En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Dal Molín indicó que “el tratamiento de los proyectos de ley lleva algún tiempo, este proyecto que presentó el Ejecutivo ingresó en los primeros días de marzo, con lo cual los tratamientos legislativos muchas veces no acompañan los tiempos que requiere el Ejecutivo”. “Tal vez deberíamos haberlo hecho un poco antes pero hubo algún proceso de compra para ir paliando la situación. Pero desde que asumió Frigerio lo único que tiene son problemas, y este proyecto de ley que estamos tratando apunta exclusivamente a darle autorización al Ejecutivo para que pueda comprar sin algunos procedimientos que le llevan mucho tiempo al Estado atento a esta emergencia”, explicó.

En ese marco, agregó: “Iniciamos un nuevo gobierno el 10 de diciembre y, como corresponde, estos procesos estaban detenidos, a la espera de la asunción de un nuevo gobierno y poner en marcha toda la maquinaria de un gobierno no es de un día para otro sino que lleva su tiempo, y los procesos burocráticos, mucho más tiempo aún”.

Puntualizó que “esta ley de emergencia alimentaria es distinta a la ley de emergencia en materia de obras públicas; es más simple”.

En cuanto a la situación alimentaria de la provincia, indicó: “Hemos escuchado un rato largo a la ministra y a los encargados de comedores que señalan que hay todo un registro para inscribirse y nos pasaron toda la documentación de lo que necesitan. Claramente lo que se necesita es comprar comida y armar los bolsones para poder entregarlos, y cuál es la deficiencia que tienen en el corto plazo sobre la cantidad de bolsones que requieren. De todos modos, la emergencia está pero también hay una atención de la situación y acá lo que se está pidiendo es una cuestión de procesos administrativos y no más que eso”.

En este contexto, se refirió a los recortes de la Nación y en tal sentido destacó “la unicidad de criterios” que mantuvieron ayer los tres gobernadores de la Región Centro: “Hay medidas a nivel nacional en términos macro que hay que tomar pero hay que mirar la producción y darle sustentabilidad a los programas, y hay muchas cosas que desde Nación se adoptan –como el recorte de aportes a las Cajas de Jubilaciones- con un solo decreto y las provincias no tienen ese resorte de transferir esos recortes de gastos, en la estructura de gastos que ya tiene la provincia. Entre salud, educación y seguridad la provincia de Entre Ríos se lleva el 75% del salario y es muy poco lo que se puede ajustar. Acá se ajustó la planta, hubo un fuerte ajuste en el gasto de la Legislatura pero no alcanza y hay que seguir trabajando allí, y con distintos matices los gobernadores están marcando un pedido concreto a Nación haciéndose responsables de su parte pero advirtiendo que es imprescindible que esto tenga su contraprestación monetaria de la Nación, que se defina claramente qué plata vamos a tener porque la provincia así como está es inviable”.

Consultado por la posibilidad de reclamar el envío de fondos nacionales por vía judicial, el legislador consideró que “ayer lo señaló el gobernador y no creo que falte mucho tiempo para que haya novedades; los recortes que por DNU está haciendo el gobierno nacional están fundados en normativas  y leyes que le corresponden a la provincia”.

“Acá no se están recortando fondos discrecionales como podrían ser ATN, están recortando recursos que estaban dentro de la estructura de gastos que tenía la provincia y que estaba proyectada. Tengo esperanza de que esta postura del gobierno nacional cambie, porque esta Región Centro le aporta muchísimo al país y este programa fiscal es inviable sin un proyecto productivo, y en eso las provincias tienen mucho que ver. A partir de ahí deberemos ser más eficientes y deberemos gastar mejor los dineros de la provincia, sin dudas, y en ese camino está el gobernador Frigerio pero una cosa es tener la voluntad de trabajar y de hacernos responsables y otra cosa es no enviar más plata”.  

Remarcó en este aspecto que “la provincia se ha ido haciendo cargo de los fondos que se fueron recortando, como el Fonid que pagó dos meses, y eso sale del Tesoro, pero el Tesoro provincial tiene su límite, también toca fondo, y tiene compromisos que si le siguen recortando fondos de la Nación realmente se complica. Los ajustes –y este es un fuerte ajuste fiscal- deben venir acompañados de otras medidas, y hago votos para que se logren destrabar algunas cuestiones como puede ser el impuesto a las Ganancias o la recuperación de la transferencias de la Caja de Jubilaciones”.  

Consultado por el proyecto que busca provincializar la energía de Salto Grande, Dal Molín apuntó que “es una discusión de vieja data, porque recuerdo que hace unos años (Gustavo) Bordet planteó lo mismo, y si fuera tan fácil teniendo los planetas alineados, gobernando la provincia, teniendo mayoría absoluta en la Cámara y con un gobierno nacional alineado, no se pudo lograr, nos hace dudar del alcance de esta medida”.

“Esto tiene que ver con una ley nacional aprobada en los ‘90 para la creación de una sociedad anónima, Cammesa, que es la distribuidora y esto complica un poco. No conozco el proyecto del diputado (Juan José) Bahillo pero si destaco como bueno un proyecto de (Edgardo) Kueider que plantea crear un índice para que los porteños paguen más –que hoy son beneficiados- y los entrerrianos paguemos menos, además de incluir que a Salto Grande le empiecen a pagar la energía realmente lo que vale, no los precios que le están pagando”, concluyó.