales del Derecho consideró que la ciudadanía no debe olvidar que esos juicios, que ahora el Estado pretende postergar su pago, fueron generados a partir de su propia conducta.
“Lo único que esperamos es que el Estado provincial retome la cordura, ya que esta jugada terminará afectando aún más sus arcas”, deslizó Campos.

En ese sentido, el letrado sentenció que si la Legislatura aprueba la iniciativa del Ejecutivo, el Estado aparte de las deudas actuales tendrá que enfrentar nuevos juicios por inconstitucionalidad, a los que tampoco podrá eludir.

La estrategia del caracol

Para el presidente del Colegio de Abogados la iniciativa, que tomó estado parlamentario el 1 de febrero, es una estrategia del Ejecutivo para trasladarle el problema a los posteriores gobernantes.

Según Campos, si bien los títulos tendrán un vencimiento a 16 años y un período de tres años de gracia para el pago del capital, las sucesivas disputas por este tema terminarán postergando la cuestión.

“No me caben dudas de que esta estrategia obedece a una dilatación del pago para no enfrentarlo y así dar vueltas sobre lo mismo hasta el año que viene”, comentó el letrado, quien anunció que desde la entidad que preside se dará a conocer un documento en donde se sintetiza esta postura.