Es un avance importante el aval a esta iniciativa –consideró Osuna- que tiene como objetivo sumar un instrumento de apoyo al trabajo del Poder Judicial y “que sirva al mismo tiempo como canal necesario de participación de los ciudadanos en dichos procesos”.

“Es indispensable involucrar activamente a la sociedad y hacerla parte en el seguimiento de los procesos que se están llevando a cabo. Esta participación es fundamental para la garantía de justicia en los procesos judiciales y funcionan como ámbitos de control ciudadano en el avance o dilación de las causas”. Las auditorias fueron pensadas para dar “voz al sujeto de derecho”, manifestó la legisladora entrerriana.

Osuna explicó que esta iniciativa fue presentada el 31 de marzo de 2011 a la Comisión Interpoderes. A partir de allí se convocó a trabajar en la conformación de la propuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos, como Hijos e Hijas por la Identidad, la Justica y contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) y La Solapa (asociación de ex presos políticos); el Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos; representantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias y Artes y del Área de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El resultado de este trabajo conjunto fue la propuesta aprobada, en la reunión de la Comisión. A partir de ahora, se da comienzo a una nueva etapa en la cual es fundamental difundir el mecanismo para que sirva de canal de control y participación ciudadana.

Auditorias Sociales
La Comisión viene trabajando en el seguimiento de diferentes causas y en todos los casos se evidencia la necesidad de promover el desarrollo de conciencia social y colectiva del avance que se está produciendo en el juzgamiento de los genocidas que perpetraron los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

En este sentido, la propuesta de Osuna es la de convocar a diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y ciudadanos para que se informen y controlen el debido proceso y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, considerando que los mismos han causan un daño colectivo a la institucionalidad democrática.

Las auditorías serán instrumentadas por solicitud de los querellantes, víctimas y/u organismos de Derechos Humanos a la Comisión Interpoderes, en la que se argumentará su necesidad. Esta última fundadamente avalará o no dicha solicitud.

Luego, se dará intervención a una comisión encargada de organizar la auditoría social en el territorio donde ejerza su jurisdicción el Juzgado Federal que tramite la/s causas por violaciones a los Derechos Humanos que motivaran la solicitud.

La realización de una auditoría será comunicada por la Comisión Interpoderes al/los Juzgados y tribunales interesados e informará la integración de la Comisión de Auditoría Social.

Los miembros presentes se manifestaron a favor de la iniciativa resaltando que la misma otorgará transparencia a los diferentes procesos judiciales que se vienen llevando a cabo.

A su vez, se resolvió que la Comisión se reunirá cada 15 días para analizar las diferentes situaciones jurisdiccionales, y en este sentido se avanzó en la propuesta de la Senadora de realizar las reuniones en las diferentes provincias donde se están desarrollando las causas para poder tener un conocimiento más acertado de la situación que se presenta en cada realidad concreta.

Cabe recordar que la Comisión Interpoderes fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y está coordinada por el secretario General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Alfredo Kraut.

La integran: Javier López Calderón, secretario letrado de la CSJN; Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura; Pablo Vassel, secretario de DDHH del Consejo de la Magistratura; Jorge Auat y Pablo Parenti, por el Ministerio Público Fiscal; el Juez Federal Daniel Rafecas; Javier Carbajo, por la Cámara de Casación Penal; Julián Álvarez, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el diputado nacional Luis Cigogna y la mencionada senadora nacional Blanca Osuna.