La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la detención de la esposa y dos hijos del represor Héctor Antonio Febres como también del prefecto que estaba a cargo de su custodia y del jefe de la unidad de Prefectura en el Delta, donde permanecía detenido. La Justicia sospecha que tienen vinculación con el envenenamiento del prefecto que el lunes apareció muerto y en la autopsia se comprobó que tenía una alta dosis de cianuro en sangre. Febres estuvo a cargo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval hasta que fue escrachado, declarado persona no grata y debió irse de la ciudad a mediados de la década de 1980.
El misterio en torno a la muerte del represor Héctor Antonio Febres continúa. Ahora Stella Maris Guevara, la esposa; Sonia Marcela Febres y Héctor Ariel Febres, los hijos del prefecto fueron detenidos bajo la sospecha de tener vinculación con el envenenamiento, ya que los tres cenaron con él en la sede de Prefectura en la que estaba arrestado. Los pedidos de detención fueron luego de que se comprobara que, la noche anterior de su muerte, cenaron junto al represor en su lugar de detención.
También fue arrestado el jefe de la Zona Delta de la Prefectura Naval, prefecto mayor Rubén Iglesias, y el prefecto que estaba a cargo de su custodia, se informó.
Febres apareció muerto el lunes en la habitación doble -con balcón, DVD y puerta de madera- que ocupaba a modo de prisión en el Tigre. El hallazgo se produjo apenas cuatro días antes de la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal Número 5 tenía previsto dar a conocer su veredicto en el juicio que se le siguió por cuatro casos de ex detenidos-desaparecidos de la dictadura. Y seguramente iba a ser condenatorio.
La muerte de Febres, que sufría de diabetes y tenía antecedentes de problemas cardíacos, generó dudas entre los querellantes del juicio que estaba a punto de concluir. Se trataba de la que sería la primera sentencia contra un represor de la ESMA desde la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de un millar de causas por crímenes de la dictadura.
El paro cardíaco que provocó la muerte del represor pudo haber sido consecuencia “de la ingesta de una importante cantidad de cianuro”, según afirmaron fuentes del gobierno y admitieron fuentes ligadas a la investigación. La principal hipótesis que maneja la Justicia es la del homicidio. La autopsia al cadáver de Febres fue realizada el miércoles en la Morgue del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. El primer resultado dio que falleció por un infarto de miocardio, pero el análisis toxicológico -cuyo resultado final demora entre 15 y 20 días y permite conocer si ese infarto fue provocado por alguna sustancia tóxica- determinó que el cianuro en la sangre había ingresado “por vía bucal”.
Hecha la contraprueba y confirmado el dato, la magistrada se dirigió a la Zona Delta de Prefectura, donde hizo un allanamiento (hubo otros en lugares no revelados), secuestró el libro de guardia y ordenó las detenciones de los responsables de la custodia.
“Es una muerte muy rápida y terriblemente dolorosa”, le explicó uno de los médicos a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Por ese dato, los investigadores se inclinan por pensar que se trató de un homicidio y no de un suicidio. El hijo del represor, Ariel Febres, también se presentó como querellante en la causa, pero quedó detenido.
El dato de la proximidad de la sentencia hizo recordar a la desaparición el año pasado de Jorge Julio López, de quien se perdieron rastros justamente cuando se estaba por conocer la sentencia contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, a quien él había señalado como su verdugo durante el secuestro que sufrió en la época de la dictadura. Al respecto, el abogado de la víctimas de las torturas de las que estaba acusado Febres, Rodolfo Yanzón, consideró que la muerte del represor es “un mensaje mafioso” que indica que “la impunidad sigue viva”.
