El periodista especializado en temas agropecuarios y editor del sitio digital “Bichos de Campo”, Matías Longoni, explicó las distintas aristas que plantean la intervención y futura expropiación de la empresa Vicentín que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Longoni admitió que “sorprendió bastante” la decisión del gobierno nacional de expropiar Vicentín “porque más allá de que había un grupo de dirigentes progresistas que acompaña al gobierno que agitaban la idea de la expropiación no se esperaba esto en el mercado”.

“No había atisbos de que podía producirse una reacción así porque por un lado había un concurso de acreedores que sigue en marcha en el Juzgado Federal de Reconquista, donde hay acreedores que reclaman cerca de 1.500 millones de deuda –entre ellos el Banco de Entre Ríos S.A. a quien Vicentín le debe 500 millones de pesos-, además de otros bancos públicos como el Banco Nación, la Corporación Financiera Internacional (CFI), y buena parte de los productores y cooperativas que entregaron granos y fueron defraudados porque nunca les pagaron, y que tienen 400 millones de dólares de deuda”, explicó.

Agregó que “no se esperaba esto porque todavía había negociaciones de Vicentín con sus acreedores para ver si podía reactivar algunas plantas que están cerradas y sin operar desde diciembre del año pasado, y con otros grupos que planteaban comprar parte de la compañía, con lo cual había un runrún permanente que interrumpió el gobierno con esta decisión de intervenir primero y luego con la expropiación si lo aprueba el Congreso”.

Mencionó que “en una radio de Buenos Aires, esta mañana el presidente no aclaró demasiados grises que quedan pero sí dejó claro que hay muchas cosas que todavía deben decidirse y discutirse, y argumentó que ésta es una decisión muy común en los Estados capitalistas que tiene que ver con el rescate –palabra que prefiere Fernández- de una empresa quebrada, lo cual no es cierto porque todavía hay un concurso de acreedores pendiente”.

“También dijo (el presidente) que se limita a esto; que no es el primer intento del Estado por quedarse con un montón de empresas que van a quedar mal paradas en medio de la pandemia, y también aclaró que no es que el Estado tendrá que poner 1.500 millones de dólares sino que ahora el interventor se presentará al concurso y se podrá renegociar con los bancos sobre la forma de pagar las deudas”, comentó.

En ese sentido, el periodista apuntó que “no está claro cuánta plata va a poner el Estado porque hay algo que está en la nebulosa total que es el alcance que tiene la expropiación porque lo que está en concurso de acreedores en este momento es la cerealera que es la empresa más importante del Grupo Vicentín pero tiene otras empresas en otros sectores: tiene el frigorífico exportador Friar, la empresa que le compró al grupo Sancor que fabrica postrecitos, tiene bodega en Mendoza y fábrica de jugos en San Juan; tiene varios negocios y empresas que siguen funcionando y no están en convocatoria, con lo cual ahí puede cambiar mucho la cuenta de cuánta plata tiene que poner el Estado si va solamente por la cerealera que está en concurso de acreedores o si va por el resto del Grupo”.

“Es una decisión claramente política de la cual todavía no midieron costos, pero que el presidente justifica en la necesidad de evitar que Vicentín caiga en manos extranjeras”, sintetizó y recordó que “había una propuesta del Grupo Manzano que mezclaba intereses nacionales y extranjeros”. “Creo que lo que más le preocupó al presidente es que Glencore y Vicentín eran socios por partes iguales en la principal empresa aceitera que tiene el país, que es Renova –una fábrica de biodiesel que tiene capacidad para moler 33.000 toneladas diarias de soja y una de las más grandes del mundo- pero Vicentín vendió una parte a Glencore y lo que están temiendo es que una multinacional terciara en el asunto y se quede con todos los activos”, explicó.

Longoni no descartó la posibilidad de que otras empresas en crisis, como Sancor, puedan terminar como Vicentín y opinó que “Sancor se está casi postulando a que alguien la vaya a salvar, lo que queda de Sancor porque hoy está lejos de ser aquella cooperativa láctea que llegó a trabajar cuatro millones de litros de leche por día y hoy está en 600.000 litros”.

“El presidente acaba de decir que no van por Sancor y que no van a aprovechar las empresas que quedarán claramente ‘turulecas’ después de la pandemia y la crisis económica para comprar barato y estatizar a medio mundo, pero es cuestión de creer o reventar como casi todo en estos últimos gobiernos. En principio, se limitarían a esta expropiación de Vicentín, pero se puede creer o no”, reflexionó.

Consultado por el proceso que llevó a la empresa a su situación actual, refirió que “en buena medida (Mauricio) Macri y Alberto (Fernández) son corresponsables de esta situación, porque el desquicio de Vicentín comenzó después del resultado de las PASO, donde comenzó el desquicio de la economía argentina con la devaluación y esto tiene que ver con que el peso empezó a devaluarse pero además se descalabró mucho el mercado de granos porque había rumores de que con el cambio de gobierno iban a subir las retenciones, cosas que finalmente sucedió. De este modo, todas las multinacionales y las empresas nacionales que intervenían en el comercio de granos empezaron a comprar granos desesperadamente, y esto llevó a que Vicentin que no es una empresa multinacional exacerbara su financiación con las líneas que tenía abiertas muchas de bancos públicos y del Banco Nación”.

“Esa transición desordenada del gobierno llevó a la situación de estrés financiero de Vicentín, y esa transición desordenada tiene que ver con Macri y con Fernández. La falta de señales claras y de certezas en medio de esa transición también provoco una competencia feroz en el mercado agrícola, y allí Vicentín no pudo competir más con las multinacionales y entró en esa situación de ahogo. No veo tanta conspiración en el tema crediticio del Banco Nación y veo más posibilidad de investigar irregularidad en la venta de parte de los activos de Renova que Vicentín hizo tres días antes de declararse en default a la empresa Glencore que era su socia, y esos millones de dólares que cobró por esa operación no fueron a sanear la situación financiera de Vicentín, con lo cual ahí sí puede haber un proceso de fuga”, describió.

Y opinó que “en el fondo la discusión pasa por el regreso del Estado al comercio de granos, sector que abandono, dejó de regular y dejó librado a su suerte en 1992 cuando (el ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo liquidó la Juna Nacional de Granos”.

Respecto de la situación judicial del concurso de acreedores, Longoni sostuvo que “se supone que el interventor que es Gabriel Delgado, que es un hombre que sabe del negocio agropecuario, se presentará al concurso para buscar una solución y pude que el concurso se resuelva”.

De todos modos advirtió que “lo que quedó abierta claramente –con un comunicado de la empresa Vicentín- es la posibilidad de un juicio por indemnización si esto se produce, porque el planteo es que Vicentín no está quebrada sino que hay un concurso que es un mecanismo previsto por la ley, no hubo despidos ni suspensiones y se está negociando una salida con los acreedores y otros grupos económicos como YPF Agro, con lo cual no hay argumentos legales para expropiar, con lo cual posiblemente además de pagar unos cuantos millones de dólares por la expropiación, los argentinos terminemos pagando no un juicio por indemnización a la empresa”.

“Ahí es donde los abogados del Estado y el Congreso deberán blindar muy bien para evitar que esto se convierta en un boomerang como fue el caso de YPF”, concluyó.