La resolución adoptada por unanimidad tuvo en cuenta que los actores son personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, no solo por su edad avanzada, sino también por presentar incapacidad y enfermedad crónica.
Se trata del caso que había sido cerrado por sobreseimiento en 2009 por el ex juez Norberto Oyarbide, pero reabierto durante el gobierno de Mauricio Macri.