Por Luis María Serroels
Quizás pudo haber sido esa primera amarilla el cachetazo de Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008, cuando anunció su voto no positivo al debatirse la Resolución 125. Pero zafó y siguió su juego alegremente, sin asumir que quedaba condicionado. Como en el balompié, también la reiteración de faltas desemboca en otra amonestación.
El jueves 3 de diciembre de 2009 ha de quedar guardado sólidamente en la memoria, como el día en que después de seis años de kirchnerismo en el poder, la Cámara de Diputados comenzó a sesionar con plena mayoría propia opositora (fue algo así como la tarjeta roja a un cúmulo de violaciones normativas que, desde la hegemonía K, desoían las opiniones y los criterios de las minorías). Las horas previas habían transcurrido en medio de un gran nerviosismo y quienes se enteraron mirando la TV, que se había anudado un acuerdo entre oficialismo y oposición respecto de la integración de las comisiones, respiraron aliviados. Significaba que había primado la inteligencia, el sentido común y el respeto por el juego de las instituciones. En síntesis, la democracia recuperaba frescura y lozanía. Pero –debemos confesar- de inmediato y conociendo el paño, nos remitimos al viejo dicho de que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”.
No pasó mucho tiempo cuando se anunció que Néstor Kirchner, al analizar el acuerdo, ordenó a su tropa dar marcha atrás, no sólo porque no le conformaban los términos sino porque parecía estar convencido de que el 28 de junio el victorioso había sido él. No comprendía que las relaciones de fuerza habían cambiado y peor aún, daba a entender en una indisimuladamente falsa interpretación política de aquel hecho, que ese golpe al mentón recibido en los albores del invierno, sería la única amonestación que le aplicaría la ciudadanía. Como en la escuela, las reconvenciones están destinadas a recordar que hay que portarse correctamente.
Pero la práctica de NK de sentirse el centro del poder, expuesta una vez más el jueves casi como adueñándose de la bitácora parlamentaria, provocó una profunda tristeza, incluso hasta incomodó a algunos de sus soldados, que no sabían con qué cara presentarse ante los opositores con quienes minutos antes habían tejido una ardua y laboriosa tregua. No se trataba simplemente de sumar buenas intenciones para zanjar asuntos opinables, sino de someterse a las inflexibles reglas de funcionamiento del Congreso Nacional. Y, desde luego, de respetar la voluntad popular expresada en el cuarto oscuro.
Lo sucedido después, fue exhibiendo otro desenlace, porque la prepotencia que soslaya normas, debería quedar siempre colgada en la puerta del recinto. Cuando se estaba a punto de declarar abierta la sesión en que primeramente jurarían los nuevos diputados –ceremonia desarrollada con prolijidad y seguridad por la siempre vigente Pinki-, la oposición contaba con 143 legisladores presentes. Un quórum propio pleno y holgado que, como una gran fibra resaltadora, amplificaba el hecho trascendente de que para dar inicio a tan solemne acto, no se necesitaría de la presencia oficialista.
El ex Presidente con mandato ilegal autoprorrogado, no sólo debió soportar lo que se siente ser minoría, con todos los condimentos que ello contiene, sino que además debió ingeniárselas, como el chico del chirlo en la cola, para mostrar que no le dolía, frente a las cámaras de la televisión nacional e internacional que le dedicaron un generoso tiempo.
Los conciliábulos posteriores y cercana la medianoche, pusieron las aguas en un cauce más tranquilo. Eduardo Fellner seguirá siendo presidente, pero su segundo (vicepresidente primero), lleva un apellido que mucho gravitará en el ánimo oficialista: Alfónsín (Ricardo). La oposición tendrá mayoría en todas las comisiones, y aunque le cedió al kirchnerimso la presidencia en algunas muy importantes, se reservó los resortes de contralor, algo a lo que el poder no está acostumbrado. En la tarde del miércoles 9, los casilleros se cubrirán con nombres propios y ojalá también con sanos propósitos y mucho entusiasmo.
El próximo Congreso será muy diferente al actual, nadie lo duda. Pero caben algunas reflexiones necesarias: el Frente para la Victoria deberá ponerse un traje nuevo, previo baño de humildad, sensatez y respeto. Pero la oposición, si es que desea dar buenos ejemplos de convivencia, deberá ser magnánima y adoptar gestos de conciliación, grandeza y prudencia republicana.
El riesgo de la vetocracia como herramienta para contrarrestar la hegemonía perdida, sería un peligroso juego de la Casa Rosada. No asumir que el estado de derecho es el principal abono que le da nutrientes a la vida en paz y al progreso colectivo, sumando esfuerzos hacia un futuro mucho mejor que el actual, obligará a los insaciables del poder a responsabilizarse ante la historia y aceptar sus consecuencias. Probar la propia medicina siempre resulta bueno, útil y aleccionador.
Patético desfile
Ambos tienen todas las características de un desfile. Pero en estos casos que hemos de abordar, no están precisamente dotados del glamour de un desfile de modelos brillando sobre una pasarela, ni tampoco la marcialidad de los desfiles militares, rodeados de todos los protocolos donde se exhibe el potencial de la defensa, su material bélico y los recursos humanos. Y menos la policromía y disciplina de los desplazamientos del Carnaval de Gualeguaychú, donde carrozas, reinas y pasistas despliegan suntuosos vestuarios que atrapan y fascinan a miles de personas.
Primer caso: estamos ante un tipo de desfile muy particular. Se trata más bien de una fila sin demasiado orden pero con el componente de la exudación de adrenalina propia del miedo a perder la libertad. Es decir, el pánico a cancelar el pago de viejas deudas, castigo merecido por lo que hace décadas cometieron a contrapelo de la Constitución y sus leyes. En resumen, sentir la mano de la ley. Aunque para muchos la justicia lenta no es justicia, no es menos cierto que duerme el derecho pero no muere.
No es ya la marcha frente a un palco donde se rinden honores a los jefes y el saludo uno saludo dos marca la subordinación y el valor (?). Esta vez comienzan a marcar otro tipo de paso redoblado, porque se deberá pasar ante jueces y fiscales. Es la factura que, aunque demoradamente, le comienza a pasar la justicia a quienes negaron justicia. Y se hace en tribunales que conceden el derecho a juicio y defensa que ellos pisotearon, por acción u omisión, fabricando consejos de guerra y tomando por cárcel final las aguas del río más ancho del mundo o las fosas comunes cavadas para soterrar el estado de derecho y el respeto por la vida. Así, nada menos.
Esta semana fueron detenidas cuatro personas más que se suman a la galería triste de tantos tristes represores, torturadores y matadores que tomaron las leyes en sus manos y decidieron sobre el destino de las personas y de sus bienes. Fueron los amos de la vida y de la muerte.
Sería bueno comprobar cuánto de valor les queda, porque la subordinación ahora deberá demostrarse hacia la justicia. El ex oficial de policía Carlos Horacio Zapata, el ex vicedirector de la Unidad Penal Nº 1 Ramón Oscar Balcaza, el ex teniente coronel Auditor Alberto Rivas (miembro del Consejo de Guerra) y el ex suboficial Oscar Ramón Obaid, pasaron a engrosar la fila que comenzó meses atrás cuando la justicia Federal de Paraná dispuso la detención de Gerardo Díaz Bessone, José Anselmo Apelhans, Rosa María Bidinost, Jorge Humberto Appiani y Hugo Moyano.
El otro desfile, nada edificante como el anterior, está siendo protagonizado por personas que bajo una apariencia de pundonor y culto por la moral y la honestidad, ocultaban negocios turbios y aberrantes vinculados nada menos que con el cuidado de la salud, con la vida humana.
Esta semana comenzó el pasaje por los estrados judiciales de personas que venían lucrando con medicamentos truchos y vencidos. El sempiterno dirigente bancario Juan José Zanola, su pareja Paula Aballay, el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo (su firma San Javier proveía a la Obra Social Bancaria), su secretaria María Victoria Berilo, los socios Carlos Torres y Sergio Blanco y la ex vicedirectora del Policlínico Bancario, Susana Fiona, además de Alberto Costa, ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense (¡Dios nos guarde!), quedaron detenidos dentro de la causa vinculada con la denominada “mafia de los medicamentos”, que se dedicaba, integrando una asociación ilícita, a comercializar especialidades adulteradas. Y estas maniobras condenables desde todo punto de vista, tendrían un anexo no menos delictuoso, porque se dispondría de datos que dan cuenta del cobro de prestaciones médicas no efectuadas.
Pero en esta dirección, la última novedad surgida de la investigación, relacionó con dicha práctica nada menos que al gremio que conduce Hugo Moyano, titular además de la CGT y sindicalista estrella del matrimonio Kirchner. El fiscal Luis Comparatore confirmó que el sindicato de camioneros está en la lista de sospechados y que a la venta de medicamentos adulterados, se agrega el cobro de fondos del Estado por tratamientos que no existieron.
Tampoco se salva de la mira de los jueces, el ex superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, ex recaudador de las campañas de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández. Sus estrechas vinculaciones con el sector farmacéutico, llevan a suponer que no le deben haber pasado desapercibidas las maniobras que tanto escándalo han generado.
Este es el otro desfile al que se terminó agregando Solange Bellone, la viuda del empresario Sebastián Forza, quien junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina, fueron hallados en un zanjón, en lo que se llamó el “triple crimen de General Rodríguez”. Forza era propietario de la firma Farmacéutica Seacamp y según informes oficiales, había aportado 200.000 pesos a la campaña de la actual presidente en 2007. Y en paso directo a tribunales, también forman parte de esta marcha el cardiólogo Miguel Cosme De Marco, Directivo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y su hijo de igual nombre (procesados por asociación ilícita), en tanto Comparatore mandó detener a Roberto Loiácono (responsable del Banco de Drogas Oncológicas del Ministerio de Salud de la Nación) y su hijo Gonzalo, hallándose ya detenido el ex Director Médico del Policlínico Bancario, Jorge Fainstein.
Como decíamos al principio, sin glamour, ni marcialidad ni disciplina coreográfica, estos desfiles abren algunas esperanzas para que de una vez por todas la justicia se ponga los pantalones largos. Porque poco a poco nos vamos acercando a la extrema necesidad de declarar la emergencia moral en la República. ¡Aguante Enrique Santos Discépolo! ¡Aguante Cambalache! ¿La paciencia de la sociedad, hasta cuándo seguirá aguantando?
Leyes con letra muerta
El senador provincial Osvaldo Cesini (PJ- Gualeguaychú), ha decidido poner el acento en una cuestión de la que poco se habla y que tiene una enorme importancia. Se trata de la mora en que el Poder Ejecutivo incurre a menudo a la hora de dictar los decretos reglamentarios de las leyes que salen de la Legislatura y que, por ese “olvido”, convierte las normas en letra muerta.
El legislador utiliza argumentos contundentes, citando que “algunos trámites legislativos no tienen efecto porque se pierden en un limbo jurídico”, aludiendo al “sinuoso camino de una ley una vez sancionada”. Añade que “la imposibilidad de aplicarla pone al ciudadano entre las redes de la burocracia y la indefensión”.
Es una realidad que las leyes no reglamentadas, hacen inviable su aplicación y esta postergación pareciera constituirse en una buena vía para que los gobernantes eludan su vigencia y transformen su existencia real en un cero a la izquierda, pese a que las promulgan y publican. Así las cosas, trascendentes marcos jurídicos pasan a un desván de cosas olvidadas. Dicho más claro: adquieren calidad de elementos estériles e ineficaces.
Dice bien Chesini: “Víctima de esa desidia burocrática, la producción de leyes se transforma en una acción sin sentido si su punto de aplicación no es, como debe ser, una reacción rápida y eficiente que ensamble los tiempos legislativos con la necesidad de los vecinos”.
Con un tono que roza la ironía, el senador señala que mientras los concejos deliberantes debaten sobre la radicación de hipermercados, potenciales damnificados hacen reclamos, la Ley 9.393 que regula estos emprendimientos sobre grandes superficies, no está reglamentada. Similar reproche desliza con respecto a la Ley de Obesidad, la Ley de Talles y la Ley de Discapacidad. Qué razones valederas podrá esgrimir el Poder Ejecutivo para no cumplir con este requisito que nuestra nueva Constitución de Entre Ríos (artículo 62) establece fijando un plazo no mayor a un año a partir de la sanción y, además, faculta a los eventuales interesados a demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente a dictar la norma omitida.
Precisamente en este punto coloca el mayor énfasis Chesini, cuando propone la “acción por omisión reglamentaria”, que mediante un mandato judicial ordene al organismo público competente, subsanar el problema dentro de un plazo razonable. Se está frente a una lamentable actitud que no sólo exhibe falta de seriedad y apartamiento de claras normas, sino que conlleva una injustificada falta de respeto hacia el Poder Legislativo, cuyos integrantes, electos por la ciudadanía por libre determinación democrática, analizan proyectos, los discuten, redactan y aprueban. Esta práctica de los gobernadores no es nueva, pero resulta cuanto más inconcebible, cuando la falta de reglamentación se refiere a iniciativas del propio Poder Ejecutivo.
Un derecho reconocido a través de una ley que no se cumple porque se la deja en un cajón, es un derecho conculcado, un atropello a las instituciones y por ende, una grave falta que los jueces deberían corregir, aún actuando de oficio. Hasta la semana que viene.
