El allanamiento de esta semana en dos departamentos del mismo edificio en el que vive la ex Presidenta -en el primero y el cuarto piso- se originó por datos de vecinos del barrio: uno que dijo haber visto movimientos sospechosos de camión de mudanzas que subía cajas en la puerta del edificio y otro contó que en uno de los departamentos todas las ventanas a la calle habían aparecido tapiadas con papel madera.
Además, había sospechas por la forma en que se compraron los dos pisos en 2011. Quien se había presentado como el comprador en un primer momento (que pagó incluso la seña de uno de los inmuebles) no resultó ser quien se quedó finalmente con los departamentos a su nombre, que fue Osvaldo de Sousa, hermano del empresario Fabián de Sousa, del Grupo Indalo.
Bonadío fue quien autorizó los operativos en los departamentos, pero estaba entre quienes creían que difícilmente fueran a dar resultado. La utilidad de la medida había sido tema de conversación entre los investigadores. "Si aparece una moneda de un peso, pago el asado de fin de año para todo el Juzgado", dijo incluso un funcionario judicial incrédulo.
Por ahora, el juez no se muestra muy propenso a salir a derribar paredes ni a cavar pozos en el sur. Fuentes de su Juzgado dijeron a La Nación que Bonadío cree, más bien, que el dinero de los sobornos que fue a parar a Santa Cruz está invertido. Que con esos fondos se compraron inmuebles como las miles de hectáreas de estancias que figuran a nombre de Lázaro Báez en la Patagonia.
