En la segunda jornada de audiencia, las querellas de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan pidieron agravar las imputaciones a los seis marinos procesados e incluir a otro grupo de funcionarios civiles y militares, incluido el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Si bien el fiscal no rechazó la figura que se imputa a los seis marinos procesados hasta el momento, que la querella ha rechazado por considerarlas leves frente a la gravedad de los hechos, Bellver sí coincidió en el pedido para que se llame a indagatoria al ex presidente y a su ministro de Defensa.

Aunque no aclaró bajo qué imputación pidió tal citación, al adherir al planteo de la querella aceptó tácitamente que la imputación que cabe a los ex funcionarios es la que pretenden los familiares, es decir, homicidio agravado por la reiteración, con dolo eventual y abandono de persona, publicó el diario La Nación.

De igual modo, pidió la declaración indagatoria del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, al tiempo que ponderó la importancia del informe presentado por el capitán del submarino tras el regreso de la misión de julio 2017, cuando tuvo severos problemas (entre ellos, uno similar al que derivó en la catástrofe).

“En ese informe el capitán Fernández informó todas las novedades de esa misión, pero esto fue de alguna manera tamizado cuando se elevó a López Mazzeo y llegó muy poco de esa información”, expresó el fiscal durante la audiencia, que comenzó a las 9:40 y concluyó cerca de las 20 horas.

La Armada Argentina “abandonó a los camaradas en el agua. Después hicieron lo peor: dijeron que seguramente hubo un error humano, que manipularon mal una válvula. Los oficiales traicionaron a los tripulantes. No fue la tormenta perfecta, los mandaron al muere”, disparó la abogada Valeria Carreras. Pidió que se revoque la sentencia del 31 de enero del 2020 “por la cual solamente se procesó a los responsables por estrago culposo y algo más”. Carreras, quien representa a 26 de las 44 familias de tripulantes del ARA San Juan, pidió que la imputación para los integrantes de la Armada se amplíe a la figura de homicidio con dolo eventual y abandono de persona.

Para el padre de una de las víctimas, abogado y querellante en la causa, Luis Taglaprieta, hubo una “asociación ilícita para mentirnos y ocultar información”. Agregó que “los superiores son responsables de las personas sobre las que delegan funciones. Tanto las acciones previas a la desaparición (del submarino) como las omisiones que terminaron con la muerte de nuestros hijos, merecen justicia”, destacó el diario La Nación.

Carreras, que abrió su alegato en la mañana de ayer, cuestionó las condiciones en las que el ARA San Juan salió al mar, no descartó como hipótesis la posibilidad de que un “ataque externo” haya provocado el hundimiento. Repasó la ampliación en la declaración de un jefe de la fuerza ante la jueza Yañez, en la que relató “cómo lo apretaron” en sus primeras intervenciones en la causa apenas un día después del cambio de gobierno nacional.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia -integrada por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Jebe Corchuelo de Huberman- deberá resolver sobre los procesamientos de los seis marinos procesados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. Los querellantes dedicaron la jornada a cuestionar las condiciones de navegabilidad del submarino que naufragó en noviembre de 2017, la falta de mantenimiento el buque y la “irresponsabilidad” y “ocultamiento de pruebas” por parte de la Armada con relación a los 44 tripulantes fallecidos.

La Cámara debe revisar el procesamiento del ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, exjefe del departamento Logística de la fuerza submarina.

Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Según Yáñez, los imputados sabían que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del snorkel y la válvula E19, que habría sido determinante en el hundimiento e implosión del ARA San Juan”.

“No pueden mandar a un Fiat 600 a subir la rampa de la Panamericana. Es como si hubiera mandado un avión bimotor a cruzar los Andes. Es evidente que no va a poder”, comparó con el ARA San Juan. Agregó que “en un submarino no tengo chances”, enfatizó.