Periodismo: colegiación polémica. Soberanía en subasta. Voto femenino a 54 años.

Por Luis María Serroels

No es un tema menor el peligro de generar falsas antinomias que coloquen en una vereda a los periodistas que no tuvieron la posibilidad de formarse académicamente y en la otra a los egresados de los institutos formadores que parecerían la única llave para poder colegiarse y ejercer. Existe en nuestra capital una asociación de profesionales universitarios de la comunicación, una labor a la que se carga de incumbencias que no necesariamente tienen relación con el periodismo. No es un simple asunto de derecho adquirido, sino que detrás de quienes han hecho del hablar y el escribir con buen decir una larga carrera, incluso como sostén de vida, hay toda una historia de entrega, valentía y entereza frente a los avatares que la profesión entraña, incluso avalada por importantes premios y distinciones que los títulos académicos no necesariamente allanan. Todo tipo de distanciamiento debe ser desterrado de antemano y la normal convivencia no debe entenderse como una concesión generosa de una parte hacia la otra.

No faltan quienes subjetivamente se inclinan por atisbar el carácter restrictivo y limitativo de un futuro colegio, si es que la iniciativa del senador José Luis Panozzo prosperase en sede legislativa, como también la forma condicionada en que se debería desarrollar la tarea toda vez que se pondría a la propia sociedad como fiscal activo del desempeño de los hombres de prensa. No es fácil encolumnar elementos o factores que constituyan faltas de ética, en una tabla que rija el comportamiento del periodismo. Se estaría instalando como elemento persecutorio una suerte de mala praxis en la profesión y, además, sujetando a estos parámetros a cualquier ser humano que publique sus ideas por la prensa sin censura previa, una facultad consagrada por nuestra Ley Suprema (artículo 14º y todos los pactos internacionales acogidos en su artículo 75, inciso 22).

Es cierto –qué duda cabe- que en determinados medios pululan personas de escasa capacidad a las que no resulta difícil identificar y señalar desde el derecho del pueblo a discernir y escoger a quiénes considera creíbles y respetables por su formación y entre ellos no faltan quienes ostenten su título obtenido con buenas artes y quienes no lo poseen. Pero debería aclararse si se considerará quiebre ético el asumir la condición de amanuense del poder político de turno, presto a decir o callar según ordenes superiores provenientes de jugosas billeteras o distribuír gacetillas cotidianas desde algún despacho (lo que se ha dado en llamar el periodismo militante). Eso sí colisionaría contra las reglas, aunque –al decir de un ex juez porteño-, no todo lo que no es ético es ilegal. No es menor la responsabilidad de aquellos empresarios periodísticos que obligan a sus empleados a anteponer a sus principios razones de utilitarismo comercial que bastardean el sentido de la profesión de lo cual es difícil salir moralmente ileso. Este es un tema pendiente de abordaje.

Ante el proyecto nacido en el Senado provincial, es menester determinar hacia dónde apunta, qué aspectos garantizaría y cuáles podría terminar conculcando, qué categorías prevé, cuál será el órgano de aplicación, qué especie de poder de policía tendrá el futuro colegio, qué antecedentes reconoce la iniciativa, cómo se rotularían las relaciones con el poder político, si se contempla algún tipo de título supletorio o situación de pública notoriedad acreditada y qué margen de libertad tendrían las empresas a la hora de seleccionar y contratar un profesional (¿deberá privilegiarse a un matriculado?).

El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 3º ap.1, garantiza la plena libertad de pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa, con la sola limitación de la protección del honor y la reputación del prójimo y de las instituciones, la seguridad nacional, el resguardo del orden y la protección de la salud y la moral públicas. Debemos convenir que tanto el ámbito académico como una dilatada experiencia y dedicación no son por sí mismas garantía de idoneidad y pureza a la hora de respetar honras ajenas. Por algo existen figuras penales que amparan frente a la calumnia y la injuria (este periodista no coincide con la doctrina de la real malicia). Hemos dicho que es falso establecer una antinomia entre ambos casos. Es en definitiva el ciudadano el único habilitado para apreciar quién es quién en materia de seriedad, credibilidad, resguardo idiomático y contenidos enriquecedores de cada mensaje, no sujetos desde luego a ninguna proscripción sea cual fuere su elemento m otivador.

Con honesta preocupación por el tema, Mónica Portillo (APUC) desgrana su pensamiento diciendo que “la libertad de prensa corre por un lado y la libertad de ejercer la profesión por otro” y si bien deja claro que “nadie va a pedir que aquellos que están ejerciendo la profesión lo dejen de hacer” (reiteremos que ésto no dependerá de ninguna concesión graciable de nadie) debe reflexionarse que si no se respeta la libertad y el derecho de ser periodista, queda automáticamente conculcada la libertad de prensa. Profesional es aquél que hace de la actividad que realiza su profesión permanente y contínua y no se trata de una mera cuestión semántica. Por supuesto que ello no supone que cualquiera pueda hacer de médico, ingeniero, abogado, arquitecto o contador sin pasar por una facultad, pero las normas que son tajantes a la hora de prohíbir la usurpación de títulos y profesiones, no rigen para el ejercicio de la libertad de prensa y no lo condicionan a estudios previos. La diferencia se manifiesta en la labor de cada uno y los premios y castigos son potestad enjuiciadora inalterable de la ciudadanía.

El legislador arremete en su proyecto con advertencias de una eventual sanción que podría traducirse en privación de la libertad (prisión de quince días a un año) si se ejercieran actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”. Este dislate se ve aderezado con un puñado de otras sanciones que no resistirían cualquier reproche de inconstitucionalidad que se les formule. Es lo más parecido al fascismo.

Resulta evidente que Panozzo no se documentó en algunos aspectos al momento de impulsar su iniciativa y ya surgieron opiniones muy valederas en contra del intento tal como está concebido. Por ejemplo, el constitucionalista, ex senador, docente y periodista (porque nunca dejó de serlo ya que esta condición no tiene fecha de vencimiento) Jorge Campos, opinó que este proyecto “cercena los derechos a la libertad del trabajo y a la expresión de ideas establecidos en el artículo 14 de la Constitución”, recordando que el tema fue abordado durante la segunda gestión de Sergio Montiel, habiéndose dejado de lado por tratarse de una iniciativa precisamente viciada de inconstitucionalidad. “Este tipo de proyectos son peligrosos”, sentenció.

Todo intento por encasillar esta labor roza prácticas que podrían resultar perniciosas y de nada valdría consagrar la pureza profesional de un periodista, si en el fondo no se ataca la pésima costumbre que fermenta en los despachos oficiales, por la que se decide, a pauta publicitaria limpia, quiénes están en condiciones o no de recibir ese auspicio. Se trata de una virtual máquina de discriminar contra la que no se puede entablar ninguna lucha reparadora. La valoración y aceptación que haga la comunidad de un periodista en términos de credibilidad y excelencia, nunca será motorizada por un título ni por una extensa trayectoria. Interviene para ello un cúmulo de altos atributos reconocibles por la sociedad que tiene la última palabra.

Soberanía en subasta

Aunque con marcada demora –porque el fenómeno genera un altísimo grado de preocupación en términos de resguardo de nuestra soberanía-, se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto del Poder Ejecutivo tendiente a ponerle límites a la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros.

La presidente CFK pretendió descubrir la pólvora (estrategia de campaña, al fin), ignorando todas las iniciativas presentadas desde hace unos años y que se frustraran por especulaciones políticas o lobbies bien organizados. Ya en 2003 nos ocupamos en el Semanario ANALISIS de este tema tan sensible, denunciando lo que se veía como una Argentina en virtual subasta. Es que se advertía un despojo territorial descarado que provocaban adquirentes foráneos, sin control alguno, siendo compradores magnates, corporaciones multinacionales y hasta actores famosos de Hollywood.

El 18 de marzo de 2004, el senador provincial Daniel Rosas Paz remitió una nota al entonces presidente Néstor Kirchner, trasmitiéndole la preocupación que generaba la falta de tratamiento de un proyecto de ley que apuntaba a regular y prohibir la venta de tierras a personas extranjeras, físicas o jurídicas. Era Elisa Carrió quien se interesó en la cuestión formulando propuestas concretas.

El 25 de julio de 2010, el periodista Mario Alarcón Muñiz se ocupó del tema, recordando que en 2002 la tenencia foránea de la tierra sumaba 7 millones de hectáreas y que ocho años después ya alcanzaba los 34 millones, es decir, casi quintuplicaba la superficie entregada. Y a ese ritmo –advertía- al arribar a 2020 se habrían vendido 170 millones de hectáreas del área productiva nacional, incluyendo tierra, lagos, ríos, bosques, rutas, pueblos, minas existentes o potenciales, además de nuestro subsuelo con sus codiciados reservorios de agua (incluso se denunció que cada propietario instala altísimos y extensos cercos perimetrales y construye su propia pista de aterrizaje). Se trató de una “invasión sin cañones” ya advertida críticamente por la Federación Agraria Argentina (triste paradoja: al acto en que se anunció el proyecto oficial que se agrega a otros 12 existentes, no fue invitado el titular de FAA, Eduardo Buzzi).

En la Introducción del libro Tierras S.A., de Daniel Enz y Andrés Klipphan (editado en noviembre de 2006), se citan estudios de la entidad campesina, donde se da cuenta de que 270.000 kilómetros cuadrados (un 10 % del territorio nacional) se encuentran en manos extranjeras, cifra que cinco años después ya debe estar lógicamente muy sobrepasada. Hace cinco años, 40 millones y medio de hectáreas de las mejores tierras cultivables del país, estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores foráneos.

Así las cosas llegamos a estos días en que el debate se recalienta, aunque surgen opiniones divergentes. Desde ya que la oposición observa con mucho recelo el proyecto y en este sentido, el diputado Lisandro Viale (Bloque Socialista) elaboró su propio proyecto destinado a unificar los anteriores, pero esencialmente –aclaró- para rectificar algunos gruesos errores contenidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre un variado menú de cuestiones centrales, Viale propone la creación de una Agencia Nacional de los Catastros Territoriales, un organismo autárquico y menos burocrático que aplique un sistema único de relevamiento y registro de inmuebles.

Se busca que los extranjeros sólo puedan adquirir inmuebles rurales que no excedan las unidades económicas de poducción (UEP) y permitan una facturación anual máxima igual a la definida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. El legislador Jorge Chémes (CCS) se sumó a los cuestionamientos, porque no son pocos quienes advierten cierta ligereza en el proyecto K que debe necesariamente ser revisado y enriquecido, para que no se transforme en un simple instrumento coyuntural propio de épocas proselitistas. Según señaló el dirigente entrerriano de FAA, Alfredo Bel, “la extranjerización de tierras ronda el 10 por ciento, pero ese número va subiendo”. Y aclaró que “cuando hay una venta de algún establecimiento de grandes dimensiones, siempre el primer oferente es un extranjero”.

El jueves 22, miembros de la Federación Agraria Argentina depositaron en la Mesa de Entradas de la cámara baja nacional, una iniciativa propia que apuesta a crear un Instituto Nacional de Tierras, con el fin –expresa- de regular “el acceso equitativo, su administración, redistribución y regularización de la posesión”.

Las cosas están dadas para que el Congreso, si realmente se lo propone, alumbre una excelente herramienta para ejercer una auténtica soberanía territorial, más allá de todo cuanto ya se perdió y que no podrá revertirse. Si los grandes compradores conocidos, Peter Mac Bride, World (de Pepsi Cola), Joseph Lewis (Puma), Compañía Nieves (Malasia), Arauco (Chile), Ted Turner, Douglas Tompkins, Benetton, Silvester Stallone y Arnold Schwarzenegger por ahora no patalean, por algo será.

Recordemos que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, derogó la norma que establecía una franja de seguridad fronteriza impidiendo inversiones extranjeras, un dato que debería figurar en la agenda de nuestros legisladores nacionales. Que nadie se haga el distraído.

Voto femenino

Esta semana –el viernes 23 para ser más precisos- se cumplieron 64 años del decreto presidencial firmado por Juan Domingo Perón, que le dio valor institucional a la ley 13.030 por la cual se instituyó el voto femenino obligatorio. Tal derecho tenía diversos antecedentes, más allá de que Eva Duarte lo había asumido como un a bandera de lucha en 1946 con el arribo del peronismo al poder (en el país regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña que sólo permitía sufragar a los varones).

En 1928 hubo un intento del socialista Mario Bravo que acercó su iniciativa a la cámara baja, pero el golpe de Estado de 1930 dejó trunco el tratamiento. En 1932, otro socialista, Alfredo palacios, logró tras arduos debates, que los diputados dieran media sanción a su proyecto, pero éste durmió en los cajones del Senado hasta perder el estado parlamentario. Es que los conservadores se oponían a la igualdad de género y esgrimían entre sus “razones”, lo “costoso que sería empadronar a todas las mujeres y lo difícil de enseñarles las responsabilidades del voto”.

La ley mencionada cristalizó los viejos sueños de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, que pelearon por la sanción de esta norma.

Pero conviene recordar que veinte años antes, en 1927, la provincia de San Juan permitió votar a las mujeres gracias a una reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Aldo Cantoni. Eva Perón debutó en la urna el 11 de noviembre de 1951, haciéndolo desde su lecho de enferma. Fue su última vez porque su fallecimiento acaeció el 26 de julio del año siguiente. En esos comicios, tres millones y medio de mujeres se iniciaron en esta práctica democrática tan postergada y hoy, en 2011, figuran mezcladas con los hombres en un solo padrón.

No obstante aquel justo y reparador reconocimiento de un derecho arbitrariamente conculcado, es lamentable advertir la misoginia política que reina en la Argentina, de la que no escapa nuestra provincia. Basta con observar la composición de la Legislatura y los Concejos Deliberantes entrerrianos desde la recuperación de las instituciones en 1983, para darse cuenta del desprecio masculino imperante a la hora de otorgar espacios a las mujeres. Una norma mezquina que le otorga sólo una de cada cuatro candidaturas a la mujer en las listas legislativas, habla de una vergonzante tacañería que debe ser revertida con urgencia. Reservarse los varones el derecho a decidir sobre esta cuestión, es sencillamente aberrante.

Frases Vip

1- El Fondo Monetario Internacional utilizará los índices inflacionarios que elaboran las consultoras privadas, si el país no mejora la calidad de las estadísticas públicas (teléfono para el Indec, cuna de excelentes dibujantes de datos inexistentes).

2- “Diego puede decir lo que quiera de cualquier persona, porque es Diego. Es difícil demandarlo a Diego; yo trataría de no hacerlo” (exabrupto impresentable atribuído al abogado de Diego Maradona, Alejandro Sánchez Kalbermatten). Sin comentarios.

3- “Es una gran satisfacción que los jóvenes se diviertan, celebren su día y no ocurra ningún tipo de incidente. Eso nos alienta a seguir trabajando junto a la juventud entrerriana que es tolerante, respetuosa y sabe cómo disfrutar y compartir este tipo de eventos multitudinarios como son las fiestas por el Día del Estudiante”. Lo dijo el ministro de Gobierno, Adan Bahl. El funcionario parece ignorar que muchos de estos jóvenes no tienen el mismo comportamiento los fines de semana al salir de los boliches en donde no hay centenares de policías controlando qué tipo de bebida consumen. La diferencia entre la sana alegría de la jornada del 21 y los desmanes que deben soportar los vecinos de las discotecas durante la madrugada del sábado y domingo, se explica muy fácilmente: consumo de alcohol no, consumo de alcohol sí.

Colofón

El gobierno decidió aumentar el monto de las becas secundarias en un 25 por ciento. La medida, muy publicitada, refleja el reconocimiento oficial sobre el creciente costo de vida que se traduce en los índices inflacionarios reales. Entonces –pregunta de niño curioso- ¿porqué no hace lo mismo con los salarios de los empleados estatales y en especial con los docentes de esos jóvenes? ¿O hay un índice para los agentes y otro para los estudiantes? Hasta la semana que viene.

Opinión

Por Luis María Serroels (*)
(Imagen: Alfredo Sábat-La Nación)

(Imagen: Alfredo Sábat-La Nación)

Provinciales

El diputado Cáceres pidió al Ejecutivo la reubicación de los penales de Paraná

El diputado Cáceres pidió al Ejecutivo la reubicación de los penales de Paraná.

La Femer aceptó la propuesta del Iosper

La Femer aceptó la propuesta del Iosper. (Foto: ANÁLISIS)