Paraná: dos policías condenados por golpear a un joven deberán cursar la materia derechos humanos

Eduardo Francisco Zapata y Miguel Ángel Cabaña fueron condenados por el delito de "vejaciones en acto de servicio, agravado por el carácter de las lesiones resultantes" a una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fallo –que puede ser recurrido por la defensa en casación ante el Supremo Tribunal de Justicia- fue dictado por el titular del Juzgado Correccional Nº 1 de Paraná, y contiene entre las normas de comportamiento impuestas a los policías, la obligación de evitar todo contacto con la víctima y el novedoso deber de acudir durante un cuatrimestre a clases de Derechos Humanos en una carrera de grado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, casa que deberá certificar el cumplimiento del cursado, para constancia del juez.

Los dos suboficiales trabajaban en 2007 en el destacamento de la Comisaría 12ª en barrio Paraná XIV de Paraná. La noche del 29 de septiembre de 2007, fueron alertados sobre un posible intento de robo de una moto perteneciente a dos hermanos de apellido Espinoza, informó El Diario.

Según se ventiló en el juicio, la víctima –Carlos Franco, ordenanza de una escuela de la ciudad– salió de casa de un amigo a última hora de la noche, y fue perseguido e interceptado por los Espinoza, que le recriminaron el robo, y lo golpearon en la calle. Al llegar la policía al lugar –alrededor de las 23.30–, detuvieron a Franco y lo trasladaron al destacamento, donde según la querella, le pegaron golpes de puño, patadas y con un baristón (cachiporra).

La investigación del caso de vejaciones comenzó con la suposición de que las lesiones habían sido leves, pero con el avance de la causa se logró probar que Franco sufrió una golpiza desde la captura hasta su ingreso al destacamento, y que por las secuelas
necesitó atención psiquiátrica y psicológica durante varios meses, por lo que estuvo sin trabajar más de 90 días y todavía recibe asistencia médica.

También se probó que los hermanos Espinoza no hicieron la denuncia formal por el robo, y que en la comisaría, a Franco le imputaron el robo de una pajarera, aunque finalmente le iniciaron una causa por una contravención.

Como contrapartida del mal accionar policial se destacó en la investigación la reacción de una oficial de la Comisaría 4ª, que se negó a recibir a Franco cuando sus camaradas lo llevaron a esa repartición la madrugada del 30 de septiembre de 2007, porque advirtió que había sido golpeado.

El expediente siguió su curso y el mes pasado llegó a juicio en el Juzgado Correccional. En el debate, la defensa –a cargo de Marcos Rodríguez Allende– abogó por la absolución de los acusados; en tanto que la fiscal Sandra Terreno consideró que el hecho está probado, y pidió una condena de dos años y medio de prisión condicional y el doble de inhabilitación.

Por su parte, José Iparraguirre, abogado de Franco solicitó una condena de 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ayer se conoció que el fallo de Vírgala, que dispone la pena de prisión pero de cumplimiento condicional y la inhabilitación especial por seis años, por lo cual, de quedar firme la resolución, el sargento Zapata y el cabo Cabaña deberán ser relevados de sus cargos.

El abogado José Iparraguirre enmarcó la sentencia del juez Vírgala en "una serie de condenas por apremios que se vienen observando en los últimos tiempos en la provincia" y evaluó que "en términos políticos es un mensaje claro sobre la necesidad de tomar medidas como las que ha adoptado la ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré respecto de algunos abusos en las fuerzas de seguridad", afirmó.

Además, el abogado querellante expuso que la investigación del caso de los policías Zapata y Cabaña, con "muchas trabas y demoras que hicieron que el juicio se llevara a cabo a cuatro años del hecho", pone de manifiesto "la necesidad de implementar cuanto antes la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la costa del Paraná, con una investigación más ágil y policía judicial", sostuvo.

"Todas estas sentencias sirven para reforzar el mensaje a los funcionarios policiales de que deben ajustarse a las normas, y que no están autorizados a ejercer violencia sobre un detenido", concluyó Iparraguirre.

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